Observatorio Metropolitano

Boletín octubre OM | CPAU

El real estate, los grandes proyectos urbanos, el déficit de espacios públicos o las disyuntivas del Código se presentan como temas centrales de debate en el AMBA. Sin embargo, otras cuestiones también ocupan un lugar en las agendas públicas. Se trata tanto de los problemas de quienes no logran acceder a la vivienda y a un hábitat digno, como de los programas y políticas que intentan resolver el problema de las villas y los asentamientos. Los varios mapas de localización, los debates, las leyes aprobadas que no se cumplen, las condiciones de vida, muestran un panorama desolador. Como afirma Thomas Sieverts, actualmente la mayor parte de la humanidad vive entre el campo y la ciudad, en viviendas precarias, sin acceso a equipamientos y servicios, donde no se pueden reconocer las cualidades de la ciudad tradicional. Este panorama universal, que resulta de una desigualdad social y territorial creciente, se registra en nuestros territorios. Los desafíos son enormes, más allá del signo político de los gobiernos. Aunque para algunos se trata de “gasto público” y para otros de “asegurar el derecho a la vivienda y a la ciudad”, es una cuestión que interpela al conjunto de funcionarios, funcionarias y especialistas. Es que, por detrás de las soluciones, se ponen en juego los rumbos de las políticas, la toma de las decisiones, la adjudicación de los recursos públicos, la identificación de las personas beneficiadas...  Las propuestas para solucionar los problemas del hábitat, ya lo sabemos, deben construirse al mismo tiempo y en un solo marco, desde una mirada territorial, económica, social y ambiental.

En este texto, nos interesa examinar los alcances de los programas de “reurbanización” de las villas y de asentamientos, haciendo visibles algunas aristas, en una caracterización que lejos de ser exhaustiva, considera a la vez tiempos, escalas y formas de hacer.

En primer lugar, revisemos la historia. El problema no es totalmente novedoso para el urbanismo, que consideró esos modos de habitar en relación con las ideas de vivienda social. En esa orientación, es interesante observar los cambios de sentido que se dan muy bien desarrollados por la bibliografía, que retomamos muy brevemente para situar los programas de “re-urbanización” desde sus antecedentes.

Durante el ciclo 1930-1960, especialistas del urbanismo coincidían en la necesidad de erradicar y relocalizar la población de los barrios precarios a conjuntos habitacionales construidos con diseños adecuados y financiados por créditos o por fondos estatales. En los años 30, el Manual de Urbanismo de Karl Brunner le dedicaba una página de imágenes a esos barrios de "latas" y a las “barracas” de madera como una característica, a superar, de las ciudades de América Latina. En esa clave, se promovían los planes y proyectos que visualizaban el hábitat precario como provisorio (pensemos en los “núcleos transitorios” del desarrollismo) pues consideraban que se trataba de un desajuste que el desarrollo económico y las políticas de ordenamiento territorial debían resolver con viviendas “definitivas”. Los programas de conjuntos habitacionales del ciclo de entreguerras, los del peronismo, los del desarrollismo proponían, precisamente, ofrecer un hábitat digno para todas las personas, aunque no lo hayan conseguido in toto.

En la dictadura militar (1976-1983) se operó un importante cambio de sentido en las propuestas de la ciudad moderna, pues el principal objetivo de sus iniciativas de “relocalización” y “erradicación” de villas fue el de desplazar con violencia a quienes “no merecían” la ciudad blanca y moderna que ellos imaginaban. De algún modo, esa feroz expulsión marca, al mismo tiempo, el fin de una ilusión: la de asegurar el “derecho a la vivienda y a la ciudad” al conjunto de la sociedad. En paralelo, en los años 70, aunque los técnicos de la dictadura lo ignoraban, en un clima crítico respecto de las políticas urbanas y de vivienda de los años anteriores, se gestaba un cambio de rumbo en las políticas habitacionales. Ese hábitat “ilegal”, “precario” e “informal”, que ocupaba el territorio de las ciudades y su expansión, se construía como un renovado objeto de estudio y acción, pues en los Congresos del Ambiente en Estocolmo (1992) y los del Hábitat (1976) las nuevas conceptualizaciones fueron cambiando los modos de mirar las cosas.

Sobre esos antecedentes, desde los años 80, prevalece la estrategia de “urbanizar”. En esos años, además de las villas crecieron los asentamientos, esas tomas de tierra más o menos organizadas con la ayuda de ONGs y trazados regulares que esperaban, casi siempre sin conseguirlo, ser futuros barrios. Se constata la existencia de las capacidades de autoconstrucción de sus habitantes, cuyas disyuntivas se pueden apreciar en el famoso debate sostenido entre John Turner y Ernesto Pradilla. Se planteaba la necesidad de "crear ciudad", “regularizando” la propiedad de quienes las habitan. No obstante, por detrás de la idea de “urbanizar,” se suponía que lo que existía no era “urbano”…

En las vísperas del siglo XXI, se fue construyendo la noción de "reurbanización", que se aplica como corolario de una dilatada experiencia de intervención en América Latina. Ya no se trata de ordenar el desorden, sino de entender las múltiples lógicas que operan en la producción y reproducción de esos fragmentos construidos y habitados de la ciudad. Las acciones de adecuación, mejora y regularización reconocen las características del tejido y de las viviendas, la entidad y las actividades productivas y sociales de sus habitantes, además de promover la provisión de equipamientos y servicios propios del “derecho a la ciudad”.

