En la iniciativa confluyen diputados de doce bloques que acordaron junto a Cáritas y organizaciones sociales. La propuesta busca reactivar las obras que abandonó el gobierno de Milei. Página 12
Diputados de doce bloques parlamentarios junto a Cáritas, Techo y movimientos sociales presentarán hoy, con una conferencia de prensa, un proyecto de ley para que las obras de integración de los barrios populares vuelvan a tener el financiamiento que les quitó el gobierno de Milei. El proyecto, si es convertido en ley, le garantizará a los trabajos de urbanización un piso presupuestario durante los próximos diez años.
Tiene el apoyo de diputados de sectores políticos muy diversos. En la presentación anunciada para este miércoles a las 10 horas en Balcarce 236 (la sede de Cáritas), se verá esa amplitud. Hablarán en favor del proyecto Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Martín Lousteau y Esteban Paulón (Provincias Unidas) Fernanda Miño (Unión por la Patria) y Nicolás Massot (Encuentro Federal). También el presidente de Cáritas, Gustavo Carrara, y Araceli Ledesma, de la ONG Techo.
En Argentina, más del 10 por ciento de la población vive en barrios populares, en viviendas que no tienen acceso a los servicios públicos de agua potable, cloacas o electricidad segura, en los que faltan calles o las que hay son de tierra. Por otra parte, más de la mitad de sus habitantes carecen de títulos de propiedad de sus hogares. Uno de los motivos por los que se generó esta situación es que hace décadas que el Estado no tiene políticas de acceso al suelo para las clases populares. El tema quedó exclusivamente en manos del mercado, interesado en construir viviendas de alta gama, como el desarrollo de countries, pero no en dar respuesta al déficit habitacional de la sociedad.
En 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, legisladores de un arco político tan amplio como el actual sancionaron la Ley 27.453, para urbanizar los asentamientos precarios. Se realizó primero un Registro de Barrios Populares; luego, durante el gobierno de Alberto Fernández, comenzaron a realizarse trabajos de integración. Fueron financiados con parte de un impuesto a la compra de dólares y parte del impuesto a las grandes fortunas, que se cobró durante la pandemia.
Entre 2020 y 2023 se realizaron 1.322 obras en 1.164 barrios que mejoraron la vida de más de un millón trescientas mil personas. Parte de ellas fueron hechas por cooperativas integradas por los propios vecinos de los barrios, generando de manera masiva fuentes de trabajo y posibilidades de capacitarse en oficios. Todo eso terminó cuando La Libertad Avanza llegó al gobierno y dejó los trabajos sin financiamiento.
El nuevo proyecto de ley busca reactivar las obras y garantizar su continuidad durante diez años. Para eso, establece un piso presupuestario anual atado al PBI, que arranca en 0,0375 por ciento del producto bruto interno, y va creciendo hasta el 2036, que arranca en el 0,0375%. El proyecto no crea nuevos impuestos, pero sí fija una prioridad dentro de los recursos de rentas generales para que la urbanización se mantenga aunque cambie el gobierno. .
Al anunciar la conferencia de prensa, la UTEP, TECHO y Cáritas advirtieron sobre el aumento de la pobreza y la indigencia. Según infomó el INDEC la semana pasada, el 32 por ciento de las personas que habitan en Argentina se encuentran en situación de pobreza y el 7,5 por ciento en situación de indigencia en el primer semestre de 2026.
“La pobreza aumentó 4,1 puntos respecto del segundo semestre de 2025, mientras que la indigencia creció 1,2 puntos”, dijeron las organizaciones. “En este contexto -señalaron-, garantizar el acceso a infraestructura, servicios básicos y condiciones habitacionales dignas en los barrios populares resulta una política urgente y necesaria”.