En 2018 se sustituyó el Código de Planeamiento Urbano (CPU), vigente desde 1977, por un nuevo Código Urbanístico (CUR), marcando un cambio sustancial respecto a la forma de regular el desarrollo de la Ciudad. Este nuevo marco amplió la constructibilidad de todos los barrios, al definir un nuevo modelo de manzana. También flexibilizó la distribución de las actividades productivas, entre otros temas que, directa o indirectamente, (des)regula este nuevo Código, incentivando transformaciones en el paisaje y la estructura porteña.

Hubo motivos para una reforma del Código Urbanístico aprobado en 2018, modificado en 2020 y con numerosas parches e interpretaciones discrecionales. Sin embargo, se dio en este proceso el mismo orden/desorden que acompañó a la Ciudad Autónoma.

En 2024, la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo la primera revisión integral de su Código Urbanístico (CUr), a seis años de su entrada en vigencia. Si bien hubo dos revisiones intermedias —una en 2020, centrada en aspectos generales durante el contexto de pandemia, y otra en 2022, orientada a ajustes puntuales—, esta actualización respondió a la necesidad de evaluar los efectos concretos de una normativa que modificó sustancialmente la forma en que se estructura, regula y transforma el territorio porteño.

La última década se fueron sumando muchas personas y organizaciones barriales a la idea de proteger la identidad del Abasto, que vistas hoy, una vez lograda la aprobación de ampliar el área protegida en torno al mercado, gana dimensión la participación de cada una de ellas.

El 15 de diciembre de 2022 el Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario aprobó la Ordenanza Nº 10.491 mediante la cual, a partir de una nueva modificación de las condiciones proyectuales previamente establecidas, habilitaba la construcción de una torre de 200 m de altura en Puerto Norte. Pocos meses después, la prensa porteña anunciaba el avance de la Harbour tower de 200 m de altura como un “emblema en el skyline de Buenos Aires” en el Dique 1 de Puerto Madero.

Los casos de Villa 20 y Guernica nos permiten ver cómo se fueron complejizando y profesionalizando las formas de organización de los movimientos que luchan por el acceso a la tierra y la vivienda y, a la vez, cómo estos procesos dialogan, nutren e interpelan a las políticas públicas habitacionales y de urbanización de villas y asentamientos.

El objetivo es poner en discusión el modelo de reurbanización que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los Barrios Populares y construir lineamientos para una acción que permita transformar esos barrios con una mirada integral con perspectiva de derecho.

Es interesante revisar la reciente política de subastas en relación a experiencias anteriores.

Recientemente, el Observatorio Metropolitano publicó y presentó una actualización del Mapa de Subastas de Tierras Públicas en la Ciudad de Buenos Aires. Alrededor de este enorme trabajo de registro, monitoreo y análisis, se vienen generando una serie de reflexiones que, desde la perspectiva del derecho a la ciudad y el acceso al hábitat, problematizan lo actuado por el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad en relación a esta cuestión y promueven discusiones respecto a las mejores prácticas para la movilización del suelo público vacante.

Desde las últimas décadas del siglo XX, se promueven procesos de transformación territorial en las grandes ciudades, que encuentran las condiciones de posibilidad en los distintos modos de asociación entre administraciones públicas locales y desarrolladores inmobiliarios. Gran parte de estos se operacionalizan a partir de la figura del “convenio urbanístico” (CU) que, si bien es una figura de larga data, recientemente, se fue actualizando y modificando sus alcances.