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Por Milton Del Moral - 6 de diciembre de 2019
Se aprobaron dos iniciativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que prevén la venta de tierras públicas. Se trata de un controvertido traspaso de terrenos de Nación a Ciudad y de un desarrollo urbanístico en la costanera norte
En lenguaje catastral, el inmueble se identifica como circunscripción 19, sección 15, manzana 184 y circunscripción 19, sección 21, manzana 171. Es popularmente conocido como el complejo común de “Costa Salguero - Punta Carrasco”, ubicado en la costanera norte de la Ciudad de Buenos Aires. Este jueves, en la última sesión ordinaria de la Legislatura Porteña, se aprobó el proyecto de ley que que autoriza la “disposición” por parte del Poder Ejecutivo y de lo que surgiese de un hipotético fraccionamiento o redistribución parcelaria del predio.
El escrito propone que de lo “producido” por el cambio normativo del área tenga como finalidad el financiamiento de “obras de infraestructura de salud y educación, transporte y servicios, equipamiento social, espacios públicos, soluciones hidráulicas, vivienda social, promoción del alquiler social y reurbanización de barrios vulnerables”. La ratificación de la iniciativa, con 42 votos positivos y 17 en contra, alimentó la polémica por iniciativas aceleradas de venta de terrenos públicos para nuevos desarrollos urbanísticos.
La resistencia pública sí logró postergar el tratamiento legislativo del proyecto de ley que proponía la “rezonificación” del cuartel de la Policía Montada, en un área estratégica y codiciada por emprendedores inmobiliarios del barrio de Palermo. Néstor Roncaglia, el jefe de la Policía Federal Argentina, y distintas voces representativas de urbanismo, cuestionaron el plan de reemplazar el Polo de Seguridad por la habilitación de construcción de torres de 150 metros de altura.
En el caso del complejo “Costa Salguero - Punta Carrasco”, el artículo 3° del escrito plantea que el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de convocar a un concurso público para su desarrollo urbanístico. Y detalla que se deberá contemplar que al menos el 65% de la superficie total de la zona asuma la utilidad pública del área, “debiéndose afectar especial y preferentemente dicha superficie a la generación de espacios verdes parquizados”. Entre los argumentos, se especifica que la región de la costanera norte es tradicionalmente reconocida como un lugar de esparcimiento y recreación.
Sin embargo, el proyecto también se asocia al marco de acciones conducidas por el gobierno porteño para la reestructuración de la franja costera. En ese plan de incorporar el Río de la Plata al paisaje de la ciudad se incluye la disposición de construcciones verticales que miren hacia el este, como la propuesta por levantar torres en el actual predio de la Policía Montada. En ese sentido, el 35% restante de la superficie quedará habilitada para la construcción de residencias, que no deberían superar los cuatro pisos de altura debido a la cercanía con el aeroparque Jorge Newbery.
La indignación creció con la aprobación de otro proyecto: un convenio entre el Ministerio de Transporte de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la transferencia de playas ferroviarias, a cinco días del cambio de gobierno. La propuesta contempla el paso de manos de terrenos en los barrios de Palermo, Colegiales, Urquiza, Retiro y Caballito.
En la norma, se repite el mecanismo: los declara innecesarios para la gestión del gobierno porteño, solicita su “disposición” y manifiesta que los ingresos que resultaran de lo producido serán destinadas al financiamiento de “obras de infraestructura de salud y educación, transporte y servicios, equipamiento social, espacios públicos, soluciones hidráulicas, vivienda social, promoción del alquiler social y reurbanización de barrios vulnerables”.
Mariano Recalde, senador electo por el Frente de Todos en la Ciudad, expresó su descontento en sus redes sociales: “Gravísimo: Macri le transfiere las tierras de la Playa Ferroviaria de Caballito a Larreta para que las venda y el producido engrose los ingresos de la Ciudad. Transferencias de recursos y negocios hasta el último minuto”. “En el mismo acto de aceptación del inmueble, la Ciudad lo declara innecesario para la gestión de gobierno. ¿Para qué lo acepta entonces? Solo para venderlo y que unos pocos empresarios sigan haciendo negocios. Y lo hacen a costa de los vecinos y vecinas de Caballito, que desde hace años están exigiendo un parque en ese predio. Una maniobra lamentable que sintetiza al gobierno macrista”, agregó.
Vecinas y vecinos del barrio de Caballito se concentraron el jueves desde las 18 horas en la esquina neurálgica de las avenidas Acoyte y Rivadavia. "Entre gallos y media noche Macri y Larreta planean la venta de tierras públicas nacionales más grande de la historia de la ciudad entre la que se encuentran un sector de las veinte manzanas del Playón Ferroviario Caballito. En ese mismo playón en Caballito queremos un parque, con centros culturales y espacios educativos”, reclamaron a través de un comunicado.
El abogado urbanista Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), elaboró un análisis conceptual de los proyectos de ley que ingresaron en la última sesión ordinaria de la Legislatura Porteña. Lo describe como una política de privatización de terrenos de dominio público orientada a negocios inmobiliarios en desmedro de soluciones para problemáticas urgentes como la emergencia ambiental y habitacional.
“Frente a la situación de que el presidente Mauricio Macri y la Agencia de Administración de Bienes del Estado no van a poder seguir vendiendo tierras públicas nacionales porque no fueron reelectos, y para no perder la oportunidad de negocios inmobiliarios, decidieron transferir las tierras de los talleres ferroviarios más grandes de la ciudad al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para que sea éste el que continúe con los negocios inmobiliarios y la venta de tierras públicas”, estimó en relación al proyecto de ley que autorizó la cesión de playones ferroviarios de barrios porteños.
“Lo que está ocurriendo es de gravedad institucional. Cuestionamos que el presidente Mauricio Macri tenga facultades para transferir tierras públicas nacionales sin la autorización del Congreso y consideramos que no corresponde que un gobierno saliente siga tomando medidas para transferir tierras públicas nacionales a favor de la especulación inmobiliaria”, advirtió. Dijo que los terrenos en cuestión son los últimos resquicios de tierras libres que dispone la Ciudad y que deberían ser pensados para otros propósitos.
En virtud al complejo de 17 hectáreas de "Costa Salguero - Punta Carrasco, el abogado urbanista remarcó que “hace tiempo venimos reiterando que el plan sistemático de venta de tierras públicas tiene como eje principal la apropiación privada del entorno ribereño”. Y expresó su pesar por la venta del predio: “Es la pérdida definitiva de la oportunidad de que el corredor de la costanera norte se convierta en un gran parque público”.