La Nación | Por Alejandro Horvat
La villa 1-11-14, en el Bajo Flores Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez / archivo
"'¡Vas a salir por las buenas o por las malas!' Eso me gritaba la dueña de la casa. Vino con cinco tipos que le pegaban patadas a la puerta y a la ventana", recordaba Andrea Bello, de 54 años, que relataba angustiada lo sucedido meses atrás LA NACION. Ella vivía en el barrio Illia, frente a la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores. La propietaria de la habitación que alquilaba por $7000 al mes decidió que iba a vender la casa, y para echarla, junto a un grupo de hombres, le destrozaron la puerta. Adentro estaba con su hija de 22 años y sus nietas de dos y uno. Llamaron al 911. Minutos después, se largó una lluvia torrencial.
Noelia tiene 24 años, aunque ese no es su verdadero nombre. Teme que por dar esta nota la echen de la habitación en la que vive, también en la villa 1-11-14, o que su testimonio reavive algún viejo resentimiento. En una de sus tantas mudanzas, la propietaria le "secuestró" el microondas y una garrafa de gas para obligarla a hacer arreglos en la casa que no le correspondían. En esa villa, el 40% de la población total (16.000 personas) alquila, según el censo realizado en 2018 por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).
En los barrios populares de la ciudad, las disputas por los alquileres se resuelven de mil maneras distintas que nada tienen que ver con las cláusulas de un contrato. En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, los desalojos por falta de pago crecieron y la crisis habitacional recrudeció. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, desde que empezó la pandemia hubo 152 desalojos en barrios populares, de los cuales 60 fueron en la Villa 31 y 21 en la 1-11-14.
Este problema habitacional también tiene como una posible consecuencia la toma de tierras. En la provincia de Buenos Aires, en los últimos dos meses hubo 315 intentos de usurpación de terrenos. Por esos hechos detuvieron a 259 personas y en lo que va del año desalojaron 868 tomas. En la ciudad, si bien no hay tantos terrenos que podrían ser tomados, sí hay, según el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), 2858 vivendas sociales terminadas y sin ocupar.Hasta hace unas semanas, 10 familias habían tomado un conjunto de viviendas de la Villa 31 que se llaman El Hotelito, destinadas a alojar vecinos de ese barrio popular que están en una etapa de transición hasta que se muden a una nueva vivienda.
En promedio, en las villas porteñas las habitaciones salen $5000 por mes con baño compartido. En la villa 31, la más cara, los comercios llegan a costar $40.000, pero el valor del alquiler puede aumentar si crece la facturación. En todos estos barrios, tal vez aún más en la villa 31, hay una gran cartelización de los alquileres, con grandes propietarios que poseen decenas de habitaciones y facturan miles de pesos por mes.
A pesar de los proyectos de reasentamiento del gobierno de la Ciudad, las villas aún crecen, al menos hacia arriba. Uno de los motivos es el anticrético, un modo de recaudar dinero para construir muy ligado a la comunidad boliviana. Cuando se pacta un anticrético, el inquilino le adelanta un año de alquiler y, al cabo de ese período le devolverán la misma suma de dinero. Así, aunque no se le sumen intereses, el que alquila recuperará todo el dinero y el propietario habrá usado el capital para construir una nueva planta con habitaciones para rentar.
"A partir de abril se empezó a desbordar la situación, todos los días tenemos desalojos", señaló a LA NACION un funcionario del gobierno de la Ciudad que prefirió resguardar su identidad. "Lo más grave es que la Fiscalía General de la Ciudad no interviene. Tienen un 0800 para hacer la denuncia, pero cuando los vecinos dicen que son de la 1-11-14, les cuelgan el teléfono. En la villa no hay contratos, pero tenés censos, o sea que los tienen registrados. Sólo es cuestión de tener vocación para ir a ayudar a esa gente. No lo hacen porque no les interesa", agregó.
Desde la Fiscalía General indicaron que las líneas de reclamo están abiertas, pero no brindaron más información acerca de cómo pueden ayudar a los vecinos que sufren un desalojo y no tienen un contrato que los ampare.
Según Giovanni Ticona, delegado de la manzana 23 de la villa 1-11-14, allí se produjeron varios desalojos: "Suelen ser de noche los conflictos, cuando el que alquila vuelve a la casa. En mi manzana hubo problemas con vecinos que no cumplían con el aislamiento, y otro caso fue el de una persona a la que quisieron echar sin devolverle el dinero del anticrético. Tuvo que intervenir la Gendarmería".
El decreto que congela el precio de los alquileres y prohíbe los desalojos no tiene efecto en las villas. En el caso de Bello, la vecina de la 1-11-14 a la que le quisieron derribar la puerta a patadas, intervino la Gendarmería y firmaron un "acta de constancia". Ahí ella se comprometió a liberar la vivienda durante el mes de agosto, aunque en la ciudad el DNU la ampararía hasta enero de 2021.
Además de los desalojos por falta de pago o porque el propietario cambió de parecer, los censos también son un factor de desestabilización. Cada vez que se anuncia un censo, y con este la posibilidad de acceder a una solución habitacional, las villas entran en una etapa de efervescencia que despierta temores y mezquindades.
Por un lado, el miedo de los propietarios a que los inquilinos que tienen hijos terminen apoderándose de la habitación que alquilan. Pero también sucede que los propietarios echan a sus inquilinos para traer a sus propios familiares y así ellos puedan aspirar a tener una de las viviendas que construye y otorga el gobierno porteño.
