Observatorio Metropolitano

La transformación del sector conocido como La Containera fue uno de los logros más simbólicos de la urbanización de la villa 31, porque transformó un espacio ocupado por cientos de contenedores de transporte marítimo en edificios con nuevas viviendas, un centro educativo, plazas y otros espacios públicos. Allí hoy terminó de ejecutarse una orden judicial para desactivar una toma con 50 familias del barrio. En el terreno que estaba ocupado se construirá una escuela con niveles inicial y primario.

El operativo se inició en las primeras horas de la mañana y generó un clima de tensión entre las fuerzas de seguridad y los vecinos, algunos de los cuales intentaron resistir el desalojo. Sin embargo, sobre el mediodía el predio se encontraba casi vacío, sin ocupantes ni sus pertenencias, con un alambrado perimetral y seguridad para impedir que se repita una situación de conflicto.

Norma Espinola (der.), su hija Dana y María Garzete (izq.) vivían en la tomaTomás Cuesta

Antes del desalojo habían sido censadas 152 personas instaladas en el predio, pertenecientes a 52 familias. Según el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, a todas se les ofreció hospedaje en centros de inclusión, aunque solo cinco familias aceptaron el traslado y las otras 47 regresaron a viviendas que ya tenían en el barrio. Para el gobierno de la ciudad, se trató de un operativo pacífico, sin violencia, y una toma que encontró la oposición de otros vecinos “que están de acuerdo con el plan de integración que se está llevando a cabo”.

Sin embargo, algunos de los ocupantes de la toma, en su mayoría mujeres con niños, denunciaron algunos maltratos por parte de los encargados del operativo, intimidaciones y hasta incendios intencionales de las precarias casillas para acelerar el desalojo. Algunas de las mujeres que ocuparon el predio decían haber escapado de situaciones de violencia de género y no poder ingresar al sistema de alquileres que rige en la 31, con los precios en alza y ciertas limitaciones para familias numerosas.

Graciela Sosa, una de las voceras de las familias del asentamiento, denominado Fuerza de Mujeres, explicó ante los medios: “Ahora no sabemos adónde vamos a dormir con nuestros hijos. Hace más de tres meses que estamos en el asentamiento. Armamos el asentamiento porque no tenemos un lugar para vivir”. La mujer agregó: “Estamos por el derecho humano a una vivienda, estamos por el derecho de las mujeres y de las madres, a tener una vivienda digna donde vivir porque los alquileres de la villa no los podíamos pagar más. Hoy nos quedamos a la deriva”.

Unas 50 familias, mayormente compuestas por mujeres y niños, fueron desalojadas de un predio en la villa 31 de RetiroTomás Cuesta

En el procedimiento intervino el programa Buenos Aires Presente (BAP) que ofrece abordar cada caso de las familias de forma particular para asegurar, entre otras cosas, la escolaridad de los niños alojados en un centro de inclusión incluyendo el traslado diario a las escuelas y otras necesidades. Del total de las familias que realizaron la toma, 17 de ellas ya contaban con asistencia del programa habitacional para personas en situación de calle.

Origen de la toma

La toma se gestó el 30 de junio por la noche con algunos referentes del Movimiento Popular La Dignidad con el apoyo de distintas organizaciones sociales, entre ellas, el Movimiento Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Popular La Dignidad y el CTD Aníbal Verón. Desde ese momento, se abrió un canal de diálogo con diferentes estrategias de acercamiento, pero las negociaciones no lograron los resultados deseados.

Los ocupantes del predio denunciaron que se provocaron algunos incendios para acelerar el desalojoTomás Cuesta

Tras agotar las instancias de diálogo, el gobierno porteño acudió a la Justicia para pedir la liberación del predio. La causa recayó en el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 12, a cargo de la jueza Patricia Larocca, con la intervención de la fiscal Valeria Massaglia.

Como las familias continuaban instaladas en el predio cercano a La Containera, el 16 de julio la Justicia resolvió establecer 72 horas para que los ocupantes abandonaran el lugar. El plazo se cumplió sin novedades, entonces la fiscalía continuó con el proceso judicial correspondiente y, como consecuencia, se ordenó ahora el desalojo del lugar.

En la toma había familias formadas por mujeres y niños que, según dijeron, habían quedado excluidas del sistema de alquiler de la 31Tomás Cuesta

“El terreno tomado es un espacio clave para el avance de la urbanización y un paso más hacia la integración social, ya que está destinado a la construcción de una escuela para los chicos del barrio. Una vez en funcionamiento contará con nivel inicial y primario y tendrá capacidad para que asistan alrededor de 210 alumnos”, informaron desde el ministerio.

Chapas, maderas, nylons, lonas, caños y paneles de plástico sirvieron para levantar las casillas en el playón destinado a la construcción de la escuela, que aún no tiene fecha de inicio. Al lado del nuevo asentamiento que creció desde junio, se encuentran los nuevos edificios construidos para relocalizar a las familias que viven en otros sectores de la 31.

La Containera se encontraba en uno de los sectores más relegados de la 31 antes de la transformación, en uno de los extremos del macizo de viviendas, cerca del peaje de la autopista Illia. Las 110 viviendas nuevas fueron destinadas a los habitantes del sector Cristo Obrero, asentados donde se proyectaba la nueva traza de la Illia. Las casas donde vivían antes se demolieron y en su lugar se fueron colocando las bases de hormigón donde debían asentarse los tramos de la autopista, aunque ese proyecto fue cancelado y no hay certeza de que se retome.