Por Agustín Mango y Luciana Antelo*

Este proyecto colectivo forma parte de un largo proceso de lucha por un hábitat digno. El objetivo es poner en discusión el modelo de reurbanización que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los Barrios Populares y construir lineamientos para una acción que permita transformar esos barrios con una mirada integral con perspectiva de derecho.

Desde hace varias décadas, existen y se amplían barrios en la ciudad de Buenos Aires donde las redes de agua y cloacas son inexistentes, la electricidad se corta con excesiva frecuencia, casi no hay espacios verdes y no logran ingresar servicios de emergencia como las ambulancias. Si bien la cantidad de población de la Ciudad de Buenos Aires no varió en los últimos 70 años, lo cierto es que en los barrios populares porteños se produjo un proceso inverso. Los datos más actualizados muestran que en el 2018, un 7,6% de la población total de la Ciudad vive en villas y asentamientos, un aumento de casi un 40 por ciento con respecto a los datos del año 2010 (1). Esta situación expresa con claridad las dificultades en dar respuesta al acceso a una vivienda digna por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de muchos años de luchas de vecinxs, organizaciones y referentes por el derecho a la vivienda y a la urbanización, de leyes aprobadas que no fueron financiadas, fue con la aprobación de la ley de la Villa 20 (hace 5 años), que comenzó una nueva etapa en la Ciudad respecto del abordaje a la problemática habitacional en algunos de los barrios populares. Luego, siguieron los barrios Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita en el año 2017 y la Villa 31 en 2018 (hoy Barrio Padre Carlos Mugica). Y si bien se iba a continuar apelando fallos por el abastecimiento de servicios públicos como sucedió en la Villa 21-24, se impuso en agenda pública, la necesidad de reurbanización de barrios que hasta ese momento no eran parte del diseño de las políticas públicas. Por lo tanto, después de muchos años de pelear por una vida mejor en los barrios, la bandera de la urbanización de los barrios se ponía en discusión y en especial, la disputa por el sentido sobre qué implica reurbanizar.

Estas experiencias permitieron profundizar un debate entre referentes y vecinxs de los barrios populares de la Ciudad, organizaciones sociales y territoriales, asociaciones civiles, centros de estudios, ONGs, sobre la necesidad de discutir qué tipo de urbanización se iba a llevar adelante y para lograr un acuerdo sobre cómo se iba garantizar la efectiva realización de los temas consensuados. Había una coincidencia entre la mayoría de lxs participantes y era que lo fundamental se centraba en que lxs habitantes de los barrios pudieran tener un rol protagónico en la toma de decisiones en todas las etapas implicadas en la urbanización. Este proceso culminó con la presentación de un documento que llevó el nombre de “Acuerdo por la Urbanización de Villas” con diez puntos básicos para llevar adelante estos procesos, acuerdo que fue acompañado por más de 30 organizaciones (2).

El proyecto de ley “Lineamientos para la reurbanización de barrios populares” fue presentado este año en la Legislatura Porteña por la Diputada María Bielli (3)  y se inscribe en el proceso de lucha mencionado anteriormente, nace de las demandas de quienes habitan los barrios. Nace también, como una propuesta de síntesis que recoge diferentes aportes entendiendo que la producción del conocimiento es y debe ser colectiva y qué pensar el hábitat popular en la Ciudad implica necesariamente discutir un modelo de Ciudad mejor para todos y todas. Y también, para pensar en cómo llevar adelante estos procesos integración para que se garanticen efectivamente el acceso a un hábitat digno, con una mirada integral con perspectiva de derecho y con una mirada en las desigualdades de géneros y diversidades.

Al mismo tiempo, este proceso condujo a preguntarnos ¿por qué el Gobierno de la Ciudad decide avanzar con estos cuatros barrios -Barrio Carlos Mugica, Rodrigo Bueno, Playón Chacarita y Villa 20- y no otros? No se pueden comprender estos procesos sin tener en cuenta que obedecen principalmente a estrategias de valorización de sus entornos y sin prever que producirán a mediano y largo plazo procesos de expulsión de los habitantes de los barrios si no hay políticas activas para contrarrestar este efecto (4) . El Barrio Carlos Mugica tiene una ubicación estratégica y una relación directa con el proyecto del Paseo del Bajo, y los nuevos emprendimientos inmobiliarios en Retiro. Algo similar sucede en el Barrio Rodrigo Bueno y la puesta en marcha del mega emprendimiento inmobiliario de lujo de IRSA “Costa Urbana”, que fue aprobado el año pasado por el oficialismo y crea un barrio de torres de 150 metros de altura. Con respecto al Playón de Chacarita y con Villa 20, el primero responde al proyecto de extensión de Av. Triunvirato y el desarrollo de la zona de Chacarita y el segundo con el desarrollo de la infraestructura para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizaron en 2018.

Mapa 1. Barrios Populares con procesos de reurbanización iniciados. CABA 2016-2022.

Referencias: 1. Barrio Villa 20 | 2. Barrio R. Bueno | 3. Barrio P. Chacarita | 4. Barrio Padre Mugica. Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

La falta de ámbitos de participación es un rasgo común en cada uno de los procesos mencionados, además de la poca transparencia y falta de información adecuada para todxs lxs vecinxs. A esto se suma que las familias que viven en los macizos (los sectores históricos de cada barrio) no saben si van ser relocalizadas, cómo y cuándo van a materializarse los mejoramientos y tampoco sabe cuándo se realizarán las obras de aperturas de calles e infraestructuras de servicios públicos y que en algunos casos no está proyectado su inicio. La realidad de las familias que fueron relocalizadas tampoco tiene un panorama mejor, la mayoría de las viviendas nuevas se entregaron con patologías constructivas, además aún no fueron conformados muchos consorcios y ni está clara la forma de pago de los servicios públicos.

