El pasado jueves 4 de julio, se realizó en el Auditorio CPAU un evento que contó con la presentación del mapa en línea que releva alrededor de 60 subastas de los Bienes del Estado en CABA a cargo del equipo del Observatorio Metropolitano del CPAU y de una mesa debate que reunió a especialistas sobre el tema.
Valeria del Puerto, presidenta del CPAU, dio inicio a la jornada presentando el objetivo del encuentro y a los oradores. A continuación, Nicolas Gallo (Ingeniero, Centro Argentino de Ingenieros) en representación de las instituciones SCA, CPIC, CAI, y CPAU, presentó la carta enviada al presidente de la Nación expresando la preocupación por la necesidad de una política para administrar las tierras del Estado en el marco del desarrollo de la ciudad.
Luego, Paloma Garay Santaló, en representación del equipo del Observatorio, mostró los datos obtenidos a partir de un mapeo de los bienes públicos que han sido o están en proceso de ser enajenados. El mapa permite visualizar de manera conjunta la dimensión territorial de una política que el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad han desarrollado mediante acciones individualizadas durante los últimos 3 años. El análisis de los datos brindó información cuantitativa de las subastas, entendida en su conjunto como una política de venta de tierra pública.
A continuación los especialistas Juan Duarte (Urbanista. Universidad de General Sarmiento), Andrés Borthagaray (Arquitecto UBA. Fundación FURBAN), Martín Reibel Maier (Ex – Vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado) y Rafael Gentilli (Abogado. Magister en Análisis Político, Legislador de la Ciudad 2009-2013) disertaron sobre los ejes del debate propuestos por el equipo del Observatorio.
En primer lugar Juan Duarte cuestionó la compatibilidad entre los nuevos proyectos urbanos y los requerimientos de desarrollo urbano de la Ciudad y el destino de estas tierras públicas. En su opinión, el Estado debe regular con criterio el suelo público con un fin social para atender a una situación habitacional cada vez más desfavorable y se refirió a cuatro factores para justificar su argumentación: “el incremento de la proporción de población que habitan en villas y asentamientos en CABA, del 4,1% de la población en 2006 al 7,6% en 2017, lo que equivale a 100 mil personas más viviendo en condiciones de precariedad habitacional; el incremento de la población en situación de calle observado en los últimos años; el aumento del peso del alquiler en el ingreso de los hogares que del 41,1% en febrero de 2018 al 47% un año después; el aumento de la cuota mensual de los créditos hipotecarios en UVAs la cual en los últimos tres años, superó largamente la evolución de los ingresos de los adjudicatarios.”
Duarte preguntó abiertamente sobre si sólo la venta puede ser una forma de financiar los proyectos del Estado y concluyó diciendo que, desprenderse de este activo estratégico en el marco de la crisis habitacional actual parece ser una decisión desacertada.
Rafael Gentilli, hizo hincapié en la falta de Planificación de un modelo de Ciudad por parte del Estado y manifestó que en los nuevos proyectos urbanos queda excluida una política urbana social, dado que se utiliza el suelo como una revalorización del dinero que “solo genera una mayor exclusión social que profundizan las condiciones críticas de desigualdad”.
Martin Reibel Maier, Ex vicepresidente de la AABE (2012-2015) y del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda única y Familiar, (Pro.Cre.ar), trabajó en el diseño del instrumento desde los inicios. Insistió en la importancia de la interpretación en el uso de los bienes del Estado, regulada por los artículos 14 bis y 75 de la Constitución Nacional (inciso 16), remarcando que la creación de la Agencia tuvo como objetivo “poner en disponibilidad social y en función directa los bienes del Estado”. Remarcó que “en este proceso la venta, prolifera una política de liquidacion inmobiliaria de tierras estratégicas mayoritariamente de origen ferroviario avanzando con el levantamiento de ramales estructurales de la red ferroviaria Argentina y tierras militares principalmente en la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, Andrés Borthagaray destacó la importancia de debatir y llevar a cabo un procedimiento que analice globalmente el uso del suelo urbano y mencionó ejemplos sobre cuál es el tratamiento que se le da en diferentes ciudades del mundo, incorporando como variable a la construcción de privados la inclusión de un % destinado a vivienda social.
También remarcó la importancia de incluir a los profesionales en la discusión de los proyectos y en el uso de los recursos, por ejemplo, mediante la realización de concursos públicos.
