Por Eugenia Durante*

Los procesos de urbanización popular desde hace muchos años vienen desafiando a las intervenciones estatales en materia habitacional, llevando la delantera en la cantidad de suelo producido, en contextos informales y por fuera de las normas urbanas. Las ocupaciones, tomas o recuperaciones de tierra, según quién lo relate (1) , continúan siendo una de las formas prioritarias de acceso al suelo de los sectores populares. La mayoría de estos intentos suelen ser desalojados, los que logran resistir continúan con la instalación de unas primeras viviendas de madera y nylon, para luego llevar el agua, hacer pozos, tender cables de luz, consolidar de a poco sus viviendas, y así, hasta construir las condiciones mínimas necesarias para habitar. Se suele conceptualizar a estos procesos como de “producción social”, y contrastarlos a los procesos de “producción estatal” y “producción privada” del suelo urbano y la vivienda. Sin embargo, esta trilogía que puede ser útil para fines analíticos, parece desmoronarse ante una realidad compleja que dispone formas donde los diversos actores se entrelazan en la producción del espacio urbano (2).

En muchos de estos procesos aparecen en escena organizaciones sociales, políticas y religiosas, organismos de derechos humanos, representantes de partidos políticos, grupos de profesionales abogados/as, arquitectos/as, trabajadores/as sociales, entre otros. Se involucran diversas instituciones estatales, desde quienes están abocados a las políticas habitacionales, quienes se encargan de la asistencia social, y hasta la policía, en sus distintos niveles: municipal, provincial y nacional. En los casos que aquí se comentan, un papel importante lo tuvieron los medios de comunicación, los cuales construyeron diversos relatos en torno a lo que fue sucediendo durante los conflictos. La complejidad de actores, intereses y representaciones en juego, dan cuenta de procesos que lejos quedan de las miradas simplificadas de “formal” o “informal”, de “propiedad privada” vs “derecho a la ciudad”, etc.. A la vez, se hace necesario mirarlos a la luz de los procesos históricos que configuran a los propios actores, para divisar cómo se van profesionalizando sus prácticas, transformando sus formas de organización, movilización y negociación. En esta breve nota, nos proponemos volcar la atención sobre el papel del diálogo entre las organizaciones políticas de base territorial -que encabezan estos procesos- y los equipos técnicos involucrados.

1. El caso del Barrio Papa Francisco y la urbanización de la Villa 20

La ocupación de tierras linderas a la Villa 20, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), autodenominada “Barrio Papa Francisco” (BPF), el 24 de febrero de 2014, dió inicio a un conflicto que no culminó con el desalojo de septiembre del mismo año. Este proceso derivó en el comienzo de diversas políticas de urbanización de villas impulsadas por el gobierno porteño. El BPF se conformó con unas 800 familias que ocuparon el predio, reclamando la falta de respuestas al hacinamiento y las malas condiciones habitacionales, y señalando el incumplimiento de la Ley Nº 1.770 que exigía la urbanización de la villa, aprobada en 2005. A este proceso se acercaron a colaborar diversas organizaciones políticas, de derechos humanos y grupos de profesionales.

Imagen 1. Trabajo en territorio con vecinos/as y la lona del proyecto. Fuente: Pedro (2018)

En un artículo publicado en 2019, dábamos cuenta del proceso de discusión que se desencadenó en torno a las propuestas para construir viviendas en el predio ocupado. Una de ellas la desarrollaron los delegados/as del BPF en vínculo con las organizaciones políticas y un equipo de profesionales encabezado por el arquitecto Fermín Estrella e integrantes del Taller Libre de Proyecto Social (TLPS) (3) . Esta propuesta había sido formulada a partir del acercamiento de los profesionales a la ocupación, la realización de un censo entre las familias, el análisis del suelo, la discusión de alternativas con los delegados/as, etc. (imagen 1). Esto derivó en la confección de una “Propuesta de Programa de saneamiento, construcción de viviendas y trabajo en el Barrio Papa Francisco” (La Alameda, 2014), la cual se divulgó en medios, en folletos ilustrados (imagen 2) y en una gran lona que se convirtió en la bandera de las marchas que llevaron adelante los vecinos/as del BPF. 

