Gastón Garriga. 17/11/2022. Página 12
La Provincia abrió los sobres de la segunda licitación para la construcción de 693 viviendas en el predio de Guernica, partido de Presidente Perón. La historia de una toma paradigmática y de una respuesta que marca un punto de inflexión en torno a las respuestas estatales ante la problemática habitacional.
José Iza es padre de tres hijos. Habla sereno, castizo. Uno podría imaginar que migró desde una provincia del NOA, pero vino de Ecuador, hace ya 16 años, y se siente plena y orgullosamente integrado a la comunidad.
Recién se había separado cuando el combo de pandemia y la cuarentena le impedía saber hasta cuándo podría hacer frente al pago del alquiler. "Supe de la toma por unos vecinos. El grupo inicial era pequeño, pero enseguida se sumó gente” cuenta sobre el movimiento que lo llevó a Guernica en julio del 2020. “Fue una toma espontánea, todos muy necesitados, desesperados. Hubo más tensión con las organizaciones que vinieron después que con el barrio lindero", cuenta en diálogo con Buenos Aires/12.
Con el paso de los días, cuando llegó el Estado, la situación requirió algún grado de organización para facilitar el acceso a la ayuda. Así, Iza se convirtió en uno de los delegados de la toma en la negociación con el gobierno provincial. "La tarea siguió después de abandonar la toma. Había que informar a las familias cómo avanza el proceso, y garantizar que todos reciban la ayuda social", cuenta recordando los días posteriores a la parte más álgida del conflicto. La toma se había extendido por unos 90 días y más de 800 familias terminaron ocupando y demarcando lotes en el predio de 57 hectáreas en la ciudad cabecera del partido de Presidente Perón.
El gobierno provincial inició entonces una ardua tarea que consistió primero en censar a los ocupantes, facilitarles el acceso a toda clase de políticas públicas y buscar un acuerdo, familia por familia, para que aceptaran un desalojo pacífico a cambio de una vivienda futura.
Este miércoles, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que conduce Andrés Larroque, abrió los sobres de la segunda licitación para la construcción de 693 viviendas en el predio, que se entregarán en 12 meses.
“La subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de una inversión de $36.117.367, llevó adelante la apertura de calles; la confección de los planos de altimetría, de mensura y subdivisión de lotes; y la escrituración a favor del municipio de Presidente Perón de las 57 hectáreas del predio. También se llevaron a cabo tareas de acondicionamiento del predio tales como el desmalezamiento; la limpieza y cegado de pozos; cercado; tendido eléctrico, instalación de luminarias, bases para torre tanque, perforaciones de agua y suministro para tanques existentes; mientras que se trabaja en el mejoramiento y la forestación de las calles adyacentes. Ya se encuentran aprobados los proyectos de obras hidráulicas (Autoridad del Agua); de red de agua y cloacas (AYSA); de energía eléctrica (Edesur) y de Gas (Metrogas)”, afirma el comunicado que da cuenta del avance de la iniciativa oficial.
José confía en que se cumpla el plazo de entrega. "Hasta acá hubo respuesta satisfactoria. Ya hay unas 25 casas, de la gente más necesitada, que se construyeron con materiales entregados por el ministerio, con cooperativas y sistema de autoconstrucción", asegura.
La respuesta oficial a la que alude Iza abarca desde un Centro de Formación Laboral (CFL), que ya cuenta con más de 100 estudiantes, un jardín de infantes, tres edificios de salones de usos múltiples (SUM) y tres playones deportivos, proyectos que fueron pensados para una integración con vecinos y vecinas de barrios aledaños al predio y que ya se encuentran aprobados, y la asistencia a las familias con productos alimenticios y de limpieza y, en algunos casos, materiales de construcción.
La vivienda es una de las dimensiones que abarca la denominada "pobreza estructural", que mide el ministerio de Obras Públicas de la Nación, y afecta especialmente a familias monoparentales, con mujeres a cargo de la jefatura de hogar. De acuerdo a estudios de opinión de la encuestadora Zuban Córdoba, el acceso a la vivienda es una de las preocupaciones centrales de los jóvenes.
El de Guernica fue el último episodio paradigmático en torno a la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires. Existe, en el conurbano sur, una tradición de organización popular para ese tipo de acciones que data de fines de la dictadura. Muchas veces con apoyo de curas y estructuras eclesiásticas de base. Frente a esta realidad, la decisión del gobernador Axel Kicillof en octubre de 2020 fue la creación de la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, dependiente del Ministerio de Gobierno, para agilizar las soluciones. Por eso, también, la política representa un punto de inflexión respecto de respuestas estatales anteriores.
Fue la ley 14.449, conocida como “de acceso justo al hábitat” o de “plusvalía urbana”, la que permitió destrabar el conflicto. El proyecto urbanístico fue posible por un acuerdo entre el Estado provincial y desarrolladores del emprendimiento Bellaco S.A, que en cumplimiento de lo que dispone esa norma, cedieron las 57 hectáreas al municipio de Presidente Perón. Muchas veces, las soluciones a las demandas de vivienda implican traslados, por motivos de dominio o disponibilidad de tierras. En esta ocasión, las viviendas se construyen en el mismo predio donde ocurrió la toma, sin afectar el arraigo de las personas.
En diálogo con este medio, la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, aporta una mirada integral del tema. "Esto no es sólo un plan de vivienda. Es mucho más que eso, hay que convertir un campo pelado en barrio habitable. Esto implica inversión y trabajo: trazar calles, traer servicios, establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, salita de primeros auxilios, plaza, playón deportivo”, describe. “Todo esto es posible porque se logró de parte de los propietarios de la empresa Bellaco, que planea hacer un country, la entrega anticipada de la tierra. Es decir, condiciones más favorables que las previstas por la ley. Históricamente la respuesta pública a las tomas era el desalojo", afirma en las puertas de una nueva etapa para la vida de los vecinos de Guernica.