14/03/2018 | Diario Clarín | María Belén Etchenique

Desde arriba. Vista del Riachuelo, a la altura de Soldati, desde un dron. / Mario Quinteros

Los funcionarios no pudieron precisar una fecha en una audiencia ante la Corte Suprema. Acusaron al ente responsable, ACUMAR, de "inoperancia" y "rediccionamiento" de recursos.

Tiene que ser más serio”, “Le pido que sea concreto”, “¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”, fueron algunas de las frases que la Corte Suprema de Justicia repitió durante la última audiencia pública de la causa Riachuelo. Los pedidos no funcionaron como exabruptos, sino como llamados de atención, recuerdos -por momentos, casi constantes- de la responsabilidad que pedía el momento. Ocurrió esta mañana en una jornada de tres horas, convocada por el máximo tribunal para que se rindieran cuentas sobre el fallo que ordena a los estados nacional, bonaerense y porteño a sanear en forma integral la cuenca Matanza-Riachuelo, la más contaminada de la Argentina. Un dictamen que en julio cumple diez años y que no se sabe cuándo se alcanzará. Ningún funcionario se animó a ponerle fecha, pese a la insistencia de los magistrados, pese a estar obligados a informar.

A diez años del fallo de la Corte, presentan los avances en la limpieza del Riachuelo
Sólo con preguntas la Corte Suprema dejó en evidencia el estado crítico en el que está la recomposición ambiental de la cuenca. No era un descubrimiento: desde el fallo, poco se hizo y muy lento. Pero el nivel de desinformación, dudas e imprecisiones de los funcionarios pocas veces irritó tanto al Tribunal y sorprendió -preocupó- a los asistentes. Por momentos, la sala de audiencias de la Corte, en el cuarto piso del Palacio de Justicia de la calle Talcahuano, parecía el despacho de un director de escuela primaria al que asistían alumnos que se habían portado mal. El carácter de las respuestas de los funcionarios, en especial, recordaba esa escena infantil.

- ¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir con la sentencia? ¿En qué tiempo? -preguntó el juez Ricardo Lorenzetti a las dos horas de iniciada la exposición de la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Dorina Bonetti.

-Nosotros vamos cumpliendo con la sentencia a partir del cumplimiento de cada una de las mandas, que se pueden mensurar por los indicadores…

-El tiempo -la interrumpió Lorenzetti y siguió: Le pido que seamos precisos. Usted debe tener una planificación que le permite estimar que va a cumplir la sentencia cuándo. ¿En un año, dos, diez?

-La planificación estratégica la estamos trabajando desde el año pasado...

-¿No la tienen? -volvió a interrumpirla, con una molestia más obvia.

-Nosotros nos regimos por el plan...

-¿La tienen o no la tienen? Concretamente responda.

Lo que siguieron fueron diez minutos en los que Lorenzetti dijo que ninguna de las metas impuestas en la sentencia se había cumplido, puntualizó que “hasta ahora (ACUMAR) estuvo siempre recalculando y cada funcionario nuevo -desde 2015 se cambió cuatro veces al presidente del organismo- parecía pretender que lo hecho en forma anterior no existía” y recordó que el saneamiento del Riachuelo es una obligación legal. Fueron diez minutos en los que repitió ocho veces la palabra cuándo hasta lograr esta contestación:

-No puedo darle una fecha con exactitud.

No fue el único juez que mostró su incomodidad. Horacio Rosatti estuvo entre los más críticos: “En el cumplimiento de una sentencia que lleva diez años, es relevante que ustedes (por ACUMAR) tomen razón de que están cada vez más lejos del cumplimiento del fallo”, dijo. Y, al comparar indicadores de 2010 con los actuales, diagnosticó que hay más retrasos y que ese problema se reproduce en todos los puntos: erradicación de basurales, respuestas habitacionales, saneamiento ambiental, etc. “¿Son conscientes de que, además del retraso histórico, están yendo más lento de lo que la realidad les demanda?", remató.