Imagen 2. Folleto con la propuesta de proyecto para el BPF. Fuente: Pedro (2018)

A pesar del desalojo y la criminalización de los hechos de parte del Jefe de Gobierno en turno, Mauricio Macri, un fallo judicial que exigía dar respuestas para diciembre de 2015, dio argumentos y fuerza al proceso organizativo de los vecinos/as y organizaciones. Este proceso creció y siguió reclamando la ejecución de la Ley de urbanización y su participación activa. Cuando asume Horacio Rodríguez Larreta, como Jefe de Gobierno de la Ciudad, anunció un refuerzo del trabajo en las villas, y, a los pocos meses, presentó un plan de urbanización para la Villa 20 que continuaba “con la misma lógica de proyectos de urbanización del macrismo: se planteaba la apertura de calles (sin ningún tipo de consenso), el cambio de normativa urbana y cambio de zonificación” (Barrios y Magno, 2018). Ante esto, se conformó la “Mesa Activa por la Urbanización” donde participan diversos actores del barrio, organizaciones sociales y políticas, técnicos universitarios y legisladores. Desde allí se propusieron diversos cambios a la propuesta presentada, y se retomaron elementos del proyecto realizado durante la ocupación. Finalmente, la Ley N°5.705 se aprobó en noviembre de 2016, conteniendo “múltiples garantías que no se contemplaban en el proyecto original presentado por el ejecutivo” (Barrios y Magno, 2018).

En paralelo a esta discusión parlamentaria (4), el gobierno de la Ciudad, junto a la Sociedad Central de Arquitectos, llamaron a concurso de anteproyectos para las viviendas del predio donde estaba el BPF. El concurso se planteó para implementar en cuatro etapas, apuntando a generar una heterogeneidad de propuestas. La etapa uno (abierta hasta octubre 2015) y dos (hasta abril de 2016) se realizaron sin inconvenientes, dando a conocer a los proyectos ganadores. La tercera y cuarta etapa se suspendieron sin mucha explicación de parte de los organizadores. Una de las hipótesis es que fue producto del reclamo del colectivo de habitantes y organizaciones, quienes señalaban que la ley de urbanización aprobada en 2005 exigía la participación de los vecinos/as en la evaluación de las propuestas (Durante, 2019: 12). Sin embargo, fue una decisión opaca que derivó en un debate público sobre los concursos, la libertad profesional y la calidad de las propuestas presentadas en las etapas anteriores. En este sentido, fue interesante lo que señalaba uno de los funcionarios que salió a explicar la decisión, quien sostenía que las propuestas “tenían inconvenientes al momento de llevarlos al territorio” (De Aróstegui, 2016).

Luego de la aprobación de la Ley definitiva para la Villa 20, fue el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) el encargado de aplicar y ejecutar las obras para la urbanización de la villa y construcción de nuevas viviendas en el predio del conflicto. La Ley instauró una “Mesa de Gestión Participativa para la Reurbanización del Barrio Villa 20”, la cual sería coordinada por el IVC y proponía la participación de vecinos/as y organizaciones para monitorear el proceso en su totalidad. Una vez iniciado el proceso, el IVC convocó en diversas oportunidades al TLPS y sus profesionales para poder contar con su opinión y observar las propuestas implementadas.

2. El caso de la ocupación en Guernica

La ocupación de un predio de 98 hectáreas en el Partido de Presidente Perón en julio de 2020, en plena pandemia por Covid-19, desató un enorme despliegue mediático y una discusión en torno al acceso al suelo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Allí se asentaron cerca de unas 2500 familias, que se organizaron en distintos sectores que pronto se auto identificaron como barrios con sus respectivos nombres. Durante la ocupación, las familias se organizaron en mesas de delegados/as, asambleas por barrio e instancias generales. A la vez, lograron articular a toda una serie de colectivos y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que se acercaron en solidaridad, lo que fortaleció el proceso organizativo, engrosó las movilizaciones y generó diversas instancias de diálogo con los gobiernos municipales, provinciales y nacionales.

Imagen 3. Cartilla de información con la propuesta de la Comisión de Urbanismo. Fuente: archivo propio

Entre algunas de las organizaciones políticas que se encontraban en el predio, se propuso convocar a diversos profesionales para formar una “Comisión de Urbanismo”. Esta Comisión se conformó por arquitectos/as, geógrafos/as y referentes de las organizaciones, quienes iniciaron el desarrollo de una propuesta de loteo y amanzanamiento del predio, a partir de aplicar la Ley Provincial N°14.449, de Acceso Justo al Hábitat. Entre los técnicos/as, participaron integrantes del TLPS -mismo equipo que estuvo en el proceso de Villa 20-, junto a geógrafos/as de la UBA y la organización Agite Territorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata (Durante y otros, 2021). La propuesta además de proponer una forma de disposición de las manzanas y lotes siguiendo la traza existente, desarrolló una serie de criterios para generar un proyecto de integración socio-urbana, apoyándose en las normativas existentes, realizando un análisis de las infraestructuras del sector y construyendo criterios para el trabajo, los espacios comunes y futuras viviendas. La misma se difundió en una cartilla ilustrada (imagen 3) y unos afiches que fueron utilizados en las movilizaciones como “bandera” de parte de los vecinos/as (imagen 4).

