Pablo Novillo. 24/04/2022. Clarín
Son emprendimientos inmobiliarios que incluyen espacios públicos en La Boca, Costanera Norte y Caballito.
El proyecto para Honorio Pueyrredón
Se planeó anular una mano de la avenida para convertir ocho cuadras en un área peatonal.
Son tres de los principales proyectos de infraestructura de la Ciudad, pero ninguno puede avanzar. La Justicia porteña tiene frenadas tres transformaciones urbanas, en todos los casos por medidas cautelares pedidas por vecinos u ONG que se oponen a las obras. ¿Cuáles son?
Un nuevo barrio en la ex Ciudad Deportiva
El predio que perteneciera al Club Atlético Boca Juniors hoy es propiedad de la empresa IRSA. Desde hace 30 años está en desuso.
Tras varios proyectos de desarrollo inmobiliario que no lograron la aprobación, el año pasado parecía que la situación se aclaraba. La empresa y el Gobierno porteño firmaron un convenio urbanístico, por el cual la Ciudad le autorizaba la construcción de un nuevo barrio, Costa Urbana, con edificios, comercios y oficinas. A cambio, la firma cedía 47 de las 71 hectáreas para la instalación de un parque público y un paseo costero.
Ese acuerdo fue avalado por la Legislatura porteña. Sin embargo, la ONG Observatorio por el Derecho a la Ciudad presentó un recurso de amparo para pedir que se anulara el convenio. Su argumento es que no se cumplió con el procedimiento de audiencias públicas previo a la aprobación de la ley, y también que no se habían presentado los estudios de impacto ambiental correspondientes.
El proyecto Costa Urbana, en la ex Ciudad Deportiva de Boca en Costanera Sur.
Tras ello, el juez en lo contencioso administrativo Aurelio Ammirato declaró la nulidad del convenio y ordenó frenar cualquier avance.
El Gobierno porteño apeló. Su explicación es que sí se presentó toda la documentación del caso y que la Legislatura cumplió con todos los pasos respecto de las audiencias y la participación vecinal.
Hoy, el expediente está en la Cámara de Apelaciones, a la espera de una definición.
Edificios y un parque en Costa Salguero
En diciembre de 2019, la Legislatura aprobó una ley que le permitía al Ejecutivo vender los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco, toda vez que las concesiones a los privados que las controlan desde 1991 se vencían a fin del año pasado.
Además, ordenó la realización de un concurso urbanístico para definir qué hacer en los 185.000 metros cuadrados de Costa Salguero y en los 112.000 m2 de Punta Carrasco, siempre con la condición de que al menos el 65% se destinara a espacio público.
Ese concurso se realizó y ganó un proyecto presentado por el estudio arquitectónico Franck-Menichetti, que planteaba construir edificios de hasta 29 metros en el sector más cercano a la avenida Rafael Obligado, y dejar todo el resto de los predios para la instalación de un parque y un paseo costero de acceso libre.
Así quedaría la urbanización en Costa Salguero.
Pero en abril de 2021, el juez Martín Furchi declaró inconstitucional a la ley que autorizaba la venta. Fue tras un pedido de la actual vocera presidencial Gabriela Cerruti, por entonces diputada nacional, y otros legisladores kirchneristas, que cuestionaron que, como se trataba de una venta de parte de un terreno público, la ley debía haberse sancionado con lo que se llama "procedimiento de doble lectura": una primera aprobación, luego una audiencia pública obligatoria aunque no vinculante, y finalmente una segunda sanción.
En cambio, el Gobierno sostiene que se cumplieron con los pasos legales, porque en realidad ese predio, si bien es estatal, no está afectado al dominio público, y por lo tanto se lo podía vender con una ley simple.
Pero la situación del Gobierno porteño en esta causa es más compleja, porque la Cámara de Apelaciones ya resolvió a favor de sostener el fallo de primera instancia. Es decir que el Ejecutivo ya tiene dos fallos en contra.
Ahora, el expediente pasó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad con un recurso de inconstitucionalidad. Pero el TSJ, que es la "Corte Suprema" de la Ciudad, no tiene plazos para resolver las causas, por lo tanto la finalización del caso podría demorar años.
Mientras tanto, la Ciudad prorrogó de manera provisoria las concesiones en ambos predios.
Un parque lineal resistido por los vecinos
En enero, el Gobierno porteño inició un proyecto urbanístico importante en Caballito: el parque lineal en la avenida Honorio Pueyrredón.
¿En qué consiste? Se quiere anular los tres carriles de la avenida que corren en sentido sur, entre el Cid Campeador y la calle Neuquén, desviando el tránsito por calles aledañas.
En ese espacio de la calzada sería reemplazado por canteros y árboles, más espacios peatonales y ciclovías. Se crearía así un corredor verde de ocho cuadras.
El proyecto para Honorio Pueyrredón Se planeó anular una mano de la avenida para convertir ocho cuadras en un área peatonal.
Pero desde el primer momento hubo muchos vecinos en contra. La asociación civil SOS Caballito se presentó en la Justicia para pedir mediante un recurso de amparo que se frenara la obra. Sus argumentos son que no se abrió un espacio de participación vecinal para debatir el proyecto, y además que el parque lineal generaría un impacto nocivo en el tránsito y la contaminación en el barrio. Además de ir a la Justicia, organizaron numerosas marchas de protesta.
Protesta de vecinos de Caballito contra el parque lineal en la avenida Honorio Pueyrredón. Foto: Rafael Mario Quinteros.
En febrero, el juez porteño Víctor Trionfetti ordenó frenar la obra. No cuestionó conceptualmente el proyecto, pero sí entendió que los vecinos podían tener razón en su reclamo de falta de participación y posible daño ambiental.
La Ciudad apeló, con el argumento de que sí hubo espacios de discusión con los vecinos, y además que se presentaron todos los certificados y estudios ambientales obligatorios.
Ahora, la causa está en la Cámara de Apelaciones, a la espera de que resuelva la Sala III.
Dos edificios, también judicializados
Hay otros dos proyectos inmobiliarios privados que, si bien no fueron frenados por ninguna medida cautelar por el momento, sí están judicializados por reclamos de terceros.
El primer caso es el del convenio urbanístico que acordó la Ciudad con la empresa Portland Administradora Fiduciaria SA. Esta firma es la dueña del terreno que queda en Luis María Campos 102, en Palermo.
Allí, la empresa podría construir un edificio de departamentos, a cambio de una compensación al Estado en dinero y la cesión de otros predios que se destinarían a espacios verdes.
Este acuerdo también fue cuestionado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque, según denunciaron, no se realizó la evaluación del impacto ambiental ni se abrió la participación ciudadana con una audiencia pública.
El Gobierno porteño respondió que el reclamo no correspondía porque el convenio aún no se firmó, y también que el tipo de obra que se quiere hacer ahí está permitido por el Código Urbanístico.
La medida cautelar que pidió la demandante fue rechazada, pero continúa el juicio por la cuestión de fondo.
El segundo caso también es por un convenio urbanístico que la Ciudad acordó con una desarrolladora inmobiliaria, Northbaires, para permitirle construir un edificio en San Martín de Tours 2869, en la zona de Barrio Parque, a cambio de una compensación al Estado.
En este caso, la asociación Basta de Demoler demandó la suspensión de la firma de convenio porque, denuncian, no se hizo el estudio de impacto ambiental ni se convocó a audiencia pública.
Al igual que en el otro caso, la Ciudad contestó que el convenio aún no se firmó y que el Código Urbanístico contempla ese tipo de proyecto.
En este expediente no hubo un pedido de medida cautelar, pero sí se discute la cuestión de fondo.