Luciano Scatolini. 23/03/2023. Clarín
Los números del Censo 2022 sobre vivienda y población permiten describir cómo han crecido las localidades con mayor oferta de empleo y las diferencias entre casas construidas y hogares.
Hace poco el INDEC presentó los resultados provisionales del 11º Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2022. Los datos informados abordaron dos unidades de análisis: vivienda y población.
En términos generales, hay acuerdo entre los especialistas en identificar la dinámica poblacional del país con al menos tres cuestiones signadas por la baja de la natalidad y la mortalidad: crecimiento lento, envejecimiento progresivo y “transición demográfica”.
No obstante, “más acá” de esta caracterización predecible y abarcadora se pueden vislumbrar algunos procesos específicos y de vital importancia para el desarrollo de políticas urbanas y habitacionales.
A diferencia de lo que se desprende de la lectura de la dinámica demográfica con una tasa media anual de 1,16%, sobresale un aumento significativo del stock de viviendas con una tasa que asciende al 2,12% para el período intercensal.
Es decir, el ritmo de crecimiento de las viviendas ha llegado, según los datos provisorios, casi a duplicar al de la población y, por lo tanto, la cantidad de personas por vivienda se ha reducido comparando los datos del Censo 2010 (2,89 personas por vivienda) con los provisorios del Censo 2022 (2,85 personas por vivienda).
El fenómeno de producción de viviendas a un ritmo que supera con creces al crecimiento poblacional (y también al de hogares) viene siendo un rasgo característico de las últimas dos décadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente, en el distrito más rico del país se contabilizaron 1.638.764 viviendas particulares y 3.120.612 personas.
Asumiendo que el tamaño medio de los hogares ronda las 2,4 personas se puede derivar que existen en la ciudad alrededor de 1.288.726 hogares. En otras palabras, la cantidad de viviendas superaría en 350.000 a la de los hogares.
Moraleja 1: faltan los datos de las viviendas deshabitadas. Moraleja 2: la mayor parte de las viviendas se utilizan con fines de inversión inmobiliaria, reserva de valor, alquiler temporario, entre otras cuestiones antes que atender el creciente déficit habitacional. Moraleja 3: se acentúa la situación de “casas sin gente” y “gente sin casas”.
Moraleja 4: el funcionamiento del mercado y el desarrollo inmobiliario carente de políticas que lo regulen (bancos de inmuebles públicos, movilización de inmuebles ociosos, zonificaciones inclusivas, uso de la valorización del suelo con fines habitacionales) restringe el acceso a la vivienda y genera desigualdad.
Las provincias patagónicas como Chubut y Santa Cruz disminuyeron su ritmo de crecimiento, no así Tierra del Fuego que vio aumentar su tasa por encima de las demás provincias del país. Moraleja 1: la incidencia de las oportunidades de empleo en el aumento de la población originado mayormente por la migración.
Moraleja 2: la importancia de acompañar las políticas de empleo con políticas habitacionales para garantizar, además del derecho al empleo, el derecho a la vivienda y a la ciudad. De igual modo, Neuquén aumentó significativamente su crecimiento, probablemente debido al auge petrolero en la zona de Vaca Muerta.
Todos estos datos demuestran la necesidad de mejorar las capacidades del Estado en sus distintos niveles para regular el desarrollo urbano, ya que más que una moraleja, es una catástrofe que nuestras ciudades crezcan agrandando la brecha entre los más ricos y la población trabajadora.
Días atrás publicamos nuestro libro Planificar la Ciudad en Tiempos de Desigualdad. Entre otras cuestiones, señalamos que resulta indispensable que se puedan materializar políticas públicas que cambien la correlación de fuerzas existentes.
Que nos permitan además robustecer al Estado y desarrollar iniciativas que sirvan para que un derecho humano tan básico y prefigurativo de la vida de cualquier persona como lo es que el acceso a la tierra y la vivienda pueda ser posible.
Sin embargo, avanzar en esta orientación no es una tarea sencilla y requiere de acciones y resultados que perduren en el tiempo, que puedan ser la base de la permanencia de estos derechos en disputa para lograr soluciones definitivas ante la desigualdad imperante.
El contexto es complejo, naturalmente. Mientras siguen creciendo de manera sostenida las construcciones de urbanizaciones cerradas, es decir, barrios privados o de característica de organización territorial endógena y disociada de un desarrollo urbano integral, también hay un crecimiento constante de las villas o asentamientos.
El último informe del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), destaca la existencia de 5.687 barrios que tienen rasgos de informalidad, donde se estima que viven más de 1.100.000 familias.
Sin dudas, el futuro en el espacio urbano no se debatirá en si tenemos ciudades de los 15 minutos o no, sino cómo hacemos de los lugares que habitamos sitios seguros, sustentables e inclusivos para el conjunto de la población. Porque habitar dignamente es un derecho humano de incidencia colectiva reconocido por todo nuestro ordenamiento legal y un mandato de carácter humanístico irrenunciable.
Como lo viene señalando el Papa Francisco, “La falta de viviendas es grave en muchas partes del mundo, tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades”. Poseer una vivienda “tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias”, ya que “es una cuestión central de la ecología humana”.
De manera muy atinada, frente a la marginalidad en la que viven miles de familias, afirma que la solución es avanzar en procesos de urbanización para “integrar los barrios precarios en una ciudad acogedora”.
El desafío sigue siendo equilibrar la balanza y poder representar a todos los sectores que necesitan acceder a derechos básicos, ampliar su perspectiva de una vida que se transite con dignidad y es en ese camino que se deben proponer políticas integrales que permitirán ensanchar el horizonte para el conjunto de la sociedad.
En esa dirección, hemos creado por primera vez en la historia el Plan Nacional de Suelo Urbano, que ya permitió el acceso a suelo urbano de calidad a más de 30 mil familias en todo el país.
También recuperamos el Procrear, para que más de 100 mil personas adquieran o construyan una vivienda con fondos públicos a pagarse con un crédito sin tasa de interés y con plazos de gracia.
Y hemos puesto en marcha el programa de Planificación y Ordenamiento Territorial para asistir y acompañar a los gobiernos provinciales y municipales en la creación y promoción de marcos legislativos, así como también en la implementación de instrumentos de gestión de suelo.