Observatorio Metropolitano

El jefe de Gobierno trajo de vuelta la política de dificultar la vida en los barrios populares. Por qué no es una solución y qué hacen otras grandes ciudades de la región. Cenital

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Por Federico Poore

La administración de Jorge Macri intensificó por estos días su ofensiva discursiva y policial contra los barrios populares con un publicitado operativo en la Villa 31, la segunda más grande de la Ciudad de Buenos Aires. “Cerramos todos los corralones que operaban de forma ilegal suministrando material para el crecimiento de la villa”, escribió el jefe de Gobierno porteño en su cuenta de Instagram. “Seguimos, de forma permanente, controlando todos los accesos. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”.

Como se observa en fotos y videos difundidos por el gobierno, la policía clausuró comercios de materiales para la construcción, bloqueó el ingreso de insumos y realizó diferentes operativos de fiscalización. Los vecinos hablan de una persecución.

“Están secuestrando garrafas de los comercios sin orden de ningún tipo. Estamos hablando de personal policial que entra a los negocios sin presentar ningún papel”, dice a este medio Silvana, una vecina que denuncia la creciente “militarización” del barrio pegado a la estación de Retiro en el que viven casi 30 mil personas y que también se conoce como Barrio Mugica.

“A los corralones que había los ‘allanaron’ y les robaron materiales”, cuenta Carina, que trabajó durante un tiempo en la 31. “Y están tratando de impedir el trabajo de los cartoneros y recicladores urbanos, les secuestran los carros… Esto viene creciendo”.

Amalia, coordinadora de un comedor comunitario, dice que la nueva política de cerrar calles con pilotes complica los accesos de los servicios de emergencia. “La otra vez que hubo un incendio las ambulancias no pudieron entrar y los bomberos tampoco”, dice. La referente local tampoco entiende la política de bloqueo de materiales del actual gobierno: “Creen que con eso frenan las nuevas construcciones, pero se olvidan que hay veces en la que los vecinos quieren mejorar su casa, cambiar las cerámicas o arreglar algo en el baño”.

En paralelo, el gobierno comenzó a utilizar el sospechoso argumento de la “falta de habilitación” para clausurar comercios locales, ignorando así el plan progresivo de adecuación de la Ley N° 6129 de Reurbanización del Barrio Mugica y las excepciones permitidas al interior del polígono “cuando la normativa resulte de aplicación imposible debido a condiciones edilicias existentes”. Así lo denuncia un oficio que el Ministerio Público de la Defensa le hizo llegar el 31 de marzo al Gobierno de la Ciudad en la que el defensor Ramiro Dos Santos Freire solicita de manera urgente la convocatoria a una mesa de trabajo. Hasta ahora el pedido ha sido ignorado.

Qué hay de nuevo, viejo

Estas medidas forman parte de un nuevo abordaje que Jorge Macri adoptó poco después de asumir como jefe de Gobierno, en un intento por diferenciarse de la gestión anterior de Horacio Rodríguez Larreta, curiosamente del mismo signo político.

“Lo que hay es mucha incertidumbre y enojo. Hay mucha arbitrariedad y una sensación de superficialidad continua”, dice María Migliore, exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, consultada por Cenital sobre esto. “No hay interlocutores claros de gobierno y nadie ve real que se controlen las construcciones. Y molesta el tema de los pilotes, porque en los hechos aisla más al barrio”.

Christian, un exvecino del Barrio Mugica que vivía allí desde 2013, coincide: “No están manteniendo nada de lo que se hizo. Se está cayendo todo a pedazos, la poca presencia del Estado que habíamos ganado ya no está más”.

Larreta había iniciado procesos de integración sociourbana en cuatro villas importantes. Durante su gestión, entre 2015 y 2023, se construyeron 5.997 viviendas para sectores populares: 611 en la Rodrigo Bueno, 678 en el Playón de Chacarita, 1.665 en el Barrio 20-Papa Francisco, 1.877 en ACUMAR (la recuperación del camino de sirga en la cuenca Matanza-Riachuelo) y 1.166 en Barrio Mugica (Villa 31). El proceso de integración sociourbana del Barrio Mugica fue reconocido a nivel internacional y en aquel momento las mayores críticas apuntaban a que la política no avanzaba lo suficiente, ya que no cubría todos los barrios populares de la Ciudad.

Pero la llegada a Uspallata del primo de Mauricio Macri coincidió con una alianza tácita con el bloque de La Libertad Avanza, ganador de las elecciones a nivel nacional, y un giro a la derecha que comenzó en el discurso, pero que pronto se materializó en políticas. La integración de barrios populares a la trama urbana se frenó en seco y la administración porteña abandonó el diálogo con referentes locales para dar paso en su lugar a estrategias del tipo “la ley y el orden” más vinculadas a la gobernabilidad en el territorio.

