LA NACION
Semanas atrás, LA NACION puso luz sobre la existencia de olores nauseabundos en Tigre y San Fernando, que son originados por tres frigoríficos. Ya en 1992, los dueños de estas empresas fueron detenidos en el marco de la causa “Averiguación contaminación río Reconquista”, llevada adelante por la Justicia sin mucho éxito. Tres décadas han pasado desde entonces sin que se hayan producido cambios concretos para llevar adelante un saneamiento ambiental ni las inversiones privadas necesarias para adaptarse al nuevo entorno urbano residencial.
Los entes de control provinciales, como la Autoridad del Agua y el Organismo para el Desarrollo Sostenible, hoy parte del flamante Ministerio de Ambiente bonaerense, no cuentan con estudios exhaustivos ni frecuentes que monitoreen y controlen el impacto de los frigoríficos en el aire, las napas y los cursos de agua que hacen a la cuenca del río Reconquista. Tampoco está disponible un registro público ambiental, creado por una ley provincial, que debería brindar a los ciudadanos y a la prensa el acceso anónimo, libre, gratuito e irrestricto a la información ambiental de ciertas industrias, como la cárnica. Frigoríficos que operan desde hace décadas tienen a duras penas un certificado de aptitud ambiental en trámite. Las empresas incumplen también y de manera flagrante la ley provincial que, desde 1977, las obliga a tener cortinas forestales circundantes para minimizar el impacto de los olores que generan.
Vecinos han denunciado la situación ambiental generada por enormes lagunas de efluentes, fotografiadas por este diario, que se encuentran colapsadas por los años, la carencia de membranas y el exceso de animales faenados que deberían procesar. Ante la ausencia de oxígeno suficiente para descomponer la materia orgánica que reciben, emiten ácido sulfhídrico al aire, generando el olor a huevo podrido que se siente en gran parte del corredor Bancalari y que afecta no solo la salud de quienes circulan por los distintos barrios, clubes y colegios, sino que puede ser percibido hasta por quienes caminan o transitan en vehículos por la ruta 202, a esa altura.
Los controles sobre los parámetros para el vuelco de efluentes industriales brillan por su ausencia y las pocas multas que se han impuesto son ridículamente bajas, lo cual alienta el incumplimiento de la ley.
Llama la atención que existan empresas que han dado cuenta de importantes inversiones en los últimos años para ampliar su capacidad de refrigeración de carnes, pero que no habrían privilegiado las inversiones ambientales necesarias para adecuarse a un entorno urbano que no existía décadas atrás, cuando se instalaron en la zona. También sorprende que algunas de esas empresas busquen intimidar a los vecinos con cartas documento, frente a sus legítimas demandas.
Lo cierto es que la problemática del río Reconquista lleva décadas sin solución. En parte, porque los recursos públicos para su saneamiento suelen evaporarse antes de hallar su cauce y, adicionalmente, por la falta de voluntad política para ejercer un adecuado control sobre los vertidos cloacales. En el caso de los frigoríficos de la zona norte, habrá que ver si luego de tres décadas, además de los entes de control, no debería intervenir la Justicia.
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