La medida alcanza a una vivienda ubicada en la Manzana 4 del barrio Rodrigo Bueno y busca liberar espacio público ocupado para permitir la apertura de calles, veredas y servicios previstos en el plan de urbanización e integración del barrio. Pura Ciudad
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la desocupación inmediata de una vivienda y su unidad anexa en el barrio Rodrigo Bueno, en Costanera Sur en Puerto Madero (Comuna 1), con el objetivo de continuar con las obras de urbanización y apertura de calles previstas en el plan de integración del barrio. La medida fue oficializada a través del Decreto N.º 5/26, publicado en el Boletín Oficial.
El jueves el Observatorio del Derecho a la Ciudad había denunciado: “Jorge Macri avanza con un desalojo en el Barrio Rodrigo Bueno pasando por encima de la Justicia. El Gobierno no consiguió la orden judicial, entonces inventó un atajo: usar un decreto administrativo. La maniobra: Aplican una ley destinada a desalojar “parques públicos” para echar familias de sus casas en un Barrio Popular. Lo que ocultan: Hay 3 leyes vigentes (incluida la Ley Nacional de Barrios Populares) que prohíben expresamente los desalojos en estas zonas. Es el mismo modus operandi que en San Telmo: expulsar sin orden judicial y sin solución habitacional”.
La decisión alcanza a la unidad anexa de la orden 177 de la Manzana 4, ubicada sobre un sector que, según el Ejecutivo porteño, invade espacio público destinado a la traza de nuevas calles, veredas y servicios esenciales. De acuerdo con el decreto, la construcción avanza sobre la intersección proyectada de las calles Bartolina Sisa y Micaela Bastidas, lo que impide la ejecución de obras de infraestructura clave y genera riesgos para la seguridad vial y peatonal.
El desalojo se enmarca en la Ley N.º 5.798, que estableció la reurbanización e integración social, cultural y urbana del barrio Rodrigo Bueno, garantizando la permanencia de los vecinos. En ese contexto, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) lleva adelante el plan denominado “Borde Costero”, que incluye redes de agua y cloacas, desagües pluviales, pavimento, veredas, senderos peatonales y alumbrado público en el denominado “Barrio Histórico”.
Según los fundamentos oficiales, la vivienda en cuestión fue ampliada sin autorización sobre un área reservada para uso público, afectando unos 161 metros cuadrados de vereda y alrededor de 72 metros cuadrados de calzada, reduciendo de manera significativa el espacio destinado a la circulación. Esta situación, sostiene el Gobierno porteño, impide completar las obras y compromete la seguridad de quienes transitan por la zona.
El conflicto tiene antecedentes judiciales. En el marco de una causa iniciada años atrás, el IVC denunció la ocupación irregular y en abril de 2025 se firmó un acuerdo conciliatorio para la desocupación del inmueble. Ante el incumplimiento por parte de los ocupantes, la Justicia ordenó en junio de ese año la desocupación inmediata para permitir la continuidad de los trabajos públicos. Sin embargo, la medida no se concretó, lo que motivó la intervención del Ejecutivo mediante este decreto.
La norma establece que el operativo estará a cargo del Instituto de la Vivienda, con la colaboración de distintas áreas del Gobierno porteño, entre ellas Desarrollo Humano y Hábitat, Espacio Público, Seguridad, Salud y la Policía de la Ciudad. También se prevé la presencia de un escribano público para labrar un acta notarial que deje constancia del procedimiento y del inventario de los bienes hallados, que serán trasladados a depósitos oficiales a cargo de los ocupantes.
Desde el Gobierno porteño remarcaron que la ocupación se produce sobre un espacio que ya tenía destino de uso público definido por ley y que la medida busca garantizar la continuidad del proceso de urbanización del barrio. El desalojo vuelve a poner en foco las tensiones entre el avance de las obras públicas y los conflictos habitacionales en uno de los barrios que atraviesa un proceso de transformación urbana desde hace más de una década.