Página 12 - Por Nicolás Romero
Con el foco puesto en frenar los desalojos que amenazan con dejar a muchas familias en la calle, se realizó en la Legislatura porteña el segundo encuentro para debatir la emergencia habitacional en la Ciudad. Durante la reunión, legisladores de la oposición, organismos públicos descentralizados y organizaciones sociales debatieron los diversos aspectos de la problemática socio-habitacional en la búsqueda de articular los diferentes proyectos existentes para declarar la emergencia en la Ciudad, donde el 38 por ciento de la población alquila, el 15 por ciento vive en villas y el 5 por ciento en hoteles e inquilinatos. La legisladora del Frente de Todos Laura Velasco, organizadora del debate, dijo que “si bien el eje central fueron los desalojos, el tema es más amplio, abarca a las más de 7000 personas en situación de calle, la urbanización de las villas, los subsidios habitacionales que no alcanzan y a las familias que no pueden seguir pagando el alquiler”.
El derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada forma parte de los llamados derechos sociales, y a pesar de que está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales, en la Ciudad de Buenos Aires no se cumple, como denuncian desde hace años las diferentes organizaciones ligadas a esta temática. En este sentido, en un contexto de crisis socio-económica general, el proceso de deterioro habitacional toma distintos formatos, algunos de ellos son: el aumento de la población en villas y de la gente en situación de calle, el proceso de inquilinización, el incremento de las personas que viven en hoteles e inquilinatos, la dificultad de las familias para sostener el pago de un alquiler, la imposibilidad del acceso al crédito para la vivienda y el incumplimiento del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) de dar soluciones en materia de vivienda en casos de desalojos como establece la ley 341, entre otros.
En diálogo con este diario, Velasco sostuvo que “el tema central tiene que ver con frenar los desalojos porque cuando se levante la feria judicial hay unos 200 que son una amenaza inminente para muchas familias. Pero está claro que el problema habitacional es mucho más amplio. Pero en este contexto, que se declare la emergencia habitacional implica plantear si se pueden frenar los desalojos por un tiempo, y eso es una cuestión que vamos a dialogar con el Congreso nacional porque significa frenar juicios del fuero Civil y Comercial que no es competencia de la Ciudad”.
“Pero al mismo tiempo, hay que tratar los otros temas. La urbanización de los barrios populares, el acceso a la vivienda a través de las cooperativas de trabajo como fija la ley 341, los problemas de infraestructura de los complejos habitacionales, los subisdios, resolver el problema de los créditos usurarios que dio el IVC atados al UVA (Unidades de Valor Adquisitivo). Así como también los temas vinculados a las tierras públicas de la Ciudad. Porque en definitiva los que se discute es el modelo de ciudad y el acceso a la vivienda y al hábitat saludable cuando está primando el negocio inmobiliario”, remarcó.
Por su parte, Patricio Clare, a cargo de Vivienda y Hábitat de la subsecretaría de Derecho Social de la Defensoría del Pueblo dijo a Página|12 que el déficit habitacional atraviesa a todos los sectores de la clase media alta para abajo. Hubo un proceso de inquilinización en los últimos 15 años a los que se suma un esquema muy grande de familias que viven en hoteles y en complejos habitacionales". "Aunque hay distintas estrategias entre las organizaciones que participaron del encuentro, hay ejes comunes para avanzar en la mesa de trabajo que se propuso y tratar de consensuar un proyecto común”, explicó Clare.
Del encuentro, que se repetira en febrero, participaron legisladores del FdT, del PTS-FIT y de Autodeterminación y Libertad y representantes de la CTA, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Somos Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa (CCC), La Boca Resiste y Propone, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Cátedra de Ingeniería Comunitaria (UBA), Proyecto 7, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, entre muchos otros.