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Jaime Rosemberg
Sin tensar del todo la cuerda ni cerrar los puentes de diálogo con la Casa Rosada, el gobierno porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, salió a defender la legalidad de la cesión por parte del gobierno de Mauricio Macri y en los últimos meses de su mandato de 31 inmuebles a la ciudad. La operatoria fue cuestionada por Alberto Fernández, que busca anularla por medio de dos decretos que se publicaron hoy en el Boletín Oficial.
"No hay nada que haya sido un invento de los últimos meses. Están los expedientes administrativos de todas las cesiones, son procesos muy largos que en algunos casos terminaron muy sobre la fecha de entrega del poder", afirmaron cerca del jefe de gobierno porteño. El argumento de los funcionarios porteños se contrapone con el accionar del gobierno de Fernández, que a través del decreto 149/2020 ordenó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que se encarga de administrar los bienes del Estado nacional, revisar y detectar eventuales irregularidades en la cesión de 31 inmuebles, como playas ferroviarias, el Paseo del Bajo y viaductos en distintos tramos de las líneas ferroviarias San Martín y Mitre.
El decreto 145/2020 -que también lleva la firma de Fernández- deroga a su vez el decreto 740 firmado por Macri, en el que facultaba a la AABE a "cancelar deudas y/o afrontar compromisos de asistencia económico-financiera y/o extinguir cualquier otra obligación pecuniaria que haya asumido el Estado nacional" con las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
El pedido de investigación de Fernández -en la Casa Rosada descuentan que ya hay razones suficientes como para sospechar de ilícitos e irregularidades que podrían derivar a una denuncia penal- llega en un momento tenso entre la Nación y la Ciudad, convertida en principal bastión del macrismo. En los últimos meses, desde el Gobierno ya anunciaron que buscarán reducir en al menos un punto el porcentaje de coparticipación que percibe la ciudad, que hoy llega al 3,5 por ciento de la masa coparticipable.
Desde la sede gubernamental de Parque Patricios se defienden de las sospechas. En relación con el Paseo del Bajo, en el que la Nación aportaba desde un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por US$400 millones, cerca de Larreta aseguraron que el Estado nacional acordó ceder bienes a la ciudad en noviembre de 2018 en reemplazo de fondos prometidos. Y que la firma de las escrituras "se fue demorando" por "falta de planos y títulos", y que por eso algunas se concretaron en el último trimestre.
La misma argumentación surge de los viaductos, cuestionados en Balcarce 50. Se trata de la cesión de siete inmuebles por $8500 millones en "pago" por fondos prometidos que no llegaron a las arcas porteñas. "El acuerdo de transferencia de esos inmuebles es de mayo de 2018, muchos de esos inmuebles no se pudieron vender, las obras siguieron y se generó un crédito para la ciudad de ese monto", afirmaron desde el gabinete porteño. En relación con las playas ferroviarias ubicadas en Caballito, Palermo y Liniers, afirmaron que "no se pueden vender sin el aval de Playas Ferroviarias de Buenos Aires (PFBA)", una sociedad del Estado cuyo principal accionista es la Anses, que en noviembre de 2019 pagó a la Ciudad obras futuras por adelantado cediendo parcelas por casi US$30 millones.
La interpretación política desde el riñón larretista es clara. "Esto es parte de una estrategia para tener alineado a Horacio y que no se les rebele", argumentaron a LA NACION cerca del jefe de gobierno porteño.
En la Casa Rosada negaron cualquier intencionalidad. "Lo que decimos es que hay que investigar. Hay una ley de fin de mandato (25.917) por la que no se puede vender activos en los últimos seis meses de mandato, y podemos pensar que esa ley se violó", señalaron desde un despacho importante. Se revisarán las escrituras que estén "en trámite", no así las ya concretadas.