Clarín - Ciudades
Complejo de 26 edificios
De 1.500 familias, sólo se mudaron 100. Están destinadas a la gente que vive bajo la autopista en condiciones precarias. Cómo influyen los temas laborales, el costo de los servicios y las escrituras.
Policía de la Ciudad evitó una toma en la Villa 31.
En una Ciudad con un déficit habitacional tremendo es difícil imaginar un panorama como el que sucede en la Villa 31 de Retiro. Veintiséis edificios, con 1.200 departamentos, se encuentran, en su enorme mayoría, vacíos. Son viviendas que construyó el Gobierno porteño para entregar a las familias que actualmente viven en lo que se conoce como "el bajo autopista": son aquellas que, literalmente, tienen sus casas debajo de la Illia. Sin ventilación, oscuras, con ruido permanente y hasta vibraciones en las paredes. Cuando llueve, el agua se filtra desde la cinta asfáltica y cae como si fuera una catarata. Miles de personas van y vienen con sus autos todos los días sobre la Illia y muchas desconocen que debajo hay un tetris de viviendas.
El plan de integración que lleva adelante la Ciudad contempla que todas las familias se muden y que la Illia cambie su trazado (esta obra se encuentra demorada), para construir sobre ella un parque lineal elevado, al estilo del High Line de Nueva York.
Pero la mudanza no se concreta. Hasta el momento, de las 1.500 familias, se mudaron entre 80 y 100. Este es el motivo por el que las viviendas nuevas se encuentran deshabitadas. El domingo, unas horas después del cierre de las elecciones generales, hubo un grupo de personas que se acercó al complejo e intentó ingresar por la fuerza. De hecho algunas lo lograron.
Federico Tropea es fiscal porteño y le confirmó a Clarín que "hay cinco detenidos que van a ser indagados entre este lunes y el martes. Habían ingresado en un departamento del complejo. Más allá de este tema puntual, vamos a iniciar una investigación de oficio para ver si hubo una instigación o una coordinación previa, y en tal caso identificar a los responsables".
Desde la Ciudad confirmaron que el viernes comenzaron a circular mensajes de WhatsApp en los que algunos vecinos aseguraban que se estaba planeado una toma. Desde la Policía le dijeron a este medio que "había custodia. Cuando los agentes vieron los movimientos en torno a las viviendas dieron un aviso y enseguida llegaron refuerzos".
En septiembre Clarín pudo recorrer la zona y ya en ese momento, el avance de obra era enorme. A tal punto que entre los edificios ya estaban colocadas las plantas de los canteros y el mobiliario público, incluso las luminarias en las calles; y en el interior de los departamentos, también se habían colocado cocinas y termotanques.
"Las familias resisten la mudanza porque el principal problema es el tema laboral. Muchas familias tienen resuelto en sus viviendas sus trabajos. Hay gente que tiene talleres de carpintería, o mujeres que cocinan para proveer a un restaurante, hay lavaderos de ropa y muchas otras cosas más. Entonces esas familias ven que con la mudanza pierden sus trabajos. Y al mismo tiempo tienen que pagar la vivienda. Entonces cómo se hace", se preguntó Viviana.
Ella -con su mamá y sus hijos- ya estaba viviendo en uno de los nuevos departamentos. Muy conforme, le mostró a Clarín las instalaciones y luego dio las indicaciones para que buscáramos su ex casa bajo la autopista; ya desocupada y derribada, era un lugar tan bajo que en algunos lugares no podían estar paradas. Pero también es verdad que pudieron resolver el tema laboral, ya que la Ciudad les otorgó un local en planta baja para que pudieran tener un kiosco polirubro y un locutorio.
A medida que las familias se mudan, la Secretaría de Hábitat e Inclusión (Sechi, el organismo creado ad hoc para llevar adelante el proceso de integración en la villa) demuele las casa que quedan vacías. Por otra parte, la gestión de la Sechi fue evaluada negativamente por los vecinos durante estas elecciones. En las PASO, el Frente de Todos aventajó al PRO en un 53%; mientras que en las elecciones del domingo, la diferencia se achicó al 30,73%.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad es un referente para los vecinos. Llevan muchos años trabajando en el lugar, e incluso poseen oficinas en la villa. Bárbara Bonelli es adjunta de la Defensoría y dio un detallado estado de situación. "Hay muchos conflictos al mismo tiempo. Por ejemplo, los vecinos aún no saben lo que van a pagar por el crédito de esas viviendas y tampoco conocen el costo de los servicios públicos en una casa en la que todo funciona a electricidad. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de familias que vienen de la informalidad total. Y si bien los servicios de las viviendas tendrán una tarifa social, los de los locales no, en lo comercial no está contemplado", explicó Bonelli. En este contexto, las familias que sí están aceptando las mudanzas son las que actualmente alquilan en el "bajo autopista", porque estiman que el pago del alquiler será similar al de la cuota de un crédito.
Las nuevas viviendas de la Villa 31.
Bonelli considera que el principal problema es que al gobierno "le faltó generar consensos con los vecinos. Otro inconveniente es el de los materiales de los edificios. En otras zonas de la villa ya se construyó con steel framing y comenzó a haber problemas", contó. Se refiere a la zona de la containera, al lugar donde se mudaron los vecinos que tuvieron que dejar su casa por el nuevo trazado de la Illia.
Una vivienda desalojada en el "bajo autopista" de la Villa 31.
Otro desafío para los vecinos será la organización consorcial: "Es el paradigma del fracaso en los complejos habitacionales", resume Bonelli. Sin una buena organización, terminan deteriorados y con serios problemas estructurales.
Finalmente, quizá el punto más complejo, el de las escrituras: "La información no es clara. No se sabe cuándo se ejecuta la vivienda si un vecino dejara de pagar. En Villa 20, Rodrigo Bueno y Fraga, sucede cuando no se pagan tres meses consecutivos. Y, por otra parte, están las letras hipotecarias. El gobierno puede venderlas, lo que significa que los vecinos en vez de deberle al gobierno, le pueden llegar a deber a un privado", detalla Bonelli.
Pese a los pedidos realizados desde este medio, el Gobierno porteño no compartió información ni detalles sobre los temas que se abordan en la nota. Claramente hay muchas cosas por revisar y los vecinos están en alerta: "Hace años que venimos pidiendo consensos. Sabemos que estamos frente a muchos cambios, queremos tomar parte en las decisiones y que se respete una ley de urbanización en la que se trabajó mucho, por mucho tiempo", reclamó una de las delegadas del "bajo autopista".