Boletín febrero OM | CPAU
Los temas de la justicia en los últimos años van ocupando un lugar relevante en la plaza pública, en tanto la judicialización de los asuntos urbanísticos obliga a repensar la dimensión de las políticas urbanas.
Si bien la justicia siempre estuvo presente para dilucidar conflictos de interpretación urbanística, pues algunos instrumentos —como los códigos de edificación o las expropiaciones— fueron objeto de revisiones y sanciones legales, estos últimos tiempos adquiere una magnitud inusitada.Desde la tan estudiada “causa Mendoza”, que condicionó una serie de intervenciones para el saneamiento y la recuperación del borde del Riachuelo, hasta los diversos amparos que detienen obras públicas de la Capital, parece estar en juego la ampliación de las competencias de un poder judicial que se va constituyendo como actor en los procesos de toma de decisiones, como resultado de una falta de acuerdos políticos y sociales más amplios. En efecto, los jueces orientan políticas y, en relación, los ciudadanos recurren a los amparos como instancias de resistencia —para defender situaciones y personas perjudicadas o por ausencia de políticas públicas— o de mediación —para asegurar espacios de arbitraje entre la esfera del Estado y la sociedad—.
Varias tesis de posgrado han reflexionado sobre la judicialización de la cosa pública. Las figuras de democracia judicial, juristocracia o, más ampliamente, de giro judicial ilustran algunos de los rumbos de los debates académicos sobre la problemática. La tesis de Andrés Scharager “Judicialización, política y conflicto social. Resistencias y controversias en un proceso de relocalización de villas en Buenos Aires, 2008-2018”, analiza las modalidades de transformación de los conflictos al inscribirse dentro del campo del derecho. La investigación examina la implementación de la sentencia del juez federal, que, en 2010, ordenó a los gobiernos municipales abrir el camino de sirga —una vía ribereña de libre circulación a lo largo de la cuenca Matanza-Riachuelo— promoviendo, entre otras medidas, la relocalización de las familias. Ese caso, le permite a Sharager repensar el rol que asume la justicia y el derecho en el tratamiento y transformación de los conflictos territoriales. En esa orientación, la tesis doctoral de Melinda Maldonado, sobre las huellas de los trabajos de Antonio Azuela y Gabriela Merlinsky, muestra que el estudio de los procesos de judicialización tiene la capacidad de iluminar la productividad de los conflictos, las traducciones entre lenguajes resultantes del entramado de lógicas jurídicas, sociales y político-institucionales, que obligan a repensar políticas en relación con los espacios de consenso y negociación.
En ese marco, los temas de urbanización de villas y los de la protección del patrimonio cultural en CABA son particularmente ilustrativos. En esos grandes y complejos problemas, algo laterales en los programas de actuación del GCBA ¿podríamos, tal vez, referirnos a una falta de voluntad política para abordarlos?, se recurrió a las vías judiciales como camino para promover políticas públicas ausentes.
En primer lugar, los proyectos para la reurbanización de villas y asentamientos —uno de los espacios donde se manifiesta con mayor dramatismo la “injusticia social y ambiental” de las ciudades— iluminan los alcances de la judicialización. En Capital, la lucha villera por el derecho a la vivienda, al agua segura y a los servicios básicos, logró poner en marcha iniciativas para la integración del barrio Mugica, el Playón de Chacarita, del barrio Rodrigo Bueno y de la Villa 20 y Papa Francisco. En correlato, en el territorio del AMBA, la búsqueda de un lugar para vivir de quienes no pueden acceder al mercado inmobiliario, ha suscitado una amplia gama de procesos de judicialización. Muchos reclamos resuenan en una justicia que no siempre dispone de instrumentos para medir el impacto de los problemas sociales, pero que en más de una ocasión logra recolocar estas cuestiones en los planes de gobierno. Por lo demás, no es esta la ocasión para recordar la amplia gama de procesos “ilegales” presentes y aceptados en la “ciudad legal”.
