LA NACION | SOCIEDAD | Valeria Musse

La Corte le pide a la Acumar saber qué tareas ya se hicieron y cuáles faltan

A pocos días de cumplirse una década desde que la Corte Suprema de Justicia ordenara el saneamiento de la cuenca del Riachuelo y la mejora en la calidad de vida de la gente que reside a su alrededor, el máximo tribunal intimó ahora a la Autoridad de Cuenca (Acumar), e indirectamente a los gobiernos nacional, provincial y porteño, para que en 30 días informe de plazos "ciertos" para cumplir los objetivos.

Después de la última audiencia, que se realizó a mediados de marzo pasado, la resolución judicial criticó de manera enfática "el funcionamiento estructural de la Acumar" y el sistema de medición utilizado por el organismo interjurisdiccional para evaluar los avances en la causa. Los jueces resolvieron entonces dar una especie de ultimátum, que se vencerá a mediados de mayo, para que los responsables informen sobre los tiempos de cumplimiento de los programas.

"Creemos que los plazos están bastante agotados hace tiempo. El escaso avance en algunos rubros, como la solución habitacional para quienes viven en las márgenes de la cuenca que solo alcanzó el 22% del cumplimiento desde 2010, lo demuestra", resaltó a LA NACION Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) -una de las ONG encargadas de controlar los avances del plan-.

Luis Duacastella, defensor adjunto penal de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, se mostró disconforme con la última medida de la Corte: "Se trata de una resolución insuficiente respecto de que no hay una visión ordenadora de quienes están padeciendo la contaminación y cuya salud está afectada. Los reclamos de los vecinos de la cuenca no son escuchados -ni siquiera les permiten participar de las audiencias-; solo se oye a los funcionarios hablar de los inconvenientes con las obras".

En diálogo con LA NACION, el defensor, que patrocina a un grupo de vecinos de distintos asentamientos ubicados a la vera del Riachuelo, dijo que "se vuelve a dar un plazo, pero parece que el criterio para ordenar esta causa se basa solo en las obras públicas".

Duacastella evaluó que el tribunal debería considerar qué sucede con la gente afectada y qué medidas se plantean para mejorar su calidad de vida mientras se terminan los trabajos.

Duro informe

La audiencia del 14 de marzo dejó más dudas que certezas. No hubo respuestas certeras ante el máximo tribunal. No hubo plazos fehacientes sobre el cumplimiento de la sentencia que años atrás determinó que se debe sanear la cuenca y darles respuestas a los vecinos del Riachuelo. La conclusión fue tajante: el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) tuvo "un bajo nivel de cumplimiento".

En la última resolución, la Corte advirtió sobre dos "deficiencias estructurales que persisten desde la primera audiencia" y que impiden que el PISA se concrete: criticó el funcionamiento institucional de la Acumar y el sistema de medición de cumplimiento de objetivos, que se calificó de "insuficiente".

En el primer caso se indicó que hubo subejecución del presupuesto destinado para el plan de saneamiento del Riachuelo y falta de continuidad en el desarrollo de los proyectos, entre otras falencias, de acuerdo con un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Obras sin terminar -muchas de ellas con demoras en su adjudicación y/o licitación-, un plan de relocalización de villas y asentamientos precarios cumplido en apenas un 22% y escasa información sobre el riesgo sanitario ambiental de la población afectada fueron los principales puntos objetados a las autoridades de la Acumar.

Nápoli agregó otro ítem: "La provincia de Buenos Aires muestra su desinterés en el tema". A la audiencia asistió una funcionaria de bajo rango que despertó la sorpresa de los magistrados.