En 2018 se sustituyó el Código de Planeamiento Urbano (CPU), vigente desde 1977, por un nuevo Código Urbanístico (CUR), marcando un cambio sustancial respecto a la forma de regular el desarrollo de la Ciudad. Este nuevo marco amplió la constructibilidad de todos los barrios, al definir un nuevo modelo de manzana. También flexibilizó la distribución de las actividades productivas, entre otros temas que, directa o indirectamente, (des)regula este nuevo Código, incentivando transformaciones en el paisaje y la estructura porteña.

En 2024, la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo la primera revisión integral de su Código Urbanístico (CUr), a seis años de su entrada en vigencia. Si bien hubo dos revisiones intermedias —una en 2020, centrada en aspectos generales durante el contexto de pandemia, y otra en 2022, orientada a ajustes puntuales—, esta actualización respondió a la necesidad de evaluar los efectos concretos de una normativa que modificó sustancialmente la forma en que se estructura, regula y transforma el territorio porteño.

Hubo motivos para una reforma del Código Urbanístico aprobado en 2018, modificado en 2020 y con numerosas parches e interpretaciones discrecionales. Sin embargo, se dio en este proceso el mismo orden/desorden que acompañó a la Ciudad Autónoma.

La última década se fueron sumando muchas personas y organizaciones barriales a la idea de proteger la identidad del Abasto, que vistas hoy, una vez lograda la aprobación de ampliar el área protegida en torno al mercado, gana dimensión la participación de cada una de ellas.

La Defensoría destaca una serie de cuestiones a revisar o considerar en el proyecto del CU: la ausencia de un modelo territorial, la necesidad de elementos reguladores del mercado de alquileres, la preservación y consolidación de las identidades barriales, la protección del patrimonio edificado, la creación de espacio público, la integración de los sistemas de transporte y movilidad sustentable, el real acceso a la vivienda y la dimensión ambiental.

Según este artículo, el proyecto del nuevo CU podría haber servido para abrir un proceso democrático y participativo que buscara ampliar el acceso a los derechos sociales y ambientales. En cambio, según los autores, se trata de una versión modernizada de la vieja normativa que actualiza o rectifica aspectos de la morfología urbana sin atender la problemática de la desigualdad y la segregación socio-espacial, con una tendencia al deterioro de las condiciones ambientales.

El CAI, el CPIC y el CPAU han desarrollado una vasta labor de participación durante más de dos años, con la elaboración y entrega de documentos técnicos que contienen las observaciones a las sucesivas versiones del Código Urbanístico. En la siguiente nota, las tres entidades engloban en una sola síntesis los aspectos sustantivos de los anteriores aportes, teniendo en cuenta la última versión del CU puesta a disposición pública.