El Cronista comercial | Domingo 29 de Abril de 2018 | MARÍA DEL PILAR ASSEFH
El Ejecutivo porteño busca modificar la Ley 1854, para habilitar la quema de basura. Sin
especificaciones en relación a las plantas que se instalarían, la Comisión de Ambiente de la
Legislatura firmó el despacho del proyecto días atrás. Se votaría la semana próxima.
Cuál será su costo, quién proveerá el financiamiento, dónde serán instaladas y qué pasará con las
cenizas que generen. La incineración de residuos, solo en lo que refiere a su instalación en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), genera múltiples interrogantes, y muchos ellos fueron
expuestos en la Comisión de Ambiente de la Legislatura porteña el martes pasado. En un Salón
Montevideo atiborrado de recicladores urbanos, y representantes de organizaciones
ambientalistas y ligadas a la salud, los legisladores presentaron sus inquietudes.
“Nos preocupa. No sabemos dónde se van a instalar. No puede ser que pongamos el negocio por
encima de la salud y el trabajo de las cooperativas. Necesitamos que el Ejecutivo se siente.
Necesitamos tiempo y respuestas”, subrayó Victoria Montenegro, de Unidad Ciudadana. En tanto
Claudio Heredia, del Bloque Peronista, sentenció: “No encontramos, hasta ahora, una opinión
positiva. Necesitamos tiempo. Hay mucho para mejorar”.
Pero tiempo no hubo y, quizá, tampoco lo habrá. En medio de gritos, reclamos y posturas
encontradas, la sesión se levantó y el envío a despacho se definió sin que hubiese voces que
supieran defender la propuesta. Lo que resta, ahora, es su llegada al recinto, donde Cambiemos
podría aprobarla sin mayores inconvenientes. De este modo, la habilitación de esta tecnología –
que no se utiliza en el AMBA desde la década del ’70– podría volver a estos lares.
Ahora bien, lo que se discute hoy no es ni el qué ni el cómo ni el por qué, sino un paso previo: la
modificación de la Ley 1854 de Basura Cero, que prohíbe su uso en el territorio en cuestión.
“Concretamente, lo que estamos discutiendo en la Legislatura no es un proyecto de incineración,
sino de modificación de Ley de Basura Cero, donde uno de los dos vectores principales tiene que
ver con habilitar una tecnología que estaba vedada en la redacción anterior”, puntualiza Eduardo
Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires.
Dicha norma, que fue sancionada en 2005 con votos afirmativos de la vicepresidenta de la Nación
Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el vicejefe de Gobierno Diego Santilli –
entonces, todos ellos legisladores porteños–, plantea la “reducción progresiva de la disposición
final de los residuos sólidos urbanos (RSU), con plazos y metas concretas, por medio de la
adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos, la
separación selectiva, la recuperación y el reciclado”. Así, el texto establece una disminución de la
cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios de un 30% para 2010, de un 50%
para 2012 y de un 75% para 2017, tomando como base los niveles enviados a la Coordinación
Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) durante 2004, esto es, 1.497.656
toneladas. Asimismo, de acuerdo a la ley, “se prohíbe para el año 2020 la disposición final de
materiales tanto reciclables como aprovechables”.
¿Qué sucedió de entonces a la fecha? “De acuerdo con los cómputos de la Ceamse, en 2017, la
Ciudad dispuso 1.101.202 toneladas de RSU en el relleno sanitario (sin contar generadores
privados). Esto es solo un 26% de reducción, incumpliendo aún la primera meta de la ley”,
señalan desde Greenpeace.
Macchiavelli, sin embargo, ubica este número en 56%. “Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, se
generan entre 6.800 y 7.000 toneladas por día, y estamos enviando a entierro 2.950 toneladas”,
apunta, y afirma que la aplicación de la Ley de Basura Cero “ha sido muy exitosa”. Dice:
“En cualquier lugar del mundo, donde ha habido una disminución del entierro, son procesos que han
llevado 10-15 años y en la Ciudad de Buenos Aires tiene pocos años. En 2010, se empezaron
firmemente las tareas de difusión, de separación en origen y el inicio de la contenerización.
Llevamos poco tiempo. Yo creo que la política de disminución de entierro ha sido enormemente
exitosa”.
Siendo que la gestión es evaluada de forma tan satisfactoria, ¿por qué modificar, entonces, la Ley
de Basura Cero? De acuerdo al funcionario, más allá de lo que a incineración se refiere, para
enmendar cuatro errores –a su juicio, “insalvables”– que tenían las metas de la norma y “que la
hacían de imposible cumplimiento”. El primer error se relaciona con que estuvo mal tomado el
año de base. “Se tomó 2004. Nosotros veníamos de la crisis de 2001 y 2002. Hay una relación
directa entre actividad económica y generación de residuos. La Ciudad venía generando y
enterrando alrededor de 6.500 toneladas diarias hasta 2001, en 2003/2004 bajó a 4.000 y volvió a
subir en 2005 a 6.000 y pico. Fue mal tomado el año base, entonces, todos los porcentajes que se
calculen a partir de una mala base, dan mal”, apunta.
El segundo error de la norma es que no contabilizó los residuos áridos, continúa Macchiavelli, y el
tercero y cuarto, íntimamente ligados, es que “no preveía ningún aumento producto del
crecimiento poblacional, más gente genera más basura” ni tampoco “estaba previsto el
crecimiento producto del crecimiento de la actividad económica”. Según él, “está comprobado
que cuanto mayor actividad económica, más residuos se generan”.
