El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), en conjunto con las instituciones que conforman la Mesa de la Construcción, organizó cuatro encuentros con los candidatos y candidatas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El martes 21 de septiembre, en la SCA, Leandro Santoro y Bárbara Rossen, de Unión por la Patria, abrieron el ciclo. De acuerdo a las consignas pautadas, desarrollaron los temas propuestos y respondieron preguntas del público.

La arquitecta Rita Comando, presidenta de la SCA, les dio la bienvenida en nombre de las entidades organizadoras. Luego de las presentaciones, fue directo al primer eje.

 Normativa urbana y desarrollo de la ciudad

Comenzó la arquitecta Rossen, refiriéndose al cambio del Código Urbanístico, aprobado por la mayoría oficialista, “Creo que la última ley que se aprobó por consenso fue la Ley PUA (Plan Urbano Ambiental) en lo que es política urbana y es algo que quiero reivindicar. Tenemos que recuperar la construcción de consensos y trabajar con los profesionales, los políticos y el pueblo, como decía Margarita Charrière, las 3 P”.

La candidata a vicejefa de la Ciudad dio ejemplos de cómo el Código Urbanístico actual no respeta los lineamientos del Plan Urbano Ambiental y analizó. “No hay previsibilidad morfológica. La idea de cambiar un código era que todos los vecinos y vecinas supieran qué era lo que podía ocurrir en su manzana. Eso tampoco ocurrió, porque aparecieron los convenios urbanísticos, que son excepciones. El GCABA invitó a los privados a que presenten proyectos que están por fuera del código. Es decir, no tenemos igualdad de condiciones, no favorece a la Ciudad, no favorece a los vecinos y vecinas, ni tampoco a la matrícula. No hay reglas claras ni honestidad profesional. No todos los estudios tienen la posibilidad de hacer lobby para conseguir una norma específica”.

Rossen abogó por reglas claras y porque no existan la excepción ni la imprevisibilidad. “El Código tiene que ser simple, sencillo, de fácil comprensión y que se respeten las identidades barriales. Que también se tenga en cuenta que la ciudad ha padecido una pandemia y que tenemos que incorporar la sustentabilidad en la construcción”.

Aclaró también que “estamos a favor de la construcción, obviamente, pero con una política que haga que la ciudad sea más justa y humana, que la reoriente donde se necesita. El proyecto que tenemos es que la ciudad deje de ser un lugar de especulación inmobiliaria. Esa, sintéticamente, es la propuesta para el cambio del código urbanístico: que sea con participación, de manera colectiva”, cerró para darle la palabra a Santoro.

El candidato a jefe de Gobierno porteño recordó el debate sobre Costa Salguero. “No discutimos solamente sobre un gran parque público o sobre la recuperación del río para la ciudad. Discutimos también qué tipo de relación hay que tener con el mercado. Nos parece que es absolutamente injustificable que el Estado esté puesto al servicio exclusivamente de la rentabilidad de cinco grandes jugadores, que son los que se quedan con la tierra pública, los convenios urbanísticos y, finalmente, los que consiguen los recursos financieros para poder llevar adelante proyectos de desarrollo urbanístico que no cumplen ninguna función social”.

Calificó como “casi un acto de corrupción” la utilización de una normativa especial como los convenios. “Y utilizo el casi por cortesía. El GCABA llamó a un concurso para violar la ley. Se presentaron 100 convenios urbanísticos. Los frenamos en la legislatura”. Y agregó: “Nosotros creemos en una ciudad donde el Estado cumple un papel en el desarrollo urbanístico teniendo en cuenta todos los intereses. Por supuesto que tenemos ganas que la gente construya en Buenos Aires, haga dinero, que ustedes tengan empleo y muchos proyectos. Pero dentro de la ley y del sentido común”.

Para terminar el primer tema, aclaró que “el código no es solamente la construcción, también el uso que se le da al terreno” y relató un ejemplo en el barrio de Flores en relación con la producción, la logística y la comercialización de la industria textil.

Antes de volver a la moderadora, Santoro enfatizó su postura sobre el rol de Estado y cuestionó la idea de la autorregulación del mercado. “¿Qué provoca esa lógica? La ley de la selva. Cualquiera puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Es una ciudad equilibrada la que nosotros buscamos. Una sociedad con Estado y con mercado, con propiedad privada y con propiedad pública. Donde se pueda construir, pero también pensando en los intereses de la gente. Donde el mercado tenga toda la libertad para hacer negocios, pero al mismo tiempo tenga una responsabilidad social y el Estado oriente los grandes proyectos urbanísticos para que le sirvan a la gente”.

 Vivienda

La segunda consigna a desarrollar fue la vivienda, a la que Comando le agregó el tema de los alquileres.

Comenzó Santoro contando que un legislador de su partido, Manuel Socías presentó un proyecto para reconvertir el microcentro porteño. “Calculamos que hay 200.000 m2 de oficinas vacías. Frente a la pandemia, presentamos un proyecto para que la ciudad pueda ayudar a los propietarios a que reconviertan esas oficinas vacías en departamentos de alquiler. Larreta tomó este proyecto y le dedicó, de manera indirecta con un redescuento de ingresos brutos, un presupuesto equivalente a $ 20.000 millones. Con una picardía: le sacó la clave del proyecto que habíamos presentado, la condicionalidad. El Estado te ayuda dándote un subsidio a cambio de que vos pongas esa propiedad en un régimen especial de alquileres sencillos para transformar el microcentro en un barrio residencial. Te obliga a que lo pongas en alquiler durante 6 años, a un precio de mercado con el interés de aumentar la oferta”.

Al quitar esa cláusula, “muchos propietarios toman ese beneficio fiscal, transforman esas viejas oficinas en departamentos y lo colocan en alquiler de Airbnb. Pero si vos tenés que el 40% de la población es inquilina, que no conseguís un solo alquiler en pesos porque está todo dolarizado, es absolutamente antiético que le des $ 20.000 millones a alguien que no lo necesita y a cambio de nada”.

Sobre cómo se podría resolver el problema de la crisis de los alquileres, Santoro dijo que hay que combinar muchas políticas y esa es una. También se refirió al impuesto a la vivienda ociosa y aclaró que su proyecto sería para no residentes de CABA. Sentenció que “en Buenos Aires están utilizando los departamentos como si esto fuese un banco” y sumó: “Estoy pensando en el productor agropecuario que compró un departamento y le pedimos que lo alquile. Si no lo quiere alquilar, que pague un poquito más de ABL, porque de esa manera nosotros vamos a generar un recurso que nos va a permitir ayudar a algunas familias que están en situación desesperada”.

Sobre la Ley de Alquileres aclaró: “Siempre se habla de dos problemas que son, obviamente, muy importantes y que distorsionaron el mercado de alquileres: la inflación y la Ley de Alquileres. Pero estos dos temas son nacionales. No están dentro del área de discusión de esta campaña para jefe de gobierno y vicejefe”.