INSTITUTO DEL CONURBANO
Publicamos una investigación del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento realizado durante Julio - Agosto 2020
1.10.2020
El Instituto del Conurbano (ICO) de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) presentó los avances preliminares de una investigación sobre los efectos de la pandemia y las medidas para hacerle frente, realizada entre los meses de julio y agosto en los 24 municipios del Conurbano Bonaerense.
Se trata de la primera etapa de la investigación sobre la “Prevención y monitoreo del COVID-19 desde una perspectiva multidimensional”, financiada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). La misma presenta un diagnóstico general y relevamiento sobre las condiciones de vida y estrategia de los hogares, las condiciones económicas, productivas y laborales, el abastecimiento alimentario, las capacidades político-institucionales de los municipios y la problemática de la seguridad, cuyos resultados se presentan sintéticamente en el informe 1. Los informes producidos y las entrevistas realizadas evidencian una fuerte presencia estatal para atender los efectos de la pandemia en el territorio, si bien al mismo tiempo se advierten dificultades en ciertos sectores para acceder a los beneficios.
El informe 2 sobre el Conurbano en la cuarentena, advierte dos problemáticas que se presentan como el nudo compartido de las preocupaciones en los barrios populares. En primer lugar, la discontinuidad laboral y de los ingresos provenientes del trabajo (con la coincidencia de la mitad de los/as informantes). En segundo lugar, el acceso a los alimentos y a productos básicos (enfatizado por más de la tercera parte de los/as entrevistados/as).
Los/as autores/as señalan que entre las estrategias para hacer frente a la necesidad de ingresos se posicionan “ocupaciones refugio” que en muchos casos significan reconversiones de las trayectorias laborales de las familias. “La severidad que asume la discontinuidad laboral en los barrios populares se corresponde con la informalidad de la ocupación que es característica de la periferia del Conurbano”, detalla Verónica Maceira, coordinadora de esta línea de investigación.
Específicamente en el informe 3, coordinado por José Borello sobre Industria y empleo, advierten los y las investigadores/as que muchas empresas venían trabajando en condiciones recesivas y con bajo uso de su capacidad instalada.
La información disponible sugiere que se están alcanzando actualmente, en muchas empresas y ramas de actividad, niveles de uso de la capacidad instalada iguales o mayores que los que había en marzo del 2020 o a fines del 2019. “Esto no alcanza a todas las firmas y todas las ramas y, además, los niveles de comparación son muy bajos”, aclaran los/as investigadores/as. El informe presenta un mapa interactivo con nuevos indicadores de producción y empleo desagregados por municipio.
El informe 4 sobre trabajo y empleo puso en evidencia la centralidad de la acción sindical en los lugares de trabajo, el rol de las y los delegados en los establecimientos y el protagonismo de las organizaciones sindicales para la elaboración de protocolos que posibiliten garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas necesarias. Por su parte, el informe 5 sobre Economía Social, coordinado por Gonzalo Vázquez, analiza las condiciones de los actores diferenciando los impactos según los diferentes sectores del mundo asociativo, cooperativas textiles, recuperadas, gráficas, tecnológicas, productores familiares de alimentos, entre otros. Asimismo, los/as autores/as caracterizan las estrategias desplegadas y los desafíos que presenta la articulación sectorial y con el Estado para acceder a las políticas de apoyo.
El informe 6, sobre los mercados mayoristas de alimentos del AMBA, presenta un análisis en profundidad de las dificultades que enfrentó el abastecimiento de alimentos fruti-hortícolas, frente al aislamiento, el cierre preventivo de algunos mercados y la progresiva implementación de los protocolos de prevención, en un sector caracterizado por la fuerte aglomeración de productores/vendedores en espacios reducidos.
Por otro lado, el informe 7 sobre capacidades municipales que coordinó Bárbara Couto, advierte que la crisis sanitaria y alimentaria puso a prueba las capacidades de las instituciones locales para afrontar temáticas complejas. “Funcionarios, técnicos, agentes en el nivel local debieron enfrentar súbitamente nuevos problemas sanitarios y socioeconómicos, teniendo a la vez que producir una adaptación veloz en las maneras de gestionar, organizar la función pública y movilizar recursos humanos, técnicos y económicos”, señala Bárbara Couto, investigadora docente de la UNGS.
En este sentido, el informe 7 presenta datos de gasto municipal en salud y gasto social por municipio. Los autores advierten sobre el peso desigual de los recursos que los diferentes municipios logran captar y destinan a la función de asistencia social y de salud. También establecen que la gestión de la crisis se materializó en la creación de dispositivos institucionales de coordinación como los Comités Operativos de Emergencia. Según el informe, la contención en materia alimentaria de Nación y Provincia es clave. Al mismo tiempo, los dispositivos municipales de descentralización y los de participación ciudadana tanto preexistentes como nuevos, resultaron las herramientas clave para hacer frente a la emergencia sanitaria y permitieron organizar la logística de distribución de recursos adicionales, alimentos e insumos críticos a la vez que las tareas de prevención y monitoreo del COVID-19.
Finalmente, el informe 8 sobre seguridad aborda las principales problemáticas, hechos delictivos, violencia de género, acatamiento del aislamiento y las tensiones en torno a la gestión local de la seguridad. Daniel Cassano, coordinador del eje, señala que “la emergencia sanitaria volvió a poner en discusión las tensiones intrínsecas a la gestión local de la seguridad, así como los desafíos pendientes en materia de atribuciones, competencias, limitaciones y recursos de los municipios en este marco”. Este informe se realizó en cooperación con el ILSED, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, con vistas a fortalecer la línea de investigación del ICO en la temática.