Observatorio Metropolitano

Si diseccionamos la reflexión acerca de la pandemia a través de cifras y fenómenos, podemos encontrar que los efectos y respuestas ante la misma, no sólo evidencian las desigualdades ya presentes en América Latina, sino que se exacerban a tal grado que reflejan la fragilidad del sistema económico, político y ético en el que vivimos actualmente:

• Pobreza y empleo. En América Latina habitan aproximadamente 626 millones de personas, de las cuales –según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]– un total de 122 millones (19%) viven en pobreza y 62 millones más (10%), viven en pobreza extrema, siendo los índices más elevados desde el año 2012. Sumado al escenario actual, Oxfam ha proyectado que los efectos económicos de la pandemia podrían llevar a 45 millones de personas más a la pobreza, así como a un retroceso de 10 años en la lucha contra la misma.

• Zonas rurales y pueblos originarios. Las zonas rurales enfrentan retos mayúsculos ante la pandemia, pues además de tener un porcentaje mayor de pobreza en comparativa con las zonas urbanas (19%), carecen de servicios de salud, agua y saneamiento. Sin embargo, es en esas regiones donde los pueblos originarios libran resistencias múltiples y ponen el cuerpo y la vida para defender los bienes naturales que nos permiten subsistir (que no recursos naturales como la lógica capitalista-extractivista nos ha hecho creer). Tal es el caso de la comunidad mixe de Ayutla que lleva más de mil días sin agua [#AguaParaAyutlaYa] o el pueblo maya de Homún que lleva más de dos años resistiendo contra la concesión de una granja porcícola que pone en riesgo el anillo de cenotes en Yucatán, lugares sagrados para la identidad cultural maya y cuyas reservas de agua son de las más importantes del país. Así, la lucha contra la pandemia se suma a las luchas constantes por la defensa del territorio ante el capitalismo rapaz marcado por la violencia: en América Latina ocurren el 75% de los asesinatos a defensores ambientales, de los cuales, se calcula que un 30% corresponden a defensores de pueblos originarios (Nature Sustainability). Incluso, desde que se decretó la emergencia sanitaria, han sido asesinados tres ambientalistas en el país.

• Género. Ser mujer en América Latina representa estar en riesgo constante pues en el año 2018 fueron asesinadas 3,500 mujeres por cuestiones de género (CEPAL). En nuestro país, durante el año 2019 la activista y geógrafa María Salguero, –quien lleva el conteo de feminicidios en el país pues el Estado no lo ha hecho–, registró un total de 3,835 feminicidios. Es decir, 10 u 11 mujeres son asesinadas al día por el simple hecho de ser mujeres, lo cual coloca a México como el segundo país más letal para nosotras en todo el continente. La violencia hacia las mujeres ocurre en un gran porcentaje en los hogares (137 mujeres son asesinadas al día en Latinoamérica por algún miembro de su familia según la ONU), lo cual se ha disparado en México desde que inició la cuarentena: la Red Nacional de Refugios señala que las llamadas por violencia de género aumentaron un 60% y la solicitud de asilo un 30%, lo cual ha llevado a su capacidad máxima a los centros de mujeres.

Marcha 8M, Ciudad de México. Image © Sandra Barba

• Racialización. Tener una buena salud esta relacionado con “factores determinantes de la salud” como acceso a la educación, empleo (economía), agua y saneamiento (OMS). Según el boletín “La salud de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina” el 67.5% de la población indígena menor a 18 años no tiene acceso al agua y la cifra para la comunidad afrodescendiente suma un total del 53.4%. Actualmente, la pandemia ha dejado claro que el sistema opresor de racialización tiene un impacto directo en el acceso al agua potable y servicios de salud, influyendo directamente en las posibilidades de sobrevivir al covid19: el 34% de las muertes en Nueva York corresponden a personas latinas y el 72% de las muertes en Chicago corresponden a personas afrodescendientes. En nuestro país es imposible medir el impacto del acceso a los servicios de salud con base a la racialización pues no existen datos estadísticos de la población afrodescendiente, una muestra contundente de invisibilización y racismo. Aunado a lo anterior, recientemente dos médicos europeos propusieron probar vacunas para el covid19 en África, argumentado que su población es la mas vulnerable al no tener acceso a servicios de salud. Si les preocupa esta situación, ¿Por qué no han hecho esfuerzos por acercar servicios médicos al continente africano o desmantelar las diversas opresiones que han producido dicha desigualdad? Usar a la población como laboratorio de experimentación demuestra que el colonialismo y la esclavitud siguen presentes en distintas formas normalizadas.