A raíz de esta problemática, se realizó un relevamiento sobre los gastos de las familias relocalizadas que fue llevado adelante por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo, en los distintos barrios con procesos de reurbanización iniciados. Dicho relevamiento da cuenta de que las familias que accedieron a una vivienda nueva afrontan nuevos gastos por el pago mensual de su vivienda, las expensas por vivir en un complejo, los gastos de los servicios públicos (tanto de los consumos propios como de los espacios comunes) y la tasa de alumbrado, barrido y limpieza (5). Estas nuevas condiciones implican que si no se generan mecanismos que compensen las diferencias entre los gastos previos y posteriores a las mudanzas, corra peligro la permanencia de las familias relocalizadas.

En este contexto, en el año 2021 se aprobaron modificaciones a la Ley de Catastro de la Ciudad, donde se habilita el registro de las construcciones en el estado edilicio actual, sin requerir ninguna reforma que brinde mejores condiciones de habitabilidad a las familias. En paralelo, en el Barrio Padre Carlos Mugica se aprobó un protocolo de regularización dominial que habilita la entrega de títulos intermedios y habilita la transferencia a personas jurídicas. Ambas regulaciones consolidan un modelo de Ciudad excluyente y comparten una misma perspectiva respecto de cómo tienen que avanzar los procesos de regularización: habilitan la posibilidad de registrar parcelas y viviendas en los barrios populares sin realizar ningún tipo de mejoramiento habitacional. Por lo tanto, es posible que el Gobierno de la Ciudad entregue títulos de propiedad en viviendas con familias hacinadas, sin condiciones mínimas de ventilación o iluminación o que no se encuentren conectadas a los servicios públicos esenciales.

Surge entonces en este marco de creciente desigualdad, este proyecto de ley como un instrumento para articular diferentes iniciativas que recuperen las reivindicaciones históricas. A modo de ejemplo, recuperar la ley 148 nacida como producto de la lucha y construcción de vecinos, vecinas y organizaciones con trabajo territorial, que incorporó la participación de los y las habitantes de los barrios como principio fundamental y rector de los procesos de reurbanización, que luego daría lugar a las leyes de reurbanización específicas como la Ley N°403/2000 (de la Villa 1-11-14, en la actualidad Barrio Ricciardelli), la Ley N°1770/2005 (de la Villa 20), y la Ley N°3343/2010 (de la Villa 31, ahora denominado Barrio Padre Carlos Mugica). Y muy especialmente, sintetizar los consensos surgidos de las trayectorias y experiencias de referentes territoriales y organizaciones políticas, sociales, barriales y académicas en los Barrios Populares de la Ciudad, surgidos a partir de estos procesos de reurbanización. Finalmente, también aparece como respuesta al modelo de reurbanización que propone el oficialismo, directamente ligado a un modelo de Ciudad dinamizado por la lógica del mercado inmobiliario y por lo tanto, expulsiva.

El reconocimiento del derecho a la integración de barrios como un derecho constitucional, con base en principios y estándares sobre el derecho a la vivienda y a la no discriminación establecidos en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y las constituciones Nacional y Local, se dio inicio a un proceso que llevó a la sanción de distintas leyes para revertir tales circunstancias disímiles de los y las habitantes de los barrios populares.

Por lo tanto, resulta necesario debatir de manera amplia y democrática un marco normativo que establezca estándares necesarios para impulsar políticas de Estado a largo plazo que garanticen una mirada integral a la problemática del hábitat en los barrios populares y que a su vez pueda mantener los procesos participativos y las características identitarias de cada barrio. Desarrollar lineamientos para los procesos de reurbanización, va a permitir garantizar un piso de derechos para todas las familias y brindar seguridad para que sea efectivo el acceso a un hábitat digno y evitar los efectos especulativos alrededor de la urbanización.

* Agustín Mango y Luciana Antelo: son arquitectxs, graduadxs en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente se desempeñan como asesores parlamentarios y trabajaron en la elaboración del proyecto de ley "Lineamientos para Barrios Populares". Tienen experiencia en trabajos interdisciplinarios relacionados con las problemáticas del hábitat popular y el desarrollo de políticas urbanas.

NOTAS: 

 1. Dirección General de Estadística y Censos, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 2.  Acuerdo por la urbanización de villas. Diez puntos por la integración sociourbana de los asentamientos, disponible en: https://acuerdoporlaurbanizacion.org/wp-content/uploads/2017/12/documento-completo.pdf 

 3. El lanzamiento del proyecto de ley se llevó a cabo en el mes de Junio en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña, con la presencia de legisladorxs y comunerxs del Frente de Todxs, referentes territoriales de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales e instituciones académicas que trabajan y fomentan el acceso al hábitat y a la vivienda digna. 

4. Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integración urbanística y social de villas en agenda. Un abordaje a su intervención. - 1a ed ampliada. - Buenos Aires : Consejo Económico y Social de la CABA, 2018. Libro digital, disponible en: http://www.bdigital.cesba.gob.ar/bitstream/handle/123456789/466/Villas.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

5. Encuesta de la estructura de gastos de las economías de los hogares del Playón de Chacarita (comparación entre las etapas pre y post mudanza). Agosto de 2021. Instituto de la Vivienda de la Ciudad y Defensoría del Pueblo de la Ciudad.