Por toma de tierras sin freno en La Plata existe temor de que vayan por viviendas

DIARIOFULL.COM.AR. La Plata

*Por Jorge Joury.- 

Las usurpaciones de tierras en la periferia de La Plata crecen como hongos venenosos. A raíz de ello, hay muchos vecinos que temen que vengan por sus casas, después de conocerse un episodio preocupante en la zona de El Dique. Precisamente un hombre de 82 años denunció en la comisaría Tercera haber sido despojado de una casa y un terreno ubicado en 122 y 42.

También en las últimas horas se conoció un intento en 526 y 141, Barrio San Carlos donde actuó la policía y se registraron cinco detenciones. Mientras tanto, la zona de Melchor Romero se ha convertido en una caldera. En ese lugar no para de crecer un asentamiento que rodea a una cantera en 529 y 32 y de 144 a 179. Desconocidos se robaron hasta las luces LED de la avenida 173 y ahora se cuelgan de las lineas de tendido eléctrico para llevar luz a las precarias viviendas que están levantando.

Frente a este escenario, vecinos de Tolosa le dijeron a DIARIO FULL que "estamos preocupados porque pasa gente en carros y marcan viviendas que están deshabitadas. Las autoridades tienen que actuar y protegernos porque esto va a terminar mal".

En la ciudad ya se registraron este año entre 18 y 22 intentos, admiten desde el Palacio Municipal. También hay acciones preocupantes en Florencio Varela, Cañuelas, La Matanza y Pilar. Y, con menos intensidad, entre los partidos de San Martín, Vicente López y Escobar.

Merece mencionarse como particular, lo que ocurre en el barrio Numancia Sur de Presidente Perón. Allí, alrededor de 500 familias tomaron un predio privado, ocupando 35 hectáreas que estaban destinadas a un proyecto inmobiliario. En Perón señalan a un puntero que estaría vinculado al oficialismo que comanda Blanca Cantero. Entre el miedo y la preocupación, los vecinos lograron que la policía de la provincia se instale en el lugar. "Por la noche se escuchan tiros y los robos aumentaron. Nosotros entendemos la situación de estas familias, pero no es la forma. Y no todas son familias que buscan un lugar donde vivir. Hay mucha delincuencia", explican con angustia los vecinos de Numancia.

En el centro de la escena también aparece el polémico líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, quien suma una dosis de mayor inquietud, al asegurar que existe "una oleada" de toma de tierras que se va a profundizar.
Le respondió con rigor la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, quien no negó el déficit habitacional, pero señaló que "lo que está sucediendo respecto a las tomas, que en muchos casos tiene que ver más con situaciones delictivas".

OPERAN BANDAS ORGANIZADAS
Desde la gobernación prefieren rotularlo como un cuadro social complejo. "El desempleo hace que las personas vayan siendo desplazadas a condiciones habitacionales cada vez más precarias", señalan.
En cambio el secretario de Coordinación de la municipalidad de La Plata, Oscar Negrelli, tiene otra mirada. Sostiene que en la ciudad "actúan “bandas organizadas que especulan con la necesidad de la gente y los estafan sacándoles plata a cambio de la promesa de terrenos”. También lo adjudicó al negocio, la política y el "progresismo tardío".

Sobre este último concepto, explicó que apunta a dirigentes que asisten, acompañan o son tolerantes con esas tomas porque “creen que conseguirán votantes” y que lo que terminan haciendo es “afectar a los que menos tienen, usar a los pobres para negocios y dejarlos en condiciones indignas”.

“Lamentablemente la ciudad de La Plata en 2020 tiene más de 18 intentos de usurpación. La característica distinta al conurbano es que tenemos 926 kilómetros cuadrados, hay muchísima superficie no urbanizada que es una tentación con esta práctica”, describió Negrelli.
El funcionario, una de las primeras espadas de Julio Garro, argumenta que “durante muchos años en La Plata el PJ tuvo una política de conurbanización asistida en los ‘90 y los 2000, que garantizaba la continuidad de factores de poder. No tenemos las características de una ciudad típica de trabajos temporales o emprendimientos masivos que se quedan sin actividad y que quedan muchos desocupados, lo que lleva a asentamientos. Tampoco las particularidades de Capital Federal atractivas que hacen preferible el hacinamiento a no tener posibilidades”.

Negrelli subió la puesta y manifestó que “acá no hay un Robin Hood que busca que personas accedan al terreno, son usurpaciones a los tiros, con loteos que se terminan vendiendo entre 5 mil y 20 mil pesos”.
Negrelli reconoció que “hay un problema habitacional” y coincidió con Grabois en que tiene que haber lotes sociales con servicios, pero aseguró que ese derecho “no se ejerce con el delito, ni a punta de pistola”.

