Observatorio Metropolitano

Varios relevamientos dan cuenta del abrumador crecimiento de la gente en situación de calle en los últimos tiempos, sin embargo no hay datos claros. En noviembre de 2023, el GCBA estimó unas 3.286 personas en situación de calle, en un operativo que fue muy cuestionado en cuanto metodología empleada y a su alcance. En contraste, el Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (ReNaCALLE), a cargo de organizaciones sociales, en ese mismo momento estimaba más del doble, considerando unas 8.028 personas en esa condición. Un año después, en noviembre de 2024, el GCBA estimó que hubo un aumento anual del 23%. Y, en este crudo invierno porteño, el Tercer Censo desarrollado por organizaciones sociales, realizado en los días 26, 27 y 28 de junio de 2025, estimó que casi 12 mil personas están en esa situación.

En una lectura crítica de programas en marcha, se publicó este año, un informe elaborado conjuntamente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD CABA). Examinando los datos y estándares de derechos humanos en relación, con el tenor de las acciones para resolver el problema, el panorama que resulta no es auspicioso. Entre otras cuestiones, argumenta que las premisas de los Programas asociados al “Orden y limpieza” han incentivado situaciones de violencia institucional ejercida contra personas en situación de calle. En similar argumentación, los informes de Naciones Unidas sobre una Vivienda Adecuada -Dr. Balakrishan Rajagopal- y sobre la Pobreza Extrema -Dr. Olivier De Schutter- enviaron una comunicación al gobierno nacional transmitiendo su preocupación por las “medidas e intervenciones discriminatorias” que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires contra las personas en situación de calle y de quienes participan de la economía informal.”

Los factores que están por detrás del aumento de las personas en situación de calle son muy diversos, pero no es de soslayar el papel que le cabe a las dificultades para acceder a la vivienda, tanto en Buenos Aires como en el conjunto del país. En efecto, las estrategias de las personas en situación de calle para pagar una noche en un hotel-pensión o en una casa tomada o en una villa, remiten a la vulnerabilidad extrema de muchas de las personas. No hay medias, plantas, biromes, o estampitas –esos objetos característicos del comercio informal– suficientes para resolver situaciones críticas que se multiplican. Homeless y squaters –como se los denomina en otras ciudades– muestran la existencia de un problema y de una serie de programas públicos para resolverlo.

En ese sentido, no deja de sorprender que, en julio de 2025, cuando la ola polar atravesaba la ciudad y el país, las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebraban los desalojos. Se argumentaba que la “propiedad privada se respeta” y en esa línea se habían recuperado y devuelto a sus dueños más de 375 inmuebles. Entre ellos, se desalojaron las familias de la Casa Blaquier, propiedad del Gobierno porteño, ocupada hace 40 años. ¿Es válido ponderar la “restitución” del edificio a sus dueños, cuando se trata de un inmueble del Gobierno de la Ciudad? Se supone que una propiedad pública, es patrimonio de los habitantes de la ciudad. Y, como es habitual en otras latitudes, en momentos de crisis, se recurre al patrimonio público (inmuebles, espacios, recursos, formulación de programas adecuados a las necesidades de cada grupo). ¿Como consecuencia, se irán sumando homeless a las calles? Como planteamos en otras ocasiones, no se trata de contraponer público y privado sino de ponderar situaciones y momentos. En este contexto, proceder al desalojo, ofrecer subsidios habitacionales con un monto irrisorio para quienes no pueden acceder al mercado inmobiliario, parece un camino que profundiza los conflictos y demora las soluciones. 

  El informe del CELS, al igual que los de otras organizaciones, recuerda que “la Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3706 de Atención Integral a las Personas en Situación de Calle (2010) establece como responsabilidad del Estado aplicar un enfoque integral y coordinado interjurisdiccionalmente para proteger y garantizar los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo. En particular, contempla promover acciones para erradicar la discriminación; generar políticas públicas en salud, educación, vivienda y trabajo y cultura; garantizar acceso a programas de salud mental y consumo problemático; realizar relevamientos poblacionales anuales y destinar presupuesto específico para estos programas.” Es cierto que no es fácil de cumplir pero debería ser, en cierto modo, el horizonte de los programas.

2. Los que “viven” en la calle son criminalizados. En muchos discursos oficiales, parece que la preocupación central consiste en “recuperar” los espacios públicos para “los vecinos”, para la “gente de bien”.
Es curioso, pues detrás de estos argumentos, persisten las oposiciones decimonónicas, entre “sucio y limpio”, “enfermo y sano”, “pobres y ricos”, algo pre-darwinianas. Ni todos los vecinos son gente de bien, ni todos los que viven en la calle son delincuentes, y entre unos y otros se juega la calidad de la sociedad urbana. Los higienistas, aún antes de Louis Pasteur, descubrieron con las epidemias que las enfermedades se vinculaban con una particular solidaridad entre pobres y ricos: “allí en los arrabales se aglomera todo cuanto hay de malo, de inmundo, de miserable, de corrompido y de mal sano. Allí va, podemos decir, la espuma de la ciudad, lo que arrojan sus calles centrales, lo que rechazan sus casas lujosas y decentes, tanto en materia de industrias, de profesiones, de medios de ganar la vida, como establecimientos de perversión y de insalubridad. (...) Los desperdicios de las calles centrales inevitablemente retornan a ellas: mandando sus productos dañosos por la atmósfera, como si los suburbios quisieran vengarse del abandono arrojando en las ventanas de las ricas habitaciones el mal olor de la peste,” decía Eduardo Wilde, en 1877. Por detrás de esa mirada apocalíptica se promovía una acción estatal en pro de la salud del pueblo, mientras se iba poniendo en primer plano el rol del “ambiente” por sobre el de la “herencia”. Las lecciones decimonónicas de estos médicos, fueron retomadas por los reformadores y el progresismo del siglo XX que mostraron que se necesitaban programas específicos y políticas estructurales que contemplen las causas y los términos del problema. Las disciplinas que se ocuparon de la sociedad urbana en el siglo XX, trataron de comprender las diferencias sociales, los que necesitaban ayuda, sin confundir delincuentes con quienes no pueden pagar un techo. En ese sentido, es difícil escuchar discursos que argumentan que hay quienes evaden los paradores y prefieren vivir en ranchadas en las plazas públicas.

3. El tema no es sencillo, pero invisibilizar o criminalizar no parece un camino pertinente.
La Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle (PSC) afirma que existe una tensión entre la sobreexposición de la problemática y la invisibilización: “Los sin techo están en la vía pública, a la vista de todos pero las plataformas políticas casi no proponen un abordaje integral de la situación. Esas tendencias tienen el aval de las mayorías y se confirman cada vez que una persona tira un colchón en la vereda, en la entrada de edificio, en un cajero automático o una esquina, y la policía recibe llamados pidiendo que la saquen.”

En síntesis, parece urgente identificar el problema en sus propios términos, pues los que viven en “situación de calle” son también vecinos. ¿Acaso la ciudad no es el lugar de interacción social por excelencia? Desde esa perspectiva, cómo enfrentamos, entonces, los dilemas de la población en situación de calle en Buenos Aires. Simplificar situaciones complejas no parece conducente. Sobre todo porque “ellos” son parte de nuestra comunidad. Tal vez, una prioridad sea entender lo que está en juego en cada caso, mejorar la información, identificar la diversidad de situaciones y las necesidades para diseñar acciones adecuadas y eficaces para poder, luego, sobre esa base, atender a esa amplia población que espera en las calles ser incluidas en la ciudad…
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“Personas en situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires” - Abril 2025. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD CABA)
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