• Migración. Una de las consecuencias de la pobreza, violencia y la desigualdad en América Latina es la migración, acción a la que se ven orilladas más de 40.5 de millones de personas en nuestra región. Además de poner en riesgo la vida de millones de personas al no estar reconocida como un derecho humano, la migración –entendida como un acto ilegal–, conlleva a la ausencia de derechos básicos como el acceso a un hogar, alimentación y servicios de salud. Es ante este panorama que se ha evidenciado el oportunismo e hipocresía de las políticas migratorias de Estados Unidos, donde los migrantes mexicanos, antes denostados como “ilegales, violadores y narcotraficantes” son ahora clasificados como “trabajadores esenciales” pues representan la mano de obra indispensable para que las cadenas productivas de alimentos no se derrumben en medio de la pandemia. Sin embargo, han quedado excluidos del multimillonario rescate de emergencia de este país y sin certeza alguna sobre su acceso a los servicios de salud.

• Acceso a vivienda. Si hablamos específicamente de la vivienda, según datos del “Informe ante la CIDH sobre los asentamientos urbanos precarios de América Latina” un total de 113.4 millones de personas viven en asentamientos humanos precarios (no informales o ilegales ya que ningún ser humano es ilegal) y se estima que, tan sólo en México, 15 millones de personas no tienen acceso a un hogar o se encuentran en situación de calle. El derecho humano a la vivienda adecuada se vuelve imprescindible para el bienestar individual y colectivo frente a la actual emergencia de salud, y no podemos seguir evadiendo nuestra corresponsabilidad ética ante un sistema político y económico que prefiere “regular” la ausencia de derechos humanos antes que erradicarla. Tal es el caso del estado de Nevada en donde han pintado cajas blancas en un estacionamiento para mantener la “sana distancia” entre personas sin techo, en lugar de proveerles un hogar digno.

• Interseccionalidad. Si bien las violencias sistemáticas pueden aislarse, el análisis anterior no es representativo si no se aborda con una visión interseccional que nos permita entender cómo se conectan los sistemas de opresión y violencia. La racialización representa uno de los grandes retos frente al COVID-19 pues se ha hecho evidente que afrodescendientes, latin@s y pueblos originarios son las poblaciones más vulnerables debido a desigualdad a la que se han enfrentado históricamente. El segundo gran reto es el género: no es lo mismo ser hombre o mujer frente a la pandemia pues las mujeres tenemos índices de pobreza más elevados, lo cual conlleva a retos mayores para acceder a sistemas de salud, generando dependencia económica y violencia intrafamiliar que deriva en feminicidios, pero, ¿qué pasa con las mujeres afrodescendientes e indígenas que habitan en zonas rurales?, ¿cuáles son las posibilidades de acceder a servicios de salud si eres una mujer latina que migra a Estados Unidos?, ¿qué ocurre en los barrios populares conformados por poblaciones históricamente excluidas? En la medida en la que se van sumando violencias, las desigualdades van creciendo y con ellas, las dificultades para encarar a la pandemia.

¿Cómo llegamos a este panorama de desigualdad? ¿En qué momento normalizamos estas condiciones de violencia?momento normalizamos estas condiciones de violencia?

La respuesta cómoda –y también acertada– es señalar al sistema patriarcal, el cual es el origen de todas las opresiones: racismo, capitalismo, acumulación desigual de riqueza, despojo de tierras a pueblos originarios, explotación de bienes naturales, proyectos extractivistas que vulneran a los territorios y sus pobladores, discriminación y violencia feminicida. La respuesta incómoda es apuntar a la indiferencia social, la falta de reflexión crítica y cuestionamiento al status quo, el individualismo y nuestra incapacidad de reconocernos como seres comunales. Si el COVID-19 no nos ha dejado claro que nos necesitamos entre todas y todos para vencer la pandemia (y los retos que vengan), no sabemos qué lo hará.

Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de escuchar a Yásnaya Aguilar, activista por la defensa de los derechos lingüistas proveniente de Ayutla mixe, hablar acerca de su concepto de comunidad:

Más allá de lo ideológico, ser comunidad es ir juntas y juntos a buscar soluciones a necesidades concretas y autogestionarlas lo más lejos posible del Estado.

En dicho discurso, Yásnaya dejó claro que el proyecto de Estado nación –el cual fue establecido sin consultar a los diversos pueblos originarios que existían en el territorio previamente–, resulta en un sistema colonizador que debilita la autogestión y la comunidad, pues únicamente establece garantías entre el Estado y los individuos (garantías individuales), asegurándonos a cada uno de los mexicanos el derecho a la educación, la vivienda y la salud, entre otros, a cambio de nuestros impuestos. Es decir, nuestra seguridad social depende enteramente del trabajo que haga el gobierno en turno pues hemos asumido el papel de espectadores pasivos, pero ¿qué sucede cuándo el gobierno no cumple con su parte del trato o se encuentra rebasado? Según Yásnaya, tenemos dos opciones: reunirnos a exigirle al gobierno que haga bien su trabajo o autoorganizarnos para crear comunidad y arrebatarle pequeñas funciones.