PROYECTO PARA ELEVAR LAS PENAS
Finalmente, consideró que las fuerzas provinciales y nacionales actúan y que el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, presta colaboración. Sin embargo, agregó que el poder Ejecutivo provincial da “señales equívocas”.  
La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Adriana Cáceres, presentó un proyecto para elevar las penas por el delito de usurpaciones. La legisladora indicó que al elaborar el proyecto mantuvo reuniones con propietarios que sufrieron la toma de sus terrenos y que en varios casos encontró detrás de este delito a “un grupo organizado que tiene que ver con agentes inmobiliarios, abogados, escribanos, o funcionarios públicos, que buscan un rédito económico y juegan con la necesidad de la gente”.
“Me reuní con una vecina de Pilar y a ella, quien le usurpó su terreno era un comerciante que necesitaba ampliar su corralón. Le dijo ‘yo tengo contactos’ y esto muestra que son grupos organizados que buscan un rédito económico”.
En cuanto a las penas, Cáceres recordó que actualmente este delito es excarcelable y la pena máxima es de hasta tres años, por lo que el proyecto que impulsa busca aumentar la condena a seis años en caso de terrenos o propiedades privadas y a ocho años en el caso de que sean usurpaciones en terrenos fiscales públicos o en viviendas sociales.

BERNI ADMITE QUE HAY 5 TOMAS POR SEMANA
Según un informe del ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, hay cinco intentos de toma de tierras de manera ilegal cada semana en el Conurbano.
Durante la vigencia de la cuarentena, se puso en el centro de la polémica una ley impulsada por el gobierno de Axel Kicillof y votada en la Legislatura en marzo pasado por el oficialismo y Cambiemos.
Se trata de la ley 15.172 que suspende las ejecuciones hipotecarias y desalojos en todo el territorio bonaerense hasta el 30 de septiembre de este año en casos de viviendas con destino familiar y en aquellos que contemplen "a un grupo de personas que puedan estar en situación de calle".
Según los dueños de los terrenos usurpados, con una interpretación libre se está usando por un sector de la Justicia para no actuar ante las tomas de tierras, lo que significa un delito penado por el Código.
En los hechos, dicen, la norma sirve como principal respaldo a presentaciones que se vienen realizando para frenar desalojos en hectáreas ocupadas. La controvertida interpretación del texto indica que la prohibición de desalojos debe incluir además a los casos de usurpaciones que se produjeron después de sancionada.
"Nos deja con las manos atadas. La Justicia tiene que frenar desalojos a partir de presentaciones que se hacen en ese sentido, que dan una interpretación errónea a la ley", sostiene el propietario de un terreno tomado en la periferia platense.

MAS DE 60 DESALOJOS EN CURSO
Desde Juntos por el Cambio, Andrés De Leo, se defiende: "Claramente lo que buscó la ley es reducir el problema de conflictividad social, sobre todo para los inquilinos o quienes eran tenedores de créditos hipotecarios UVA. O para los que tienen una ocupación pacífica de hace años. No para que no se actúe ante un delito, como una usurpación".
Pero lo que ocurrió fue que aprovechando la situación, las tomas de tierras se dispararon con reiterados casos en La Plata, Guernica, Moreno, La Matanza y Merlo.

Por poner un ejemplo, en el Departamento Judicial de Moreno, habría más de 60 desalojos en curso que ahora podrían quedar jaqueados por planteos en base a la aplicación de esta ley sancionada por la Legislatura en marzo.
"Según esta interpretación, solamente se puede frenar una usurpación si la Policía actúa en el momento exacto de la toma. De otra forma, no pueden hacer nada porque los 'lanzamientos' están suspendidos por esta ley", contó el propietario de 5 hectáreas ocupadas hace 15 días a pocos kilómetros de La Plata, en el partido de Presidente Perón.
Desde la oposición, insisten en que esa interpretación no estaba en el espíritu de la ley y presentaron un proyecto "aclaratorio", con la firma del platense Daniel Lipovetzky, detallando que la suspensión debe regir solo para las ejecuciones que hayan sido iniciadas antes de la entrada en vigencia de aquella norma, en marzo pasado.

EN PINAMAR YEZA ACTIVÓ LAS ALARMAS
Hace una semana, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, comunicó que logró frenar en ese distrito "dos nuevos" intentos de usurpaciones. "En ambos casos se clausuró, se intimó a presentar documentación y en ningún caso se logró acreditar titularidad", explicaron desde la comuna.
Algunos propietarios de viviendas en la zona turística, pero que viven en La Plata, señalaron a DIARIO FULL que " estos episodios nos angustian. El intendente de Pinamar debería otorgar permisos para que podamos viajar a ver en qué condiciones están nuestras propiedades y poder acondicionarlas para el verano, aunque nos exijan hacer la cuarentena respectiva. Aceptamos todos los protocolos, pero queremos que se nos reconozcan nuestros derechos".
En Azul también el municipio debió intervenir días atrás ante una toma de terrenos del Estado provincial en la zona del Lago Güemes; en Mar del Plata, a mediados de junio ocurrió una toma de terrenos en el barrio Hipódromo, en el medio de un clima tenso; en tanto, en Bahía Blanca, el gobierno de Héctor Gay evitó la concreción de una usurpación que se había iniciado en la zona de El Pinar, cerca del cementerio local.
Pero lo cierto es que esta situación excede la problemática en la provincia de Buenos Aires, e incluso el dilema de su ley mal interpretada.
 
*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.