El 15 de diciembre de 2022 el Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario aprobó la Ordenanza Nº 10.491 mediante la cual, a partir de una nueva modificación de las condiciones proyectuales previamente establecidas, habilitaba la construcción de una torre de 200 m de altura en Puerto Norte. Pocos meses después, la prensa porteña anunciaba el avance de la Harbour tower de 200 m de altura como un “emblema en el skyline de Buenos Aires” en el Dique 1 de Puerto Madero.

Los casos de Villa 20 y Guernica nos permiten ver cómo se fueron complejizando y profesionalizando las formas de organización de los movimientos que luchan por el acceso a la tierra y la vivienda y, a la vez, cómo estos procesos dialogan, nutren e interpelan a las políticas públicas habitacionales y de urbanización de villas y asentamientos.

El objetivo es poner en discusión el modelo de reurbanización que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los Barrios Populares y construir lineamientos para una acción que permita transformar esos barrios con una mirada integral con perspectiva de derecho.

Es interesante revisar la reciente política de subastas en relación a experiencias anteriores.

Recientemente, el Observatorio Metropolitano publicó y presentó una actualización del Mapa de Subastas de Tierras Públicas en la Ciudad de Buenos Aires. Alrededor de este enorme trabajo de registro, monitoreo y análisis, se vienen generando una serie de reflexiones que, desde la perspectiva del derecho a la ciudad y el acceso al hábitat, problematizan lo actuado por el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad en relación a esta cuestión y promueven discusiones respecto a las mejores prácticas para la movilización del suelo público vacante.

Desde las últimas décadas del siglo XX, se promueven procesos de transformación territorial en las grandes ciudades, que encuentran las condiciones de posibilidad en los distintos modos de asociación entre administraciones públicas locales y desarrolladores inmobiliarios. Gran parte de estos se operacionalizan a partir de la figura del “convenio urbanístico” (CU) que, si bien es una figura de larga data, recientemente, se fue actualizando y modificando sus alcances.

Visto las características particulares de algunos de los convenios urbanísticos incluidos en la tanda que actualmente se encuentra en tratamiento legislativo y en el conocimiento que existen muchos otros en trámite prelegislativo, es necesario considerar que se trata de una política incorrecta que desvirtúa una herramienta que fue prevista para otros fines.

En el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo constituimos un equipo técnico de trabajo para aportar y enriquecer las instancias de reglamentación que deberían aplicarse a estos instrumentos porque consideramos que los convenios urbanísticos son una estrategia dinámica de reconsideración de lo establecido por las reglamentaciones urbanas en casos puntuales que, bien encarados y debidamente instrumentados, pueden favorecer el buen desarrollo de la ciudad.

"Si algo define al área central de Buenos Aires es su accesibilidad. Algunos antecedentes muestran claramente cómo la cuestión urbana y la movilidad en Buenos Aires se presentaban como estrategia de conjunto. Sin embargo, las decisiones han ido sólo parcialmente en la dirección de esas propuestas. Es algo que hoy, frente a la crisis generada por la pandemia que ha afectado a las áreas centrales en varias partes del mundo, tiene una profundidad específica en nuestro caso. Sin embargo, más allá de las medidas inmediatas necesarias para atender la crisis y recuperar una mayor diversidad de funciones en el centro, para poner en valor su patrimonio y su potencial es necesario recuperar también una visión de conjunto asociada a la movilidad."

La presentación de Néstor Magariños hace eco de los estudios diagnósticos y de los lineamientos de gestión y de actuación que se elaboraron en el CPAU.