Observatorio Metropolitano

“La Ciudad pone un muro contra la barbarie del conurbano“. Así publicita el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) la ”operación muro" con la que busca “blindar” a los “porteños de bien” a través de colocar policías en los accesos a la Ciudad desde el Gran Buenos Aires (GBA). Especialistas de organismos de derechos humanos advierten a Página/12 que los operativos “segregativos” de narrativa trumpista y mimetizada con el relato de Milei, violan el derecho a la libre circulación de los estigmatizados habitantes del conurbano y forman parte de un proceso de ”espectacularización" de las intervenciones policiales que “busca un rédito electoral con poco impacto real en la prevención del delito”.

Corría la noche de un jueves cualquiera cuando los “bonaerenses del mal”, a pie o en sus autos, motos o colectivos, se toparon con un llamativo escenario en 27 pasos peatonales, 48 accesos vehiculares y otros “puntos estratégicos” de las autopistas Perito Moreno, Dellepiane y 9 de Julio: una barrera de uniformados de la Policía porteña interrumpía el tránsito, pedía documentos y revisaba antecedentes “para proteger a los porteños de bien”, según informó el GCBA.

Despliegues relámpago

El “despliegue sorpresa demandó una masiva movilización de recursos”, reconoció también el propio Gobierno porteño, que utilizó fuerzas especiales, patrulleros, motos, drones, helicópteros y hasta la división de canes. El resultado: “cuatro detenidos, entre ellos un abusador sexual con pedido de captura” y “nueve imputados por drogas, documentación falsa y vehículos adulterados”, según informó el GCBA.

Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del CELS, advierte que “los operativos que vienen realizando son un ‘como si’ permanente”. “Tienden a intentar mostrar con mucha espectacularización que están haciendo algo, cuando en términos de efectividad no hay evidencia de que sirvan para reforzar la seguridad. Que hayan detenido a trece personas da cuenta de que esto no va al nudo de ninguna problemática delictiva”.

Coincide con ella Rodrigo Pomares, coordinador del área de justicia y seguridad y director del programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM): “Son políticas con una cuota muy alta de demagogia y una evidente búsqueda de rédito electoral. Por el contrario, tienen poco impacto en la prevención del delito y particularmente, si hablamos de los grandes mercados ilegales como el narco o los que tienen una estructura organizada de delito”, señala.

Los dos apuntan que es importante introducir la “operación muro” en el marco de los diversos operativos denominados de “saturación” que viene realizando el Gobierno porteño con la premisa de mantener la “ley y el orden”: el desplazamiento de vendedores ambulantes de la vía pública, los desalojos administrativos sin orden judicial, los operativos sorpresa en los subtes y el llamado “Tormenta negra” que hace unas semanas desplegó en los barrios populares de la ciudad con números tan poco exitosos como el del muro.

“Nosotros realizamos un pedido de información pública sobre los operativos que vienen haciendo en el subte. Encontramos que de alrededor de 1400 averiguaciones de identidad, detuvieron a una sola persona. En el “Tormenta negra” se ingresaron 14 personas y sólo dos resultaron en un proceso judicial, el resto fueron liberados”, subraya Darraidou.

Pomares añade que los operativos “forman parte de una política claramente segregativa en la búsqueda de blindar la ciudad de aquellos que consideran negativos”. Sostiene que “constituyen una estigmatización de barrios enteros que después tiene un impacto en las situaciones de violencia policial porque dan carta blanca a intervenciones violentas”. Agrega que la serie de operativos “muestra una asimilación muy grande a las políticas y narrativas del Gobierno nacional”.

Las analogías son evidentes: la utilización oficial de la fórmula “porteños de bien” remite directamente a la fórmula “argentinos de bien” utilizada por Javier Milei, mientras que la lógica del “muro” se desprende de las propuestas de Donald Trump para cerrar la frontera de Estados Unidos con México.

El uso político de la cuestión se hace aún más evidente en las propagandas del operativo que mencionan al gobernador bonaerense: “Un muro contra la barbarie de Kicillof”, fue la frase que esta semana eligió el PRO porteño para apoyar la “operación muro” en sus redes sociales oficiales, mientras que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, ya había publicitado el operativo como “un muro de control contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof”.

“Se cae el disfraz republicano”

La voz oficial que salió a responder desde Provincia fue la de Augusto Costa, Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, que aseguró en su cuenta de X que “el macrismo porteño después de 20 años de gobierno está en crisis” y que “la desesperación por disputarle votos a la ultraderecha lo llevó a abandonar definitivamente el disfraz republicano y se volvió una fuerza rancia y reaccionaria”. “Hoy adopta el show de la crueldad y la discriminación para tapar lo evidente: su total incapacidad para resolver los problemas de los porteños”, completó.

Para Darraidou, “es muy grave pensar que dos distritos que son vecinos puedan aparecer en términos de enemistad o a partir de una idea de que los habitantes vienen a generar daño en el otro distrito como potenciales delincuentes en zonas que en realidad, son de tránsito constante”. “Sería intolerable que en la trama formal de la Ciudad, por ejemplo, de un momento al otro se detuviera a todo el mundo cuando en la esquina de Avenida Santa Fe y Coronel Díaz”, apunta con ironía. Pomares recuerda que “en Argentina no hay fronteras internas, no existen aduanas internas ni límites que puedan restringir el ingreso a un territorio ni controles poblacionales masivos, por lo que esto constituye una restricción al derecho a la libre circulación”.

Es un dato paradójico, además, si se tiene en cuenta la importancia que tanto el oficialismo porteño como el nacional le dan a la cuestión de la interrupción del tránsito cuando de movilizaciones o piquetes se trata. “Las restricciones policiales a la libertad ambulatoria deberían ser mínimas, hay estándares legales sobre esto que restringen la intervención de las fuerzas en esa libertad. No se puede constituir un muro para que las personas dejen de pasar”, concluye Pomares.