El problema de este abordaje es que tiene las patas cortas. Un discurso que ignora los derechos de los habitantes de estos barrios (el 5,3% de los porteños vive en alguna de las villas de la Ciudad) tiene más de pose que de solución. Al mismo tiempo, el dirigente que lo adopta parece sobreestimar su popularidad: acercarse al slogan de “hay que volar las villas” es hacer propia la política de un candidato que en las últimas elecciones a jefe de Gobierno quedó más cerca del trotskismo que del primer o segundo puesto, y que en las últimas legislativas sacó un 2,6% de los votos.

Pero además, Macri (p) viene repitiendo que decidió abandonar la política de integración urbana para enfocarse en “la clase media”, cuando su gran anuncio para el sector, a 28 meses de iniciado su mandato, fue una baja de dos puntos en la tasa de un crédito hipotecario al que solo puede acceder el 10% más rico de los hogares.

Los demás

A esta altura del siglo, no quedan ciudades relevantes que crean que la erradicación física y la acción policial sean la solución al problema de los asentamientos informales. Es cierto: Mumbai, Ciudad del Cabo o Manila aún se centran en desalojos, demoliciones y control policial. Pero no pueden considerarse, en rigor, políticas exitosas.

En las últimas décadas tomó fuerza un enfoque que considera la informalidad urbana como un fenómeno estructural, ligado al déficit de vivienda y a la desigualdad, y que entienden que la erradicación y la relocalización suelen fracasar o agravar el problema. Por el contrario, la evidencia ha demostrado que la mejora in situ resulta más efectiva y socialmente menos costosa. Tal es el argumento central del informe Slum Upgrading and Housing in Latin America, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que se analizan casos clave como los de Brasil y Colombia.

“Durante 25 años, Colombia adoptó un enfoque facilitador en materia de vivienda para mejorar la eficiencia del mercado inmobiliario, ofreciendo incentivos a los sectores de la construcción y las finanzas y transfiriendo al sector privado la responsabilidad de proporcionar viviendas asequibles. Con criterios de elegibilidad que excluyen a los pobres, estas políticas orientadas al mercado no tuvieron ningún impacto en el aumento del acceso a viviendas asequibles ni en la reducción de la formación de barrios marginales”, explica en el informe Patricia Acosta, profesora de la Universidad del Rosario de Bogotá.

Desde entonces, y facilitados por un nuevo marco legal, las ciudades y municipios colombianos decidieron utilizar instrumentos de suelo y planificación para facilitar la oferta de terrenos urbanizados e implementar programas de mejora de los barrios informales.

Brasil atravesó un derrotero similar. A finales del siglo XX, el rápido crecimiento de asentamientos informales en ciudades como São Paulo y Rio de Janeiro confirmó que ni el Estado ni el mercado eran capaces, por sí solos, de hacerle frente a la demanda de vivienda de las grandes mayorías. Al mismo tiempo, las políticas de erradicación violenta que habían caracterizado las cuatro décadas anteriores probaron ser increíblemente ineficaces.

Comenzando por PROFAVELA en Belo Horizonte y Favela-Bairro en Río, los líderes locales comenzaron a desarrollar políticas de integración urbana, muchas de ellas con financiamiento internacional. Los programas más conocidos son el Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) y Minha Casa Minha Vida (MCMV), lanzados por Lula da Silva entre 2007 y 2009.

El de Brasil es un enfoque doble que combina la mejora de los servicios y las condiciones de vida en los barrios marginales con la construcción de nuevas viviendas subvencionadas y adaptadas al mercado: PAC Favela mejora barrios existentes, mientras que MCMV produce vivienda nueva y busca la expansión del parque habitacional formal. Ambas políticas, informa el BID, lograron mejorar las condiciones de vida de millones de personas.

Esta mirada, propia de una metrópolis con serios problemas de acceso a la vivienda, va mucho más allá de la propuesta municipal de “orden y control”. Tanto en Brasil como en Colombia, las grandes ciudades han echado mano a instrumentos como el despliegue de infraestructura básica, el desarrollo de conectividad urbana (apertura de calles, llegada del transporte público) y la instalación de equipamientos sociales (educación, salud y cultura) que buscan igualar el acceso a oportunidades en contextos urbanos.

Por último, el informe explica que cualquier política de mejoramiento de barrios informales debe ir acompañada de reformas estructurales en otros ámbitos “como la disponibilidad de suelo para viviendas asequibles, el fortalecimiento de capacidades locales al servicio de la planificación de desarrollos urbanísticos integrados y el fomento de una economía local diversificada capaz de crear empleo”. Ni una ni otra parecen estar presentes en esta gestión porteña.