Imagen 4. Foto de una de las movilizaciones con el proyecto como bandera. Fuente: Comisión de Urbanismo (2020)

Además de la Comisión de Urbanismo, lo sucedido en Guernica da cuenta de un proceso de organización que se apoya en la confluencia de colectivos con trayectoria en este tipo de acciones. Desde el inicio, se contó con la defensa legal de la Gremial de Abogados y Abogadas, que lograron frenar los primeros intentos de desalojo. A la vez, se generaron postas de atención primaria de salud y atención a las mujeres víctimas de violencia. Se convocó al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) a monitorear el censo de las familias (5). Se generó una red de medios de comunicación solidarios, diversas actividades de visibilización y comunicados permanentes sobre lo que sucedía. La estructura de delegados/as, asambleas y todas las estrategias organizativas desplegadas consolidó el proceso, el cual continúa sus acciones hasta la actualidad.

En octubre de 2020 la policía desalojó completamente el predio, y el gobierno provincial otorgó a unas 650 familias un acta donde se comprometían a resolver la necesidad habitacional en 180 días. Los seis meses pasaron y la respuesta no llegó. En agosto de 2021, el gobernador de la provincia anunció la construcción de un proyecto urbano con 850 familias en las 57 hectáreas correspondientes al barrio cerrado, que fue parte del predio donde sucedió el conflicto (imagen 5). Esta propuesta se apoyó en los criterios que proponía la Comisión de Urbanismo: aplicar el artículo 51 de la Ley N°14.449, que plantea la sesión del 10% de las tierras de parte de los emprendimientos privados para fines sociales. Sin embargo, en esta propuesta no fueron afectadas las tierras aledañas, unas 41 hectáreas donde también se realizó la ocupación (6).

Imagen 5. Propuesta de proyecto urbano para Guernica presentado en agosto de 2021. Fuente: Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad cit. Kenis (2022).

¿Cuál es el destino de estos lotes? A pesar de las promesas, pocos de ellos son para familias que estaban en la ocupación inicial de Guernica. Uno de los motivos son los conflictos sucedidos durante la negociación, donde la Municipalidad tiene la potestad sobre los destinatarios/as de dichos lotes. Es el mismo gobierno municipal que mantiene profundas diferencias con un gran sector de las familias y organizaciones de la ocupación. Debido a ello, continúan hasta la actualidad las negociaciones de un gran sector de las familias con el gobierno provincial para ver alternativas que resuelvan su demanda de tierra para vivir.

3. El diálogo de profesionales y organizaciones de base, una larga historia

Como se visualiza en el breve recorrido realizado, ambos casos tienen una vinculación histórica: participan los mismos profesionales y, en ciertos casos, las organizaciones políticas. Ambos colectivos acumulan experiencias que les permiten consolidar sus perspectivas y estrategias de trabajo. Sumando a ello, interesa visualizar la configuración histórica de estos actores técnico-políticos, para divisar que estos diálogos entre profesionales y organizaciones tienen una larga trayectoria. Lejos de ser experiencias aisladas, es posible rastrear sus conexiones con experiencias de la historia reciente local. En este marco, un caso interesante es el del arquitecto Fermín Estrella (1937-2014), quien encabezó el equipo técnico junto al TLPS del BPF. A la vez, el mismo Estrella formó entre 2012 y 2014 a los estudiantes y graduados/as que luego formarían parte de la Comisión de Urbanismo de Guernica (7).

Volver sobre la trayectoria de Fermín Estrella nos da pistas sobre algunas raíces de estas prácticas profesionales en vínculo con los movimientos de pobladores. Estrella se formó como arquitecto en la UBA en los años cincuenta, principios de los sesenta, participando, como estudiante, de la experiencia de Isla Maciel desde la Cátedra de Planeamiento de Otilia Suárez y Francisco García Vázquez. La experiencia de Isla Maciel fue de los primeros programas de extensión interdisciplinarios impulsados por la UBA, que dió inicio a una serie de prácticas que vincularon a la Universidad y los sectores populares. Una vez graduado, desarrolló un reconocido trabajo para escuelas rurales y equipamiento educativo, primero desde el Ministerio de Educación y luego desde el Grupo IRA. Sus propuestas se destacaron por su conocimiento de las necesidades y capacidades de las comunidades locales, proponiendo sistemas espaciales y constructivos que fueron replicados en todo el país (Liernur y Aliata, 2004: 59). Muchos de sus aprendizajes en la “arquitectura de sistemas”, a principios de los años setenta, formarían parte de una cartilla ilustrativa que se imprimió en diversos centros de estudiantes y también fue reimpresa y utilizada por los Equipos técnicos-políticos de la Juventud Peronista (8).