"Ese es un gran problema, muchas veces el propietario trae a sus familiares o se desglosan las familias y se distribuyen en diferentes hogares para poder acceder a más viviendas. Pero esto debe solucionarse con políticas públicas. Hay que exigir que esas políticas tengan la sutileza suficiente para poder abordar esta situación y amparar a los inquilinos, que son los más vulnerables", argumenta Malena Dondo, coordinadora operativa de villas de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
"Para los inquilinos no censados se abrió un registro, pero solo se anotaron 30 en la 1-11-14. Eso fue muy poco significativo para este barrio", indica Miguel Lezaun, de la subcoordinación operativa de gestión comunitaria de la Defensoría del Pueblo. Ambos funcionarios, que trabajan a diario en el territorio, entienden que esto se debió a las fallas en la difusión de la información y la puesta en práctica de ese registro.
"El censo se empieza un tiempo antes con reuniones con movimientos sociales, vecinos, entre otros actores. El temor de los propietarios a que el inquilino se quede con la casa genera desalojos y ocultamiento. Pero en el censo ambos quedan registrados, el dueño y el inquilino. No es perjudicial para ninguna de las partes, todo lo contrario", señaló Paola Aguirre, jefa del departamento de estadísticas y censos del IVC, quienes están a cargo de la villa 1-11-14. Este barrio popular aún no tiene un plan en marcha para reasentar a los que viven ahí.
En la villa 31, según el último censo realizado en 2017, el 29% de la población es inquilina. Son 11.600 personas. En el caso de este barrio popular, la Secretaría de Integración Social Urbana está a cargo de los distintos proyectos de urbanización y reasentamiento. Ahí se construyeron 1154 viviendas como parte del plan de integración de la villa a la Ciudad, de las cuales 788 ya fueron entregadas.
Carlos Rivas González tiene 24 años y vive entra la humedad y las vibraciones del bajo autopista. La puerta de su casa está a dos metros del guardarrail de la Illia. Los que viven en esa zona son los que tienen prioridad al momento de mudarse a una nueva vivienda.
"Yo estoy censado, pero no tenemos información sobre cuándo vamos a tener la vivienda. Ahora pago $4200 por una habitación que comparto con mi hermano y mi mamá. Pero primero van a relocalizar al propietario, porque si se va solo el inquilino el dueño vuelve a alquilar. Tampoco tengo en claro cuánto vamos a pagar por los servicios y la hipoteca de la nueva vivienda", dice Rivas González.
Marcela Churqui es delegada de la manzana 22 de la villa 31. Pegados al cielo raso hay globos de colores, hace poco fue el cumpleaños de uno de sus hijos. Dice que cuando empezaron a censar para luego adjudicar viviendas, se armó una revolución. "Todo salió mal, el gobierno hizo muchas cosas buenas en el barrio, pero a veces se informa mal. Acá con el censo se armó un tremendo quilombo".
En cuanto a la problemática de los censos, Diego Fernández, secretario de Integración Social y Urbana de la Ciudad, señala que buscan por todos los medios evitar los desalojos. "Cuando encaramos un censo, no solo se le pide al vecino que esté presente, sino que también debe corroborar de algún modo que vive ahí hace dos años. Ya sea con una boleta o por algún trámite, como los turnos en el centro de salud o las matrículas escolares de los chicos, por lo que no tiene sentido traer a un familiar que no vivía ahí".
Según explica Fernández, si un propietario entra en un programa de reasentamiento, se le descontará de la hipoteca de su futura casa -construida por el gobierno porteño- el metraje de su vivienda actual. Mientras que en el caso de los inquilinos, también se les ofrece la posibilidad de tener una vivienda propia, aunque deberán pagar la totalidad de la hipoteca. Es decir, que ambas partes pueden acceder a una solución habitacional y no compiten entre sí. "Hay que entender que los propietarios e inquilinos tienen derechos complementarios", argumenta María Belén Barreto, responsable del programa de reasentamiento de la villa 31.
"A los propietarios se les descuenta el valor del metraje de su casa, pero, por supuesto, el valor de la tierra no se toma en cuenta porque esos terrenos ya son del gobierno de la Ciudad. En cuanto a los desalojos por falta de pago, abrimos un registro para que los vecinos pudieran hacer el reclamo", dice Fernández.
Sobre la viabilidad económica de las nuevas viviendas, y el temor de algunos vecinos acerca de si podrán sostener el gasto que conlleva entrar al mundo formal, Barreto sostiene que el pago de las cuotas variará de acuerdo a los ingresos de cada uno. "Se trabaja durante un año de manera individual y grupal para explicarles, entre otras cosas, cómo será el pago, la escritura o cualquier otra duda que pueda surgir".
Entre la "revolución" de propietarios contra inquilinos que se desata al momento de un censo, y los desalojos que generó la pandemia, los barrios populares atraviesan meses de mucha inestabilidad. Si bien vivir en el mundo informal suele ser más económico que alquilar en la ciudad formal, los vecinos terminan pagando muy caro la falta de reglas claras. La incertidumbre es el costo colateral, que muchas veces se materializa, como le pasó a la vecina de la 1-11-14, con patadas a la puerta en la mitad de la noche.