Quizá esto suena utópico, sin embargo, en aquellos lugares en donde el Estado y el sistema capitalista han resuelto no poner atención, o peor aún, ponerla únicamente para despojar y violentar, la alternativa natural ha sido resolver los problemas colectivos a partir de la autogestión y la organización comunitaria. Es en esas regiones y pueblos, con procesos sociales autogestivos potentes, en donde tenemos la oportunidad de aprender distintas maneras de relacionarnos con la naturaleza visualizándonos como parte de ella, mirar resistencias frente al sistema capitalista y conocer formas de desarrollo integral comunitario.

Exodo migrante en México. Image © Guillermo Arias

La pandemia nos exige tener una reflexión colectiva y global que desmenuce concienzudamente el sistema económico y político del que formamos parte, el cual ha demostrado su fragilidad, insostenibilidad y nula ética en un par de meses, ¿nos hace sentido que existan personas sin derechos humanos básicos por el simple hecho de haber nacido mujer, indígena o habitar en zonas rurales?, ¿podemos seguir validando un sistema económico que se sostiene con el empleo no remunerado de las mujeres, fortalece la violencia feminicida y el despojo de los bienes naturales?, ¿vamos a seguir sosteniendo fronteras políticas que niegan el derecho humano a migrar? Tener conciencia de especie es necesario para nuestra supervivencia y no es viable continuar con divisiones clasistas, racistas, geográficas, económicas, culturales y de género que derivan en la aceptación y normalización de la existencia de “humanos de segunda”. Es aquí donde la ética y la corresponsabilidad juegan un papel importante para pensarse desde lo comunitario.

El filósofo Enrique Dussel plantea, desde una aproximación ética y política, una reflexión crítica acerca de aquello que ha ocurrido en los últimos cuatro siglos de la modernidad, donde la naturaleza ha sido concebida como un objeto explotable para alcanzar mayor riqueza, donde el individualismo ha predominado y donde la política ha sido utilizada como un medio de dominación. Frente a esto, afirma lo siguiente: “Lo que revela la pandemia es que nos estamos suicidando […] el virus nos está diciendo: o cambias o te destruyo. […] Debemos hacer una nueva edad del mundo, con una nueva economía, con una nueva política. Hay que definir la política no como dominación, sino como servicio. No como estado de excepción, sino como un instrumento al servicio de la vida de la humanidad y del planeta”. Bajo la perspectiva de Dussel necesitamos construir una nueva civilización basada en la “ética de la vida”. (Entrevista a Enrique Dusell - 9 de abril).

Es frente a este panorama ético que desde Hábitat International Coalition - América Latina, de la mano con 62 organizaciones y 207 activistas/académicos, nos pronunciamos por el #DerechoaLaViviendaAdecuada y exigimos que se adopten 4 medidas urgentes frente a la pandemia para garantizar el acceso a la vivienda y el derecho humano al agua potable. Si bien la vivienda es un derecho humano plasmado desde 1917 en la Constitución mexicana e incluido desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sabemos que en la realidad social existen millones de personas que no cuentan con un hogar, por lo tanto, es momento de organizarnos para que todas y todos tengamos acceso a los mismos derechos y luchar codo a codo, ¡hasta que la dignidad se haga costumbre!

Campo de Golf Papwa Sewgolum, Durban, África del Sur. Image © Johny Miller

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Mariana Ordoñez cursó la carrera de Arquitectura en la UADY. Cuenta con Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sustentable por la Universidad del Medio Ambiente y cursa la Maestría de Vivienda en Centro. Su práctica profesional se caracteriza por el desarrollo de proyectos comunitarios en zonas rurales. Profesora en la UIA en el taller de Impacto Regenerativo. Becaria del FONCA Jóvenes creadores 2016-2017.
Jesica Amescua es arquitecta egresada de la UIA. Cuenta con maestría en Análisis, Teoría e Historia de la Arquitectura por la UNAM y es doctoranda en el Programa de Arquitectura de la misma institución. Fue becaria del FONCA-CONACULTA en el Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2010-2012. Es profesora titular en la UIA en el Taller Vertical: Proyectos de Impacto Regenerativo. Ambas son fundadoras de Comunal Taller de Arquitectura y han sido galardonadas con distintos reconocimientos a nivel internacional como el AR Emerging Architecture 2019 y el Premio Obra del Año 2018, entre otros.

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