En las altas esferas de decisión, cada vez son más importantes las consignas y menos importantes los estudios abarcadores, los informes especializados, y las evaluaciones integrales de los problemas ambientales. Nuevos términos nos asaltan con la fuerza de la novedad para sugerir que una tecnología de avanzada solucionará, en el final del proceso, problemas que no quisimos afrontar al comienzo del mismo.
La siguiente nota publicada por Fundacion NuestroMar en octubre de 2018, sintetiza el documento de Olaf Merk: The container port of Buenos Aires in the mega-ship era (International Transport Forum, 2018). Según Andrés Borthagaray, el informe constituye un buen complemento de todo lo que se trató en las sucesivas mesas sobre el borde costero. Por empezar, expresa que hay un límite claro a la capacidad del puerto de Buenos Aires para buques de 14000 en 2020 o 18000 TEUs poco después. En segundo lugar, que cualquier licitación debería dejar el camino abierto a otros puertos que tengan la capacidad, los accesos y los patios dentro del sistema portuario regional y nacional. En tercer lugar, hay un comentario sobre las obras del Paseo del Bajo: si bien pueden mejorar en teoría una parte de los accesos, no resuelven los ferroviarios. Por otra parte, la venta de terrenos públicos afecta la capacidad del patio de operaciones y en la zona de buffer. Dado que el ingreso a la OCDE es una prioridad de la política internacional argentina y que una de las principales justificaciones es elevar los estándares institucionales y de políticas públicas, este documento de discusión debería ser tomado con toda seriedad no sólo por las autoridades nacionales sino también por las locales y los diversos actores públicos.
Dentro de las grandes obras que afectan el área central de la ciudad, el puerto y más ampliamente el sistema portuario metropolitano, constituye una de las principales problemáticas sobre la cual se pretende instalar el debate desde el Observatorio Metropolitano. Tanto las actuales decisiones y políticas por parte del Gobierno, así como las posibilidades de este sistema en relación a las tendencias internacionales en materia de transporte y comercio marítimo fueron retomadas en dos mesas redondas organizadas desde el marco de la Red Alianza Metropolitana, en donde se invitó a especialistas. El objetivo de estos encuentros es construir conocimiento a fin de repensar instrumentos de la planificación que puedan contribuir al desarrollo eficiente de la región metropolitana.
La Defensoría destaca una serie de cuestiones a revisar o considerar en el proyecto del CU: la ausencia de un modelo territorial, la necesidad de elementos reguladores del mercado de alquileres, la preservación y consolidación de las identidades barriales, la protección del patrimonio edificado, la creación de espacio público, la integración de los sistemas de transporte y movilidad sustentable, el real acceso a la vivienda y la dimensión ambiental.
Según este artículo, el proyecto del nuevo CU podría haber servido para abrir un proceso democrático y participativo que buscara ampliar el acceso a los derechos sociales y ambientales. En cambio, según los autores, se trata de una versión modernizada de la vieja normativa que actualiza o rectifica aspectos de la morfología urbana sin atender la problemática de la desigualdad y la segregación socio-espacial, con una tendencia al deterioro de las condiciones ambientales.
El CAI, el CPIC y el CPAU han desarrollado una vasta labor de participación durante más de dos años, con la elaboración y entrega de documentos técnicos que contienen las observaciones a las sucesivas versiones del Código Urbanístico. En la siguiente nota, las tres entidades engloban en una sola síntesis los aspectos sustantivos de los anteriores aportes, teniendo en cuenta la última versión del CU puesta a disposición pública.
Con la premisa de "construir conciencia estadística”, Javier Lindenboim efectúa una serie de planteos críticos sobre la “información como derecho” y las dificultades que existen en nuestro país de acceso a datos actualizados, interconectados y comparables con estadísticas anteriores a fin de poder ponderar las tendencias y las transformaciones. A modo de ilustración, menciona el “aparente” cambio de tendencia en la estructura de la población y el crecimiento del Gran Buenos Aires.
Desde su experiencia como coordinadora del Observatorio del Conurbano de la UNGS, Adriana Rofman explica los alcances de esta iniciativa, precisando que uno de los principales objetivos consiste en proporcionar datos e informaciones sistematizadas y accesibles acerca de la situación socioterritorial del Conurbano Bonaerense, a los efectos de paliar la escasez de fuentes sistematizadas y accesibles. Haciendo hincapié en la fuerte heterogeneidad de la estructura social y económica de la región, destaca la necesidad de datos desagregados a escala de municipio o menor, que actualicen o complementen las fuentes censales a nivel nacional o provincial.
El grupo de profesionales que integra Plataforma Abierta Nacional del Hábitat, dependiente de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, relata los problemas que tuvieron que enfrentar y las alianzas que fueron necesarias en el proceso de construcción de una plataforma de datos abiertos que diera cuenta de la situación del hábitat en Argentina y permitiera seguir el avance de una política de estado.