El encuentro finalizó con un debate abierto al público, donde se destacaron temas como la falta de planificación que tiene el Estado en cada una de las actividades, lo conveniente que sería incorporar la dimensión de cambio climático en las políticas urbanas y definir el proceso de legitimación de los planes mediante inclusión de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones para los proyectos de carácter público a partir de mecanismos de participación efectivos.Por último la Arq, Margarita Charriere destacó que la tierra no está solo para vender sino para comprar y que la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá reflexionar sobre el conjunto y en cómo administrar dichos bienes.
Carta al Sr. Presidente de la Nación
El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo junto al Centro Argentino de Ingenieros, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil y la Sociedad Central de Arquitectos se dirigió al Presidente de la Nación Argentina, Ingeniero Mauricio Macri, a fin de manifestar su preocupación respecto de la subasta o enajenación de inmuebles del Estado Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Señor
Presidente de la Nación Argentina lng. Mauricio Macri
Presente
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De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en orden a remitirle la nota suscripta por las siguientes entidades profesionales: Centro Argentino de Ingenieros (CAI), Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), Consejo Profesional de Ingeniería Civi (CPIC) y Sociedad Central de Arquitectos (SCA), en la que manifestamos nuestra preocupación con respecto a la subasta o enajenación de inmuebles del estado nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los años 2017 y 2018.
Sin otro particular, saludan muy atentamente.
SCA / Arq. Bekinschtein /Presidente
CAI / Arq. Marelli /Secretaria
CPAU / Arq. Del Puerto /Presidente
Las entidades firmantes Centro Argentino de Ingenieros (CAI), Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) y Sociedad Central de Arquitectos (SCA), teniendo a la vista el mapa elaborado por el Observatorio Metropolitano del CPAU que recopila información y la localización de inmuebles, dominio del ESTADO NACIONAL, que se encuentran en proceso de subasta o han sido enajenados durante el periodo 2017-2018 dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han resuelto emitir y difundir la siguiente declaración conjunta:
Entendemos que, la sumatoria de estas operaciones vista en su conjunto, representa una política de venta de tierras públicas sobre la cual no se ha evaluado de forma integral su impacto en el marco del desarrollo y la planificación de la Ciudad .
Este proceso tiene como denominador común la enajenación del suelo público por medio de subastas individuales, otorgando normas urbanísticas particulares, que habilita la transferencia de renta urbana al sector privado bajo la forma de proyectos de obras o emprendimientos inmobiliarios, para usos residenciales y de oficina. En lo que respecta al soporte legal de estas acciones, es importante destacar que la consumación de la venta de suelo público debe seguir una serie de procedimientos para su aprobación, radicando su legitimidad en constituirse como emprendimientos de interés público, destinados al desarrollo y la inclusión social.
Entre 2017 y 2018 más de 40 inmuebles nacionales iniciaron procesos de subasta, incluyendo predios con una localización y dimensiones relevantes a escala urbana, según se puede ver en el mapa on-line realizado por el Observatorio Metropolitano.
Vale recordar que el tratamiento urbanístico de los inmuebles estatales no está contemplado cabalmente en el nuevo Código Urbanístico.
Los inmuebles estatales constituyen, en su conjunto, un bien limitado y por ello un recurso invaluable. Es importante, por la propia entidad del tema, poner en discusión el proceso de privatización de la tierra pública en un marco amplio de análisis, basando su desarrollo en el beneficio común, e incluyendo las operaciones en una dinámica integradora de la planificación urbana de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, se recomienda para todo proceso de enajenación, considerar la incidencia en cuanto a plusvalías urbanas (o en algunos casos minusvalías) que se producen al transferir inmuebles a desarrollos comerciales privados con normas urbanísticas especiales. Este concepto forma parte de las modificaciones aprobadas en el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad .
A partir de la evidente incidencia territorial de las acciones impulsadas por el Estado Nacional, y la necesidad de un abordaje desde la planificación urbana, a partir de visualizar las operaciones contextualizadas en una cartografía de conjunto, las entidades firmantes ofrecen su colaboración una vez más, para diseñar un programa de desarrollo urbano que contemple integralmente los espacios públicos y nuevos proyectos, su funcionalidad para el bien común, considerando las necesidades actuales y futuras de equipamiento e infraestructura, así como el impacto urbano que genera la inclusión de grandes predios en el desarrollo urbano general, evaluando la pertinencia social, económica y financiera de las operaciones, dando un marco conjunto a las acciones individuales.
Presentación del Observatorio:
http://www.observatorioamba.org/publicaciones/subasta_bienes_estado/index.html
Carta:
http://static.cpau.org/acciones/2019/julio/Nota%20firma%20conjunta.pdf