Silvia Gómez. 28/03/2023. Clarín
La primera iniciativa popular que llega al recinto busca que se haga un parque público en los terrenos en los que la Ciudad quieren hacer también edificios.
La venta de Costa Salguero. La Legislatura no aprobará un proyecto presentado por organizaciones vecinales para hacer un parque en el predio. Foto: Guillermo Rodríguez Adami
El jueves ingresa en el recinto de la Legislatura porteña un proyecto promovido, visibilizado e impulsado por vecinos y vecinas de la Ciudad que quieren un parque público en Costa Salguero, junto a la ribera del Río de la Plata; y no un nuevo barrio, con edificios, locales comerciales y oficinas, como promueve el gobierno porteño.
Se trata de un proyecto de ley que llegó a la Legislatura a través de una "iniciativa popular", un mecanismo legal que busca promover la participación vecinal. Es una iniciativa récord: porque es la primera que ingresa a la Legislatura porteña desde que se creó (en agosto de 1996, en reemplazo del Consejo Deliberante). Y porque logró la adhesión de 53.000 personas (todas ellas electoras en Ciudad de Buenos Aires, es decir con domicilio), superando las 38.440 que exige la ley.
Sin embargo, este contundente apoyo no le asegura los votos en el recinto. Por el contrario: el bloque oficialista ya adelantó que no votará a favor del pedido vecinal y así el proyecto quedará archivado. Vale recordar que el bloque Vamos Juntos tiene mayoría y suma además aliados de la UCR/Evolución.
De esta manera, la herramienta que se pensó y creó como una forma de participación ciudadana pierde su lógica. Desde que ingresó el proyecto a la Legislatura pasaron once meses. En este tiempo, la Comisión de Planeamiento Urbano no convocó asesores ni legisladores; es decir, no debatió el proyecto. Llegará este jueves al recinto sin debate previo.
Desde el Colectivo de Arquitectas, una de las organizaciones que impulsaron la movida, explicaron a Clarín: "Es un proyecto de la ciudadanía, es transversa, no tiene que ver con un partido político o con una visión sesgada. Venimos reclamando una Ciudad más justa, necesitamos debatir estos temas centrales, vinculados al espacio público, pero también al medio ambiente. La ola de calor que atravesamos estas semanas no pudo ser más elocuente, necesitamos más verde. Hay que tomar dimensión de la crisis que nos afecta en las ciudades, el futuro es ya", dijo la Arquitecta Barbara Rossen, integrante del colectivo y responsable del área de Derechos Urbanos, Espacio Público y Ambiente en la Defensoría del Pueblo.
A contrarreloj, buscan generar conciencia sobre la participación ciudadana que demostró esta iniciativa. Esperan que se apruebe en primera lectura para que esta instancia obligue a la Legislatura a convocar a una audiencia pública (se trata de leyes con doble lectura).
Si el jueves la Legislatura vota en contra, se pierde el proyecto de ley y el esfuerzo de las organizaciones, además de las expectativas de las miles de personas que aportaron sus datos y sus firmas para tener un parque público en esa zona de la Ciudad.
¿Qué es una iniciativa popular?
Es una herramienta prevista en la Constitución de la Ciudad que promueve la participación vecinal. Para que el proyecto de ley ingrese al recinto debe estar avalado con la firma del 1,5% del último padrón electoral local. Lo que implica que al menos 38.440 vecinos tienen que firmar para que el proyecto avance hasta el recinto. Según los datos recolectados por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, en las elecciones de octubre de 2019 se registró a 2.562.670 personas habilitadas para votar.
Esta iniciativa popular -que se convocó en 2021- superó con creces esas 38.440 firmas que exige la ley; finalmente fueron 53.000 las que apoyaron el proyecto para que se construya un parque público.
La iniciativa debe recorrer un camino dentro del Palacio Legislativo: el primero es determinar que el proyecto tenga que ver con una competencia propia de la Legislatura. En este caso lo es, de hecho recibió el visto bueno de la Comisión Constitucional. Los temas vedados para una iniciativa popular son los vinculados al Presupuesto o tratados internacionales o de reforma de la Constitución, por ejemplo.
Respecto a la recolección de firmas, no se hacen en cualquier planilla, sino que tienen que tener un logo de la Legislatura. En estas planillas se anotan los datos: el nombre y documento de identidad de las personas que apoyan la iniciativa, su domicilio electoral, la fecha y la firma.
Las primeras 4.000 firmas fueron vitales. Porque La Ley de Procedimiento de Iniciativa Popular establece que el proyecto sea difundido en los medios públicos de la Ciudad, en radios, carteleras y medios electrónicos (web y redes sociales); también en los medios vinculados a la Legislatura.
¿Cómo se verifica que las firmas sean verdaderas? El trabajo lo lleva adelante el Tribunal Electoral porteño. Pero no verifica todas las firmas, sino un porcentaje. Para las primeras 4.000 tendrá la tarea de chequear un 3%. Esto se hace de manera aleatoria. Si el 10% de las firmas verificadas muestra algún tipo de irregularidad, entonces la iniciativa pierde el derecho a ser publicitada.
La iniciativa continúa su camino, pero con algunos escollos que debe sortear y que explican en parte por qué es una herramienta compleja para implementar. A saber: las firmas no pueden tener una antigüedad mayor a doce meses. Y por otro lado, una vez que se hayan presentado, hay un trabajo muy importante que debe hacer el Tribunal Electoral con el control y la verificación, que se realiza or muestreo.
Una vez que se juntan todas las firmas, y se verifican, el proyecto ingresa a comisiones. Luego la Legislatura tiene un plazo de 12 meses para sancionar o rechazar el proyecto.
Proyecto con polémica
El Gobierno porteño presentó un proyecto de ley para vender 32 hectáreas junto a la Ribera, en la zona de Costanera Norte. Este proyecto fue aprobado en diciembre de 2019, en lectura simple. Desde ese momento, la venta de las tierras se encuentra judicializada. En primera instancia recibió un fallo adverso; la justicia consideró que la venta es "inconstitucional".
Este fallo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. En octubre de 2021, la Sala Nro. 2 de la Cámara entendió que se infringió un procedimiento constitucional relativo a la "desafectación de los inmuebles del dominio público". Ocurre que el Gobierno porteño los considera "terreno público de dominio privado de la Ciudad" y de esta manera evitó la doble lectura y la audiencia pública.
La Ciudad apeló y en este momento la definición se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia.
El Ejecutivo porteño pretende vender el predio que ocupa Costa Salguero, frente al Río de la Plata, para permitir la construcción de un nuevo barrio. Como indica el Código de Planeamiento Urbano, al menos un 65% de los terrenos deben ser destinados a espacios públicos, lo que incluye a calles y veredas.
Más allá de la venta, ya hay cambios en marcha, como la construcción de un paso público en donde estaba el driving y la construcción de una playa, que también fue frenada por la Justicia.
SC