Minutos más tarde, la mayor crispación volvería a Lorenzetti, ante el director Nacional de Vivienda Social, Ramiro Masjuan. Al también pedirle mayor precisión sobre cuántas viviendas serán entregadas y en qué plazo, y frente a que el funcionario empezó a hacer cuentas en el momento, parado detrás del atril, le consultó: “¿Es una estimación que acaba de hacer o está firmado? ¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”.

También estuvieron presentes en la audiencia los ministros Carlos Rosenkranz, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. En el caso de la jueza, la mayor preocupación se centró en el seguimiento que se le está dando a los chicos que viven en la cuenca; contaminados con plomo, con erupciones, con asma, sarna, anemia, rodeados de basura y ratas, impedidos de crecer. Como al resto de los jueces, las respuestas no la tranquilizaron. Por último, Maqueda tampoco fue la excepción: su impaciencia giró en que, a meses de cumplirse diez años del fallo, un representante de AySA le informara que la construcción de una planta de tratamiento de agua en Berazategui no está incluida en el plan de saneamiento. “¿Cómo me va a decir eso? ¿Yo mismo en otras audiencias he consultado sobre esto?” "Sus antecesores jamás expusieron lo que usted dice", repitió atónito.

A las exposiciones las completaron el Cuerpo Colegiado, un ente civil que controla el avance del plan, y la Auditoria General de la Nación. "La inoperancia de ACUMAR agrava los daños a la salud pública", puntualizó el abogado y diplomático Raúl Estrada Oyuela en representación del Cuerpo. Del lado de la Auditoria tampoco hubo elogios y se habló de una subejecución del orden del 41% en 2016. Subejecutar significa redireccionar y quitar recursos que habían sido adjudicados a un fin a otro. La acción podría pasar inadvertida, pero en el Riachuelo es obvia, como la contaminación.

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A diez años del fallo de la Corte, presentan los avances en la limpieza del Riachuelo

14/03/2018 | Clarín
Los Gobiernos de la Ciudad, Nación y Provincia dan explicaciones hoy sobre el progreso del saneamiento.

La Corte Suprema de Justicia tendrá hoy una audiencia de seguimiento del fallo por el que hace 10 años ordenó a los gobiernos de la Nación, de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires limpiar el Riachuelo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. Es que uno de los puntos más conflictivos es la relocalización de las familias que viven en el Camino de Sirga, la franja costera de 35 metros a partir de la ribera que se convertirá en un corredor verde. Y aunque 700 familias ya se mudaron, aún quedan más de mil.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 10 en el Palacio de Tribunales, Talcahuano 550, donde estarán presentes funcionarios de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, del Estado Nacional, de los gobiernos bonaerense y porteño y de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).

La Defensoría de la Ciudad se quejó porque no fueron invitados a participar de la audiencia vecinos y delegados de las villas y asentamientos ubicados sobre el Camino de Sirga.

"Los vecinos siguen sin ser parte del proceso de relocalización y sus derechos continúan siendo vulnerados. La Defensa Pública planteó que uno de los desafíos más importantes en esta causa es procurar la participación efectiva, directa y real" de quienes se ven "afectados en su calidad de vida", señaló el defensor adjunto, Luis Duacastella.

El defensor dijo que "los vecinos organizados tienen derecho a efectuar consultas y reclamos que permitan la construcción de diálogos en la planificación y ejecución de políticas públicas. Ellos, desde siempre, fueron parte de la solución y no del problema", afirmó.

A finales del 2017 reubicaron a 118 familias de la Villa 26 (Barracas) y más de 500 de los asentamientos Luján y Magaldi; de El Pueblito (Nueva Pompeya), así como a otros tramos de la villa 21-24, también junto al Riachuelo. Con esta última mudanza, una de cada tres familias que vivían junto al Riachuelo (1.837 según un censo del 2015) fueron reubicadas en zonas donde no peligre su salud por motivos ambientales.

"El compromiso de la Ciudad es que para 2019 no haya ninguna residiendo en las riberas porteñas del Riachuelo", afirmó a Télam un vocero del organismo.