LA NACION
- 23 de octubre de 2025
Fue por una medida cautelar que interpusieron asociaciones civiles; el carácter patrimonial de la estructura, la justificación del fallo; el gobierno porteño apeló la medida
El centenario Puente Ciudad de la Paz, que une los barrios de Palermo y Colegiales, sigue en el centro de un conflicto que enfrenta al gobierno porteño con las organizaciones civiles que defienden el patrimonio urbano. Ahora, en un fallo judicial reciente, se ordena suspender temporalmente la demolición de la estructura de 1919. Sin embargo, el gobierno de la ciudad y Autopistas Urbanas SA (AUSA) mantienen activa la licitación para construir una nueva.
Al considerar que existía “un riesgo real e inminente de que se produzca un daño irreparable al patrimonio cultural de Buenos Aires”, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº15 dictó una medida cautelar que ordena suspender cualquier intento de demolición o desarme de la estructura.
Desde las organizaciones civiles, la reacción fue inmediata tras el fallo judicial. “La decisión del juzgado es una medida de protección fundamental que reconoce el valor patrimonial del puente y la ilegalidad manifiesta en el accionar del gobierno de la ciudad. El juez ordena frenar cualquier intento de demolición o desarme, entendiendo que existe un riesgo real e inminente de que se produzca un daño irreparable al patrimonio cultural de Buenos Aires”, manifestó María Eva Koutsovitis, integrante de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
Por su parte, el abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y patrocinante de la causa, explicó: “La medida cautelar es una herramienta judicial muy poderosa que prohíbe legalmente cualquier acto de demolición mientras dure el proceso judicial. En ese sentido, es una garantía efectiva en el corto y mediano plazo, ya que cualquier intento de tocar el puente sería un desacato a una orden judicial”.
Pese a la resolución, en la página de proveedores de AUSA sigue publicada la licitación denominada “Provisión, construcción y montaje del nuevo Puente Ciudad de la Paz”, con apertura prevista para el 3 de diciembre próximo. El proyecto impulsado por la empresa estatal prevé el retiro y demolición del puente existente para reemplazarlo por una estructura metálica moderna, apta para vehículos pesados, diseñada por la consultora española Arenas & Asociados.
“Jurídicamente, el fallo ordena no demoler el puente, pero no anula explícitamente el proceso de licitación. El juez consideró que, al prohibir la demolición, el riesgo inmediato quedaba neutralizado”, sostuvo Baldiviezo. “Que el gobierno y la empresa AUSA continúen con la licitación puede interpretarse como una señal de que no han abandonado su proyecto de reemplazo. Están apostando a que la Justicia finalmente les dé la razón, ya sea en la apelación de esta medida cautelar o en la sentencia definitiva”, agregó.El expediente judicial detalla que la empresa argumenta razones de seguridad estructural y riesgo de colapso para justificar el reemplazo, aunque los informes técnicos oficiales contradicen esa versión. El ingeniero Martín Polimeni, contratado por el propio gobierno, concluyó que el puente “es susceptible de ser rehabilitado para el tránsito vehicular liviano” y que, una vez reforzado, “posee una alta confiabilidad estructural con una vida útil futura sin limitaciones de tiempo”.
Baldiviezo advirtió además que mantener vigente la licitación “genera incertidumbre y resulta contradictorio”. “Están avanzando con los pasos administrativos para demoler un bien que, hoy por hoy, una orden judicial protege. Podría verse como una forma de presionar y mantener vivo el proyecto a la espera de una ventana de oportunidad legal”, explicó.
Según el abogado, la principal consecuencia es que “se genera una situación de grave inseguridad jurídica y un conflicto de poderes. En la práctica, AUSA podría adjudicar un contrato millonario a una empresa para realizar un trabajo —la demolición— que una orden judicial prohíbe expresamente. Esto es un contrasentido”.
“Para las empresas que participan, implica un riesgo enorme, ya que podrían ganar una licitación para una obra que no se puede ejecutar. Para el Estado, significa seguir gastando recursos públicos en un proceso administrativo cuyo objeto es, al día de hoy, ilegal. Simbólicamente, demuestra una voluntad de la administración de no acatar el espíritu de la decisión judicial y de seguir adelante con un plan que choca de frente con la normativa de protección patrimonial vigente”, señaló Koutsovitis.
Más allá de la cautelar, las organizaciones destacan otro punto clave: la reciente ratificación del valor patrimonial del puente por parte del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), el propio órgano consultivo del gobierno, que rechazó el pedido de descatalogación. “En resumen, es un freno judicial a una acción que, a primera vista, parece arbitraria, priorizando la conservación de un bien protegido por ley sobre un proyecto administrativo que no siguió los pasos legales correspondientes”, explicaron.
Por ahora, la protección es temporaria, y la definitiva dependerá de la Legislatura. “La verdadera garantía vendrá cuando el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación, pendiente desde hace más de ocho años, de enviar a la Legislatura el proyecto de ley para su catalogación definitiva. Solo una ley puede protegerlo de forma permanente”, advirtió Baldiviezo.
Mientras tanto, el expediente judicial confirma que el gobierno porteño y AUSA apelaron la medida, buscando revertir la orden de no demoler. Las asociaciones, en cambio, se preparan para defender el fallo ante la Cámara de Apelaciones. “El próximo paso no es presentar una nueva acción, sino contestar la apelación del gobierno”, explicó Koutsovitis. “Nuestra tarea ahora es defender ante la Cámara la decisión del juez de primera instancia, presentando todos los argumentos para que la medida de protección se mantenga firme”, concluyó.
La decisión judicial implica un nuevo revés para los planes del gobierno de la ciudad de demoler el histórico puente en un conflicto que acumula varios capítulos y que ha movilizado a los vecinos. En diciembre de 2022, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta,la estructura fue cerrada al tránsito por riesgo estructural. Sin embargo, las obras no comenzaron hasta fines de 2024. Recién el 31 de marzo pasado se reabrió al tránsito vehicular, en un acto encabezado por Jorge Macri y el ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua.
Apenas cuatro meses después, el propio jefe de Gobierno anunció su intención de remover el puente y abrir un nuevo llamado a licitación para construir un paso vehicular más amplio. Según explicó entonces, el objetivo era permitir el tránsito de camiones. El gobierno de la ciudad y AUSA justificaron la iniciativa en supuestas fallas estructurales y problemas de seguridad, aunque los informes técnicos oficiales contradicen esa versión. A pesar de ello, AUSA avanzó con la publicación de la licitación sin que el CAAP hubiera concretado el paso previo: la descatalogación patrimonial del bien.