En segundo lugar, la destrucción del patrimonio de la Ciudad ocupa el centro de las preocupaciones de los ciudadanos que recurren a la judicialización. Por supuesto, no se trata de conservar todo lo viejo, pero sí de considerar que el patrimonio bien gestionado es un importante recurso cultural y económico para el desarrollo presente y futuro de las ciudades. Desde esa perspectiva, la Legislatura sancionó las leyes 2.548 y 3.056, de emergencia patrimonial para resguardar todos los edificios previos a 1941 —entendido como un stock a ser resguardado por un tiempo limitado—, y en tanto instrumento transitorio hasta consolidar el listado definitivo. Esa emergencia sigue vigente por decisión judicial, pero no existen pautas claras para implementar una política de protección patrimonial. El catálogo preventivo se presenta entonces como una herramienta de legitimación y respaldo para impulsar amparos frente a cualquier proyecto de demolición en tanto instancia judicial, pero ¿no sería preferible promover una verdadera política de protección del patrimonio, actualmente a cargo de asociaciones como “Basta de Demoler”?
A esas dos problemáticas, se suma la amplia gama de amparos y reclamos que resultan de los códigos, de los convenios de los grandes proyectos urbanos y de ciertas iniciativas oficiales que se promueven soslayando los necesarios espacios de debate y construcción de consenso. ¿Cómo explicar este escenario?
Una de las interpretaciones posibles nos reenvía a la composición de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto ámbito de debate democrático para validar decisiones estructurales del desarrollo urbano. La composición parlamentaria actual, de amplia mayoría oficialista, opera como una “escribanía” donde se validan las decisiones del poder ejecutivo. En ese marco, diversas leyes fueron cuestionadas en la justicia, poniendo en duda su validez constitucional. Un ejemplo fue la aprobación del Códigos Urbanístico en 2018, que se obtuvo exclusivamente con los votos del bloque de gobierno, y por el cual se multiplicaron los amparos de vecinos, quienes cuestionaron las transformaciones que un código morfológico impulsa de fondo, en tanto lineamiento central para alcanzar una ciudad homogénea, sin apoyarse en estudios previos y negando la diversidad del tejido existente.
En esa orientación, la judicialización del planeamiento urbano además de mostrar el nuevo rol de los jueces como actores, opera como resistencia y como mediación. Se trata de una vía o herramienta de resistencia, cuando los ciudadanos involucrados con las nuevas medidas consideran que son perjudicados o ven afectados sus propios intereses. Frente a las propuestas públicas y a los emprendimientos privados que favorecen la transformación de los barrios, los vecinos protestan, resisten y recurren a los amparos.
La judicialización se puede presentar también como una instancia de mediación, capaz de configurar un espacio de articulación entre la sociedad y el Estado, cuando los temas de la ciudad no están inscriptos con claridad en las agendas de los partidos políticos, o cuando las instancias de consenso y legitimidad no son suficientes. Es ilustrativo, en ese marco, revisitar los debates en torno del proyecto de Costa Urbana (en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca). La justicia reconoció el amparo colectivo presentado por organizaciones sociales que cuestionaban la aprobación de un Convenio Urbanístico establecido entre el GCBA y la empresa IRSA. Según expresó el juez Ammirato “el procedimiento administrativo que condujo a la firma del convenio urbanístico está viciado, en tanto omitió la instancia participativa que la ley impone”, registrando al mismo tiempo la ausencia del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final que este tipo de emprendimientos requiere. El amparo, operó como “mediación”, pues se trataba de instalar un debate ampliado sobre las decisiones ya tomadas, contribuyendo a reabrir y publicitar el problema. En otra clave se inscriben las iniciativas que buscaron construir instancias de “mediación” sin recurrir a la justicia, como por ejemplo, el proyecto de ley que impulsó la construcción de un parque en Costa Salguero (como destino diferente al previsto por el ejecutivo). Así, recurriendo al instrumento constitucional de "iniciativa popular", por el que se recolectaron más de 50.000 firmas, se obliga a dar tratamiento legislativo al proyecto, dando nueva visibilidad al debate público sobre el futuro de este predio público costero.
En resumen, los procesos de judicialización son más que controvertidos. Por un lado, son auspiciosos, pues suman actores urbanos, encausan procesos de resistencia y protesta, además de promover mecanismos de mediación a los efectos de habilitar espacios de comunicación entre Estado y sociedad. Precisamente, al construir y ocupar esos espacios de consenso y legitimación, manifiestan, por otro lado, el fracaso de la dinámica de toma de decisiones, la ausencia de mecanismos que habiliten las disputas, combates y negociaciones entre quienes defienden intereses contrapuestos.
