COMUNA 12
Noticias Espacios Públicos Villa Urquiza
Publicado: Lunes, 15 Marzo 2021
Por Agustín Barbeito
Los terrenos del barrio de la Comuna 12, afectados por la decisión, se suman a otros ubicados en La Boca y Colegiales.
El jueves pasado, 11 de marzo, el Juez Federal Walter Lara Correa, perteneciente al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10, dio lugar al amparo presentado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que buscaba evitar la venta de los terrenos que rodean la estación de trenes de Villa Urquiza, entre otros.
El recurso impide que el Gobierno de la Ciudad altere la situación de hecho de los inmuebles, ya que además de la zona perteneciente a la Comuna 12 (limitada por Av. Triunvirato, las vías del tren y las calles Roosevelt y Bucarelli), se encuentran afectados los terrenos públicos ubicados en Catalinas Sur II (La Boca) y el Playón Ferroviario de Colegiales.
En los fundamentos de la demanda, la AABE explicó que estos inmuebles fueron otorgados en dación en pago al GCBA en el marco del “Convenio Específico entre el Ministerio de Transporte de la Nación, la AABE y el GCBA”, fechado el 13 de noviembre de 2019.
Vale destacar que los vecinos del colectivo Tierras Ferroviarias Verdes impulsan un proyecto de ley para consolidar los terrenos de Villa Urquiza antes mencionados como parque público. En el sitio web del Observatorio del Derecho a la Ciudad se puede leer parte del fallo y las explicaciones pertinentes.
“Luego del resultado electoral se iniciaron en la AABE los trámites correspondientes al procedimiento de Contratación Directa por Adjudicación Simple Interadministrativa Nº 392-0047-CDI19. Dicho procedimiento fue aprobado Resolución AABE Nº 498 del 21/11/2019 suscribiéndose, el mismo día el boleto de compraventa, en el que se estableció que la AABE daba en pago al GCABA los inmuebles en cuestión por un precio total de $ 8.504.140.000”, explican los fundamentos de la cautelar.
También argumentan que “con posterioridad, la Legislatura porteña a través de la Ley N° 6.290, votada el 5 de diciembre de 2019, autorizó la venta de estos inmuebles”. Pero con el dictado del Decreto PEN N°149/20, el presidente de la Nación instruyó a la AABE a revisar la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, a fin de detectarse vicios que impliquen su nulidad.
Es importante señalar que, siendo una obra financiada por el Estado Nacional, no se ha verificado que la misma se haya efectuado bajo el régimen de obra Pública establecido en la Ley 13064, como hubiera correspondido de cumplirse con el bloque de legalidad que rige la cuestión.