En la breve “primavera camporista”, Fermín trabajó en proyectos para la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) debido a sus vínculos con todo el grupo que impulsó el famoso realojamiento de Villa 7 y construcción del Barrio Justo Suárez (Barrios, 2011). A la vez, en la UBA se vinculó a los Talleres Nacionales y Populares (TANAPO), desarrollando propuestas para el área de investigación desde el Instituto de Investigaciones y Proyectos (Durante, 2022). Desde allí, fortaleció el trabajo con los movimientos, generando programas de asesoramiento y acompañamiento técnico. Todo el sector de profesionales que aparecen en estas diversas experiencias, también acompañó al Movimiento Villero Peronista, no solo desde espacios institucionales, como puede verse en la experiencia de la propuesta de urbanización de la Villa 31, impulsada por técnicos/as y villeros/as (Camelli y Snitcofsky, 2016). Esta experiencia se gestó desde un trabajo en conjunto entre pobladores y técnicos/as, un proyecto consensuado “desde abajo”, que habilitó una mesa de negociación (imagen 6) (9). En este proyecto de urbanización de la Villa 31 y en las experiencias previas que significaron un necesario aprendizaje, parecen encontrarse vestigios y raíces de las prácticas que se desarrollan en los casos de Villa 20 y Guernica.

Imagen 6. Mesa de negociación del proyecto de urbanización de la Villa 31. Fuente: Revista El Descamisado, diciembre de 1973, N°30, p.15.

Durante la dictadura cívico-militar, Estrella se exilió en México con su familia, donde volvió a trabajar en proyectos con comunidades. Allí desarrolló sendos conjuntos de viviendas que eran motorizados por asambleas de pobladores, financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), siendo el técnico de los pobladores (Estrella, 2012). Un personaje que estaba al frente de algunos de los programas habitacionales que se impulsaron en México en aquellos años, era Enrique Ortiz Flores (10), con quien Estrella tendió diversos intercambios, a la vez que con muchos otros profesionales locales y otros exiliados/as conosureños/as. Su regreso a Argentina fue en 1986, pero demoró muchos años en poder volver a trabajar con comunidades debido a los contextos políticos y económicos locales. El proyecto de BPF sería una de sus últimas iniciativas, constituyendo un legado activo para muchas generaciones de arquitectos/as que buscan vincular su práctica profesional con las organizaciones populares.

4. La fuerza de la propuesta propia ¿políticas que se readaptan?

En ambos procesos nos preguntamos ¿qué papel jugó el hecho de tener una propuesta propia? ¿cómo influenció en las acciones estatales desarrolladas posteriormente? ¿cómo aportó en la legitimación social de estas luchas? En ambos casos, los procesos de organización muestran una creciente consolidación en sus estrategias y una influencia en las decisiones posteriores tomadas por los gobiernos de turno. Procesos aún activos a pesar del tiempo transcurrido, lo que permite continuar con los reclamos y monitorear las intervenciones públicas. La participación de profesionales de diversas disciplinas da cuenta de un movimiento que busca tener una postura propositiva y activa en las mesas de negociación. Esto refuerza la idea de que hay un proceso organizado, consciente, hay una racionalidad política, no es un proceso improvisado y arbitrario; tienen propuestas, hay proyectos consensuados entre ellos/as, hay leyes que los respaldan, hay caminos posibles.

En el 2022, la Secretaría de Integración Socio Urbana lanzó su Programa de Acción para el Repoblamiento Comunitario de la Argentina (ARCA). Una de las líneas de este Programa propone dar un financiamiento a organizaciones sociales y políticas para que sean ellas mismas las que compren un predio y lo urbanicen. ¿Qué tanto se une esta política a los procesos relatados anteriormente? Debido a que se encuentra en pleno desarrollo, es difícil apreciar cómo este Programa responde y/o limita a las ocupaciones de tierras. Lo que sí se hace visible es que se apoya en el reconocimiento de las condiciones y capacidades de las organizaciones para impulsar la generación de suelo urbano. Sin embargo, nos preguntamos qué tanto resulta una forma de tercerizar la obra pública y producción del suelo y la vivienda.