El inicio de un intenso año electoral ya está en marcha y es una buena ocasión para incentivar la reflexión y los debates a diferentes escalas. Si la ciudad es una pieza clave del ajedrez de la política nacional, se debería considerar el rol de las representaciones parlamentarias, las formas de pensar y operar sobre la ciudad, los mecanismos existentes y los deseables. En ese marco, esperamos también que la agenda urbana tenga un lugar destacado en los programas y debates electorales. Desde esa perspectiva, también esperamos que haya menos procesos de judicialización y más concertación
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OPINIÓN
Convenios vs. Código
Autor: Néstor Magariños
Visto las características particulares de algunos de los convenios urbanísticos incluidos en la tanda que actualmente se encuentra en tratamiento legislativo y en el conocimiento que existen muchos otros en trámite prelegislativo, es necesario considerar que se trata de una política incorrecta que desvirtúa una herramienta que fue prevista para otros fines.
https://observatorioamba.org/opinion/convenios-vs-cdigo
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Cuenca del Plata_ Planes
2020 - Los proyectos en debate de la costa metropolitana
Relevamiento de los proyectos, las obras y los debates sobre las transformaciones del borde costero del Río de La Plata
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Cuenca Matanza Riachuelo
Programa de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo
Proyectos estratégicos de transformación estructural de la cuenca para su potenciación como eje vertebrador metropolitano.
https://observatorioamba.org/planes-y-proyectos/cuenca-matanza-riachuelo/proyectos/programa-de-desar...
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NOTICIAS
Noticias - 22/febrero/2023
Presentaron más de 50.000 firmas en la Legislatura para pedir un parque público en Costa Salguero
elDiarioAR - 4 de noviembre de 2021
Organizaciones sociales, políticas y ambientales presentaron las firmas recolectadas para crear un parque público, mientras que el Gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta impulsa un desarrollo inmobiliario para esa zona.
El Frente de Todos (FdT) de la Ciudad de Buenos Aires, junto a organizaciones políticas, sociales y ambientales, presentó hoy en la Legislatura porteña un total de 53.864 firmas, las cuales avalan una iniciativa popular que propone crear un parque público en Costa Salguero.
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Noticias - 16/febrero/2023
La Justicia le dio la razón a los vecinos y frenó la construcción de torres en Costanera Sur.
Télam 11-03-2022
Hizo lugar a un amparo colectivo
En la sentencia, el juez Ammirato sostuvo que “el procedimiento administrativo que condujo a la firma del convenio urbanístico está viciado, en tanto omitió la instancia participativa que la ley impone”, impugnando el convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa constructora IRSA. (TELAM SE 2022).
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Noticias - 16/febrero/2023
¿Cómo está regulada la protección de edificios en la Ciudad de Buenos Aires?
Chequeado
Por Federico Poore
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Noticias - 16/febrero/2023
Amparo y proyecto de ley contra "los intereses inmobiliarios" en el Barrio River
Página 12 - 22 de julio de 2022
Por Santiago Brunetto
Lo presentaron vecinas y vecinos que ven afectado el "bienestar vecinal"
La modificación del Código Urbanístico porteño se tradujo en la autorización de una capacidad constructiva mayor a la histórica en la zona. Los desarrollos que se presentaron gracias a eso "desconfiguran la fisonomía del barrio", denuncian quienes viven allí.
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Noticias - 7/junio/2022
Otro revés judicial para el GCBA por el "parque lineal" de Honorio Pueyrredón en Caballito
Nueva Ciudad
La Cámara indicó al Gobierno de la Ciudad que no puede avanzar si una ley no avala la nueva "calle de convivencia". "Es un nuevo triunfo de los vecinos y vecinas", expresaron desde las agrupaciones barriales.
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Noticias - 26/mayo/2022
Vecinos presentan una acción judicial para frenar la construcción de una torre en Palermo
Pura Ciudad
Vecinos autoconvocados del barrio porteño de Palermo presentarán una acción judicial para frenar la construcción de una torre de 20 pisos en la calle Lafinur al 3100 que fue autorizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pese a exceder la altura permitida, a través de un convenio urbanístico, es decir por medio de una excepción al código vigente acordada con la empresa constructora a cambio de un pago al GCBA a los fines de contribuir al “desarrollo urbano equitativo” de la Ciudad.
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