En esa secuencia de erradicación/ relocalización, urbanización y reurbanización lo que se juega es el progresivo conocimiento de las lógicas que se dirimen y de cómo operar en esa terra incógnita.

No obstante, en segundo lugar, tal como planteamos, la realidad de las intervenciones muchas veces soslayan cuestiones relevantes. Si el objeto de estos procesos está centrado en garantizar una integración, es necesario tener en cuenta que no es posible entender el tema en términos de oposiciones, como en las figuras “ilegal vs. legal”, “informal vs. formal”, “desorden vs. orden”, sino de aprehender la naturaleza de los problemas, pues se trata de otra “legalidad”, de otra “formalidad”, de otro “orden”, cuyas lógicas se desconoce y es necesario plantearlas en sus propios términos.

Por un lado, se trata de reconocer, en sentido amplio, las preexistencias, identificando la configuración de los espacios privados y públicos en sus relaciones con el entorno, dando cuenta de la dimensión “económica” de lo social y conociendo las actividades y los procesos productivos. Para aprehender la lógica de la economía es imprescindible conocer la inserción laboral de quienes viven, las alternativas de la fabricación de productos, más ampliamente de las actividades productivas intra muros, de los locales comerciales, la dinámica del mercado inmobiliario informal, tanto de renta como de venta de inmuebles. La identificación del “tejido productivo” es tan importante como el reconocimiento edilicio para encarar el diseño de los dispositivos, pues permite identificar los conflictos y disputas de intereses, habilita evaluar criterios de asignación de viviendas, de espacios comerciales. Dicho de otro modo, la dimensión económica del entramado socio urbano requiere de buenos diagnósticos.

Por otro lado, se trata de considerar las múltiples temporalidades que se juegan en la “integración” de villas y asentamientos a las ciudades. El dilema de los programas consiste en considerar el corto, el mediano y el largo plazo. Tal vez, podríamos afirmar que se trata de un desafío mucho más amplio que interpela a las políticas públicas en contextos institucionales débiles. Esta dimensión pone en jaque la importancia de la continuidad de políticas activas luego de las obras, garantizando la mejora en el tiempo y evitando el deterioro a corto plazo. Dicho de otro modo, la integración de villas y asentamientos, supone una sucesión de etapas sostenidas a lo largo del tiempo, vinculadas con avances de obras físicas, pero también con un acompañamiento que promueva la integración social de las personas que habitan esos territorios.

Desde esa perspectiva, se trata de reconocer las capacidades y competencias, así como las representaciones, de quienes habitan los barrios y construir conocimiento en conjunto. La operación no consiste en informarles qué se quiere hacer ni de promover instancias de participación en abstracto sino de impulsar procesos colectivos de transformación que incorporen los saberes y prácticas territoriales de vecinos y vecinas para que dialoguen con las propuestas de los especialistas. En efecto, el trabajo social en barrios populares pone en juego fuertes tensiones, pero también muestra el interés de experiencias de organización y “diálogo” en tanto condición de posibilidad de negociación y construcción de consensos. Operaciones piloto como las de Villa Palito, en La Matanza, muestran resultados importantes que surgen de sumar habitantes en el proceso de producción de sus barrios, en instancias de definiciones de diseño del proyecto, pero también poniendo el cuerpo en demoliciones y nuevas construcciones, generando empleo y formando oficios. La noción de “co-construcción” de conocimiento diluye los roles de quienes saben y quienes aprenden, a los efectos de reconocer la existencia de representaciones y modos de hacer diversos.

En esa orientación, se están llevando a cabo una amplia gama de experiencias relevantes, aunque falta mucho por entender y por hacer. Entre ellas, la Ley de Acceso Justo al Hábitat, aprobada hace 10 años en la provincia de Buenos Aires. Esta norma se presenta como uno de los posibles instrumentos para saldar la brecha entre las ciudades consolidadas y las nuevas, pues no solo ofrece mecanismos de regularización disponibles para los municipios sino, y sobre todo, habilita la construcción de actores y de ámbitos participativos, promoviendo además el intercambio de experiencias y debates.

En síntesis, además de promover miradas capaces, desde diferentes aristas, de articular el proceso de integración del tejido social, el urbano, el económico, el ambiental, se hace necesario abrir un debate amplio en varias escalas. De algún modo, los programas de re-urbanización de villas y asentamientos nos interpelan, pues muestran las dificultades que atraviesan los territorios y las sociedades signados por la desigualdad…

Acompañamos este Boletín con la ficha: Reurbanización Barrio RODRIGO BUENO, elaborada por el OM | CPAU y la nota de opinión de Agustín Mango y Luciana Antelo: Lineamientos para la reurbanización de barrios populares.

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