31/10/2020 Clarín.com ARQ Arquitectura
Fernando Murillo
Opinión
El plan integral y sustentable que deberían encarar el Estado y los municipios para lograr una sociedad más inclusiva.
Los terrenos de Guernica después del desalojo. Foto: Juan Manuel Foglia
Ante el fenómeno de la toma de tierras, la sociedad se divide en dos grupos: quienes creen que es un problema del déficit habitacional exacerbado por la crisis social y económica de la pandemia y quienes creen que los derechos de propiedad se imponen sobre cualquier otro derecho, reduciendo el tema a una cuestión de seguridad ciudadana que debe ser atendido con medidas más severas de vigilancia.
Pero más allá de las diferencias, ambas posiciones coinciden en que el problema central es la ausencia del Estado en velar por el cumplimiento de derechos básicos. Es decir que las diferencias no están tanto en el fondo de la cuestión
-la responsabilidad del Estado en seguridad y hábitat-, sino en cómo lograr que dicha responsabilidad se materialice.
Esto reduce el problema a la mitad ya que existiendo consenso en la necesidad que el Estado asuma esa responsabilidad, legitima la discusión sobre el modelo más eficiente y eficaz para hacerlo resultando más factible de resolver apelando a la experiencia. Dilatar la decisión de actuar en forma integral y sustentable lleva inexorablemente al enfrentamiento entre clases sociales, al deterioro de la paz y a la necesaria cohesión para enfrentar los desafíos de la post-pandemia.
La topadora terminó con las construcciones precarias en los terrenos de Guernica. Foto: Luciano Thieberger.
Es evidente que este problema no es nuevo y que, si bien ha ido incrementándose en las últimas décadas, es necesario resolverlo lo más rápido posible. Las respuestas históricas se han focalizado en la provisión de vivienda “llave en mano” financiadas por el estado a “fondo perdido”. Esta solución es costosa: implica la adquisición de suelos, infraestructuras y construcción. Como consecuencia, la oferta siempre resulta insuficiente para paliar la creciente demanda de viviendas asequibles.
La segunda opción han sido los “lotes con servicios”, en los que se subdivide tierra vacante y se provee infraestructuras donde las familias pueden autoconstruir sus viviendas. Esta solución termina siendo igualmente costosa ya que los períodos de construcción son largos y de poca calidad. Una tercera opción es estimular alquileres asequibles a partir de la creación de un sistema cooperativo de inquilinos y ocupantes asociados o tutelados por organizaciones civiles.
Frente a la pandemia, estas opciones tienden a estar fuera de la escala del problema, ya que la realidad demanda respuestas más rápidas y masivas. Es entonces cuando surge la necesidad de armar dispositivos de relocalización consensuada, sobre la base de modelos de tenencia progresiva de suelos generando soluciones transitorias en terrenos aptos disponibles.
El propio Estado puede tomar la iniciativa de planear y subdividir suelos, y proveer de infraestructuras y seguridad, con responsables claramente identificados. Así es posible que se eviten tomas anónimas que generan suspicacias y enormes riesgos de crear zonas sin control del Estado. No se trata solamente de encontrar un techo, sino además de atender todas las necesidades de estos grupos en términos alimenticios, de salud, y de educación, extendiendo una mano cariñosa a quienes sufren.
En una palabra, también en el cómo podemos reconocer que existen múltiples y valiosos modelos para responder a la problemática de las tomas, que si se sistematizaran y organizaran adecuadamente para ayudar a mitigar el déficit habitacional y prevenir de esta forma nuevas tomas. Al respecto es destacable el rol fundamental que juegan los municipios -esa instancia del Estado que está más cerca de la gente-, en armar y estructurar programas de respuesta habitacional integral.
Cuando empezó la pandemia, todos quienes trabajamos en el campo del hábitat popular teníamos en claro que las tomas de tierras iban a ocurrir irremediablemente. En mi caso, con experiencia en la atención de refugiados en el contexto de guerras y hambrunas, la irrupción de la pandemia me retrotrajo a escenas muy similares ya vividas de conflictos armados y con grupos escapando, ahora de la ciudad y sus sitios congestionados, buscando ponerse a salvo.
Las tomas de tierras me recordaron los campos de refugiados, solo que, a diferencia de ellos, los asentamientos no disponen de agua potable, ni medios de energía, ni seguridad, ni nadie que los represente ni vele por sus intereses. Las tomas son actualmente las postales dolorosas de la orfandad más absoluta.
Las personas que van a vivir en dichas condiciones representan una oportunidad para cualquier sociedad que se precie de defender un estado de derecho.
Un barrio de viviendas entregado pro el plan Procrear. Foto: Rafael Mario Quinteros
En algún momento, la experiencia de armar campos para cientos de miles de refugiados en pocos días y en contextos aún más difíciles me llevó a proponer a algunos municipios que ellos mismos promuevan, como política pública, procesos de autorrelocalización consensuada en barrios populares como medida de prevención de contagios en terrenos y propiedades.
Siempre las crisis humanitarias han servido para movilizar a la humanidad a encontrar soluciones, no solo a la emergencia que enfrenta, sino también a los problemas del pasado no resueltos.
En dicha situación extrema, la discusión en torno a cómo el estado puede responder asegurando el cumplimiento de derechos humanos y las leyes debe contener los siguientes elementos básicos:
1. Designar a un responsable estatal: gobiernos locales coordinados con provinciales y el Gobierno Nacional creando unidades de gestión con mandatos específicos, que incluyan el financiamiento de las operatorias articulando recursos públicos y privados;
2. Censar: disponer de información básica de cuánta gente hay en cada área, documentos de identidad, composición familiar y datos sociales que fundamenten un plan de apoyo;
3. Chequear terrenos: verificar su aptitud para determinar cuáles de las tomas son convenientes de urbanizarse y si los dueños de las tierras están dispuestos a negociar;
4. Organizar: en alguna forma de asociación civil, cooperativa o grupo de base que los represente legalmente con una estructura de funcionamiento constituida y auditable;
Prototipo de vivienda social sustentable elabordo por estudiantes de la Universidad de San Martín.
5. Presupuestar: elaborar los costos de una respuesta habitacional específica;
6. Coordinar implementación: entre los distintos actores que necesariamente deben estar involucrados;
7. Monitorear y evaluar: midiendo avances en el cumpliendo del objetivo último de bienestar e inclusión socio-urbana.
Nadie dice que sea sencillo lograr llevar adelante estos pasos, pero sí que mientras más se dilate la decisión de avanzar en un plan integral y sustentable, más difícil será su implementación. Renunciar a intentarlo es ciertamente el camino seguro al fracaso.
Hoy hay una oportunidad de responder con justicia a una deuda pendiente de muchas décadas. No entusiasmarse con la idea de construir una sociedad más inclusiva es perder un rasgo de humanidad imprescindible para sobrevivir y trascender.
El autor es Director del programa de investigación e interdiseño para el desarrollo urbano sustentable IDUS, Universidad de Buenos Aires.
GB