Hernán Reyes
PARA LA NACION
La Ciudad está atravesando una de las transformaciones más importantes de su historia. El volumen y la calidad de obras que estamos llevando adelante en los últimos años son la evidencia de una contundente decisión política del Jefe de Gobierno de la Ciudad: administrar el estado de manera eficiente y transparente para que los recursos de los vecinos vuelvan a los vecinos.
Todas las intervenciones en el espacio público tienen un rasgo en común, que es mejorar la calidad de vida las personas, ya sea mejorando su posibilidad de esparcimiento, cuidando su tiempo y su seguridad, mejorando las condiciones para desarrollar su trabajo o actividad económica o atendiendo demandas muy postergadas que hacen a la dignidad de las personas.
Después de tantos años de obras, todos somos más exigentes. Somos exigentes porque queda mucho por hacer y porque nos dimos cuenta de que es posible.
Todos los ciudadanos hacemos un gran esfuerzo en aportar nuestros impuestos, los pagamos y sabemos lo que cuesta hacerlo. Ese esfuerzo vuelve en dos formas, primero en la obra pública y servicios, y también en la rendición de cuentas. Después de varios meses de trabajo, presentamos la Ley de Obra Pública en la Legislatura de la Ciudad. Queremos incorporar las mejores prácticas internacionales en la rendición de cuentas, transparencia y accesibilidad de la información, en sus mecanismos para prevenir la corrupción, y en generar condiciones de previsibilidad para abaratar los costos de los contratos entre el Estado y las empresas.
Planteamos una ley de vanguardia que aspire a utilizar los medios a disposición, aprovechar Internet y su accesibilidad, así como la capacidad de cargar información de forma dinámica para su mejor entendimiento.
Creamos un sistema de obra pública que se realiza obligatoriamente a través de una plataforma digital que permitirá a los ciudadanos acceder a todas las etapas de la contratación electrónica y su posterior ejecución. Queremos que el vecino pueda controlar el avance de la obra en tiempo real. Este es un desafío enorme para nosotros, adaptar el sistema será un gran trabajo pero es necesario animarnos a dar un salto de calidad.
El salto técnico no solamente trae beneficios asociados a la transparencia, también permite eliminar sistemas de licitación sin concurrencia abierta. Hoy, en Internet se puede publicar un llamado a una licitación y que cualquier empresa presente su oferta. Esto equivale a más empresas compitiendo y, probablemente, mejores precios o proyectos de mejor calidad.
La libre concurrencia implica que no se requerirá invitación para participar en un procedimiento, por lo que cualquier contratista al observar la contratación en el Portal Web de Contrataciones Electrónicas de Obra Pública puede participar sin ningún tipo de restricción. Esto también disminuye la posibilidad de las empresas de cartelizar ofertas o de los funcionarios de dar privilegios.
A ello se añade la prohibición de exigir el requisito de comprar el Pliego e incluso de exigir una adquisición previa del mismo, por lo que de este modo se elimina la posibilidad de concertar posturas entre eventuales participantes porque no sabrán quienes son efectivamente los postulantes.
En este mismo sentido, queremos un sistema más eficiente que prescinda de todo tipo de arbitrariedades. Se restringe y se establecen límites concretos a la utilización de herramientas como es el caso de los adicionales de obra y los anticipos financieros.
Por su parte, se crea un régimen que genera un claro marco de previsibilidad ante determinadas situaciones que se presentan con frecuencia en la ejecución de obra pública, logrando de este modo reducir fuertemente el margen de arbitrariedades para el funcionario público, que ahora tiene penalidades claras ante el contratista que incumple, y por otro lado, le da expresas garantías a los contratistas que cumplen para no depender de la buena voluntad del funcionario al momento de hacer valer sus derechos.
En nuestra historia reciente tenemos mucha experiencia en la que valernos, tanto positiva como negativa. La Argentina corporativa empezó a desmoronarse y con ella emerge a la luz los aprendizajes de los errores del pasado, y la enorme oportunidad de vivir mejor.
El proyecto prevé cláusulas expresas anticorrupción para evitar que la Ciudad contrate con personas con antecedentes en éste tipo de hechos, como un claro mecanismo para evitar conflictos de interés entre los funcionarios y los participantes de la licitación.
Mostrar que se puede hacer más y mejor obra pública nos permite imaginar una ciudad más desarrollada. A esa expectativa que hemos creado, esta ley viene a aportar la infraestructura legal para controlar, valorar y potenciar lo que somos capaces de de hacer.
El autor es legislador porteño por la Coalición Cívica-ARI, bloque Vamos Juntos.