Nuestras Voces
Por LAURA GUARINONI | 17 de enero de 2021
Frente a la propuesta del ejecutivo porteño de privatizar la Costanera, el Arquitecto Darío López, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, planteó la suspensión de todas las iniciativas gubernamentales que involucran la tierra pública en tanto se diagrame un plan urbano estratégico para la Ciudad. “No se deben seguir tomando decisiones fragmentarias porque una vez que esa tierra se vendió no se recupera más”.
La audiencia pública por el destino de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco continúa desarrollándose con un récord de participantes y cada vez son más los argumentos en contra de la privatización y en defensa del acceso público al río en la Costanera Norte. Uno de los planteos más contundentes que se escucharon tiene que ver con la escasez de las tierras públicas que tiene la Ciudad y la falta de una planificación urbana estratégica para definir su destino. Darío López, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), fue una de las voces que puso esta problemática sobre la mesa y habló con Nuestras Voces sobre la propuesta de la entidad de realizar un banco de tierras “para conocer cuáles son y dónde están y para que el gobierno luego tome decisiones viendo el mapa completo”.
—Durante su presentación en la audiencia pública, en representación de la Sociedad Central de Arquitectos, planteó la necesidad de una planificación urbana de la Ciudad, ¿Cómo se relaciona ésta con la venta de Costa Salguero?
—Creemos que es fundamental que se elabore una planificación urbana para toda la ciudad. Vemos que es desvalorizada desde hace muchos años, no hay un plan estratégico integral y discutido del desarrollo urbano. No existe un proyecto integral que contemple dónde faltan espacios verdes, dónde hacen falta viviendas para la población, en qué lugar se necesitan áreas públicas. Más aún, el Plan Urbano Ambiental, instrumento que por ley se necesita para la implementación de las principales estrategias de ordenamiento y mejoramiento territorial y ambiental de la ciudad, estuvo más de cinco años sin actualizarse; recién ahora, muy poquito, comenzaron a hacerlo nuevamente. Nosotros proponemos que la función de las tierras de la Costanera se piense dentro de un plan global de la ciudad, no como un hecho puntual. Hay que discutirla, pensándola en torno a toda la trama urbana. No sirve que porque se terminó una concesión en esa zona, el gobierno haga una intervención puntual. No se puede pensar como un proyecto independientemente del resto de la ciudad.
—Dentro de esta planificación que proponen, ¿Qué se debería hacer con la tierra pública, como la de Costa Salguero?
—Como institución de más de 130 años tenemos una trayectoria relacionada con la defensa de la tierra pública y específicamente de la Costanera y el paseo costero. Realizamos un montón de publicaciones, revistas y libros sobre el tema. Cuando se vende tierra pública se pierde para siempre, y una decisión tan importante tiene que estar enmarcada dentro de un plan estratégico. Desde la SCA propusimos suspender toda la venta de tierra pública hasta que se actualice y se discuta el Plan Urbano Ambiental. Al estar desactualizado, se avanza con leyes como la de la privatización de Costa Salguero de una manera irregular. Además, planteamos la realización de un banco de tierras para saber qué tierras hay disponibles en la ciudad, para conocer cuáles son y dónde están y para que el gobierno luego tome decisiones viendo el mapa completo. La venta de Costa Salguero es parte de una modalidad de la Ciudad de subastar tierras públicas sin una planificación.
—Muchos argumentan que la privatización de tierras forma parte de un plan diagramado por el gobierno porteño desde el inicio de su gestión ¿Qué piensa de eso?
—Creemos que no es un plan estratégico, sí puede considerarse como un proyecto ideológico. Cuando hablamos de un plan estratégico para la ciudad nos referimos a un plan trazado a lo largo del tiempo, que continúe con los cambios de gobierno, como hay por ejemplo en Chile o en España. En la ciudad hay pocos casos en que los proyectos trascienden los gobiernos. Uno de ellos es el corredor gastronómico de Donado-Holmberg, en Villa Urquiza, donde el gobierno de Macri tomó un proyecto que venía de la época de Aníbal Ibarra y lo mejoró. Tuvo mucha resistencia de los vecinos pero éstos cambiaron de opinión cuando vieron que se cumplía con las normas, que el ejecutivo obligaba a los privados a invertir en la construcción y mantenimiento de un parque público, que se construían viviendas sociales para los pobladores de la zona. En ese caso hubo participación público-privada en función del bien común y fue un ejemplo de gestión. Era una zona degradada pero muy bien ubicada y los vecinos terminaron ganando un parque lineal de más de 20 cuadras. Hay modelos como estos en Rosario y Montevideo también.