ARCA es un programa que desató sendos conflictos que sería interesante investigar en profundidad. Por un lado, generó el reclamo de los gobiernos municipales y provinciales respecto de la injerencia de las organizaciones en la definición de los usos del suelo y las modificaciones a las normativas no consensuadas previamente (11). Por otro lado, generó el interés de los propietarios que tenían tierras no aptas para el mercado inmobiliario, por razones de localización, servicios, ambientales, etc. Esto implicó que algunos de los proyectos tengan localizaciones alejadas de las zonas urbanas y las infraestructuras, lo que conlleva múltiples dificultades. Y, por último, retomando la idea del presente artículo, las propuestas urbanas de los ARCA’s la desarrollan equipos técnicos/as que definen las propias organizaciones, sin embargo, no se financia la etapa de proyecto -si se monitorea y evalúa- (12). El Programa solo contempla el pago de la asistencia técnica para la dirección de la obra, durante la ejecución. Para el Programa, los proyectos son indispensables, pero se desalienta su impulso al tener que realizarse desde la gratuidad, ante lo que nos preguntamos si es una respuesta a los procesos previos, donde se hizo visible la importancia del proyecto para fortalecer a la organización de base. En este sentido, es interesante pensar cómo tanto los actores del territorio -organizaciones, movimientos, colectivos de vecinos/as- se van configurando históricamente, aprendiendo de experiencias pasadas, profesionalizando sus prácticas, consolidando sus estrategias, así como el propio Estado y sus propuestas para abordar la problemática.

* María Eugenia Durante es arquitecta graduada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), doctora en estudios urbanos por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), becaria posdoctoral de CONICET. Integrante de diversos colectivos y redes de trabajo de asesoramiento a movimientos sociales entorno a problemáticas del hábitat y acceso al suelo.

NOTAS

1.. Resulta interesante divisar como procesos como el de Guernica se autoidentifican como procesos de “Recuperación de tierras” para discutir con la concepciones de “invasión” o “tomas de tierra” que dominan las portadas de los periódicos. Para los fines de esta nota, usaremos el término de ocupación.

2. El mismo Pedro Pirez, a quien se suele acreditar la citada trilogía, reconoce que estas formas de producción son heterogéneas y se encuentran relacionadas de múltiples formas (Pirez, 2018).

3. Cátedra libre de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires

4. Una de las características de las políticas de urbanización de villas impulsadas por el gobierno de la Ciudad fue la determinación de que cada proceso se implementaría a partir de una ley particular a cada villa, y que las mismas podían contener la incorporación de otros proyectos linderos que afecten la zona. Para el caso de Villa 20, la aprobación de la Ley tuvo relación con la propuesta del predio lindero para la construcción de la Villa Olímpica, que se proyectaba para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018.

5. Este censo generado por los delegados/as, organizaciones y organismos de derechos humanos arrojó un total de 1400 familias habitando el predio, pocos días antes del desalojo.

6. La ocupación se asentó, por un lado, en un predio de 57 hectáreas correspondientes a un emprendimiento privado de barrio cerrado, desarrollado por la firma El Bellaco S.A., y, por otro lado, lindero al barrio cerrado, en unas 41 hectáreas de suelo vacante que corresponden a propietarios de menor escala, vinculados al poder político local (Pedro y otros, 2021).

7. Esto se hace visible en las actividades formativas donde Fermín Estrella fue el orador principal, invitado por los grupos de la FADU-UBA y la FAU-UNLP durante aquellos  años, que permiten pensar cómo se formó una generación de arquitectos/as en base a sus enseñanzas.

8. La cartilla se titulaba “Construcciones Masivas con Participación Popular” (Estrella y otros, 1973)

9. La propuesta fue rechazada en un clima político que comenzaba a mostrar las diferencias entre los diversos sectores del peronismo (Camelli y Snitcofsky, 2016).

10. Fundador de la Coalición Internacional del Hábitat en América Latina (HIC-AL), Ortiz Flores es un referente para toda la región en torno a la producción social del hábitat.

11. Los montos otorgados por el Programa en casos como el AMBA solo permiten la compra de macizos mayormente ubicados en áreas rurales, por lo que la compra de parte de las organizaciones de los mismos obliga a una rezonificación y cambio de normativas.

12. Las propuestas urbanísticas no se financian, de hecho se monitorean de parte del área técnica del Programa, las organizaciones y sus técnicos/as deben generar sus propuestas sin recibir remuneración por ello, para que luego, una vez pasadas todas las instancias de evaluación de parte del organismo, pueda darse comienzo al proceso de construcción.

BIBLIOGRAFIA

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