—¿Cómo es el proyecto que se desarrolló para la Costanera de Rosario? ¿ Es un ejemplo que puede seguir la Ciudad de Buenos Aires?
—Muchas veces pensamos en los desarrollos que se hicieron en costaneras de otros países, como en la Montevideo, Uruguay, pero en nuestro país hay un ejemplo de una buena gestión de la tierra pública que incluye inversión pública y privada. Fui convocado para participar a principio de los 2000 de la transformación de la costanera rosarina y lo primero que hay que decir es que entonces la municipalidad tenía un proyecto. Se logró una costa pública que integró la zona Norte con el Sur de la ciudad. Se establecieron concesiones privadas que funcionan bien, de locales de comida, para el mantenimiento del sector público. Los edificios que se construyeron no están sobre la costa sino enfrente y alrededor, o sea que no tapan el río ni impiden su acceso. Fue fundamental que en ese momento la municipalidad diera participación a los vecinos. No se hizo una audiencia pública no vinculante, como en Costa Salguero, sino que hacían propuestas en clubes o teatros de los diferentes barrios. Ese es otro punto que debemos pensar para nuestra ciudad. La audiencia pública, en la cual exponen los actores de la sociedad civil, debe tener un poco más de vinculación con lo que se va a hacer finalmente en ese espacio porque si no termina siendo una serie de planteos que no tienen peso a la hora de votar la ley.
—La SCA fue parte del concurso de ideas para Costa Salguero. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo era el proyecto ganador, que la ciudad luego modificó?
—El gobierno de la ciudad nos llamó a todas las instituciones de profesionales de arquitectos para plantearnos que iban a lanzar un concurso de ideas después de que en diciembre de 2019 se aprobó la ley para la venta de los terrenos de Costa Salguero y el Distrito Joven. La ciudad desde hace muchos años lanza concursos de ideas que son disparadores para futuros proyectos urbanos. Una vez que finalizan, puede tomar el proyecto ganador tal cual, modificarlo o incluir algunas ideas de otros que también participaron. El concurso entonces reflejaba lo que decía la ley. Nuestra entidad lo que pidió es que los usos de esos terrenos sean propuestos por los participantes según el Plano Urbano Ambiental, que habla de usos múltiples y no de vivienda. También señalamos que se debía contemplar el dictamen de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que iba a determinar alturas, superficies y ubicaciones de lo que se podía a construir. El trabajo que ganó fue el mejor de 99 trabajos, participaron más de mil profesionales entre arquitectos, urbanistas, paisajistas. El jurado discutió mucho porque había una cantidad de proyectos muy disímiles pero todos enmarcados en la ley vigente, que es la que quieren cambiar ahora. Lo que hizo el ejecutivo fue cambiar el proyecto. En el concurso ganador no había viviendas y la altura máxima de construcción era de tres pisos. El proyecto Incorpora viviendas, que además son en altura, traslada la constructividad de la manzana cuatro a la manzana cinco, dándole más densidad y más altura. No es el mismo proyecto.
—La audiencia pública por la venta de las tierras de la costanera fue la que hasta el momento mayor participación tuvo en la historia de la Ciudad ¿A qué cree que se debe este interés de la ciudadanía?
—Esta audiencia fue única. Hemos participado en un montón de audiencias públicas y es la primera con tanta masividad pero además, la calidad de las ponencias y cantidad de organizaciones son un ejemplo de participación ciudadana. Creo que la pandemia hizo que la gente valore más los espacios abiertos y el acceso al río siempre fue un tema para los pobladores de la ciudad, se ve claramente en este hecho inédito. Además, que la audiencia sea virtual permitió que más personas se animen a participar. En las distintas jornadas se escucha no solo la negativa al proyecto sino que hay muchísimas propuestas. Nosotros pedimos que allí se haga un parque, que la constructividad sea la mínima posible. Construir una vivienda en esa zona es muy complicado, no se integra a la trama urbana de la ciudad y es en la cabecera del aeroparque. El proyecto tiene que enmarcarse en la leyes que ya existen en la ciudad como la Constitución porteña, la ley número 71 y el Plan Urbano Ambiental.
—¿Cree que los legisladores van a reflexionar en todo lo que se dijo en la audiencia a la hora de volver a votar la ley de rezonificación?
—Creo que si los legisladores y el gobierno son inteligentes deberían tener en cuenta el planteo generalizado de la audiencia pública que pide que esas tierras no se privaticen. Es una oportunidad única que tienen para mejorar el proyecto y hacer de ese espacio un lugar que disfrute el conjunto de la ciudadanía.