La propuesta oficialista, ahora, no solo es llevar el año base a 2012, sino plantear nuevas metas de
reducción de envíos al relleno sanitario: 50% para 2021, 65% para 2025 y 80% para 2030. Lo
curioso es que, siendo que en 2012 se enviaron 2.131.078 toneladas a entierro, una reducción del
50% para 2021 ubicaría al número en 1.065.539 toneladas. Con 1.101.202 toneladas enviadas al
relleno en 2017, llegar a esta meta no implicaría esfuerzos.
“Está prácticamente cumplida, efectivamente”, afirma Macchiavelli, en relación a estas cifras.
¿Falta de ambición? “No –responde–. Está habiendo un fuerte crecimiento económico que genera
más residuos. El año pasado, de hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, se generaron 60.000
toneladas adicionales con respecto al año anterior. Entonces, estamos previendo también
absorber ese crecimiento.”
Recuperación energética
El proyecto de modificación de la Ley de Basura Cero pone el énfasis en “la combustión con
recuperación energética”. Esto es, la incineración propuesta por Cambiemos no solo tendría por
objetivo el destino final de residuos que en unos años no tendrían dónde ser enterrados, sino la
generación de energía a partir de ello. Pero, un detalle: no se trataría de una fuente renovable. “La
basura domiciliaria no es un recurso renovable y su combustión genera emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), sustancias peligrosas para la salud y el ambiente”, sentencia
Incineración de Basura con Recuperación de Energía, un informe publicado días atrás por
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Por otra parte, se trataría de una energía altamente costosa. “Es una de las formas más caras de
generar energía”, señala Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace. Y añade: “Las
tecnologías más avanzadas en este campo tienen un costo que oscila entre US$ 500 y US$ 800
millones. Además, una vez instaladas, el costo operativo es muy alto”. A modo de comparación, el
especialista detalla que la construcción del Parque Solar Cauchari, en Jujuy, demandará
alrededor de US$ 540 millones y sus costos operativos serán casi nulos. “Como no hay
especificaciones del proyecto, es muy difícil saber cuánta energía se va a poder generar o cuál
será su costo real. Sí puedo decir que, hoy, la energía renovable tiene un valor de US$ 50 MW/hora
en la Argentina, y de US$ 20 en Chile o México. La incineración, en cambio, ronda los US$ 150
MW/hora. Es tres veces más cara que la renovable”, cierra.
Sumado a ello, especifica el estudio de FARN, la tecnología en cuestión “compite con el reciclado
y con la denominada economía circular”. En este sentido, el documento explica: “Los residuos
reciclables (de mayor poder calórico) son los más codiciados, tanto por las plantas incineradoras
como por la industria del reciclado”. El impacto que ello podría tener en los empleos que se
generan a partir del circuito de recuperadores urbanos puede ser muy negativo. “Diversos
estudios demuestran que, además de competir con la industria del reciclado, destruye al mismo
tiempo las fuentes de trabajo que esta produce. Por ejemplo, mientras que la industria del
reciclado del plástico emplea a 93 personas cada 10.000 toneladas tratadas, una planta emplea a
solo una. En el caso de los países en vías de desarrollo, el impacto de estas tecnologías de
termovalorización sobre el empleo es más grave, dado que destruye una fuente de ingresos para
los sectores más vulnerables e imposibilita una nueva industria, la del reciclado”, plantea el
informe.
Si bien Macchiavelli sostiene que las fuentes de trabajo de los recicladores no peligrarán –y que,
es más, el Gobierno porteño, este año, está invirtiendo $ 800 millones para generar mayor
capacidad instalada en el área–, la duda persiste. Sobre todo, ante la falta de certezas que se
plantea con este proyecto, razón por la cual un legislador describe la modificación propuesta a la
Ley de Basura Cero como “un cheque en blanco al Poder Ejecutivo”.
De acuerdo a Macchiavelli, la falta de información se debe a que todavía no está tomada la
decisión de qué tecnología se va a adoptar. “Creemos que, de todo el abanico posible, la
termovalorización es la más probada. Pero la decisión 100% no está tomada, porque tampoco es
una decisión que sea exclusivamente de un distrito. Es una decisión que hay que tomarla en el
ámbito de la región metropolitana”, apunta.
“Hay muchos rumores, pero, oficialmente, es muy poco lo que se sabe. Sí se sabe que serían más
de un incinerador, y que uno estaría ubicado en la Ciudad de Buenos Aires y los otros en territorio
bonaerense”, aporta Mingo. En línea con sus estimaciones, El Cronista tuvo acceso a un
documento de la Ceamse en que se identifican, como posibles locaciones, cuatro espacios: dos
predios ubicados en el partido de 3 de Febrero, uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en
General San Martín.
Voces que se suman
En los últimos días, el proyecto oficialista ha recibido muestras de rechazo de diversas áreas,
entre ellos, la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos (Cairplas), los curas
villeros y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“De instalarse la incineración, habría que tener en cuenta el impacto ambiental, la posible
contaminación, el problema de las cenizas. También habría que considerar el impacto en la salud
de los pobladores cercanos a los incineradores. Habría que evaluar el costo que implicaría la
instalación de plantas de incineración. Ni hablar del impacto laboral y social. Se pondrían en
riesgo los puestos de trabajo de los recuperadores urbanos. Recordemos que hoy hay muchas
pymes entre los recicladores que generan puestos de trabajo genuino”, señala un comunicado de
los curas villeros. Y continúa: “En el contexto social que nos toca vivir, se impone que el Estado
apoye a las cooperativas de reciclado diferenciado. Y, sin lugar a duda, la modificación de la ley
Basura Cero y permitir la incineración de basura dejaría de lado a muchos trabajadores, que
frente a estas organizaciones comunitarias dejan de ser excluidos”.
Por su parte, la Facultad de Agronomía apoya “la actual Ley 1854/05 de ‘Basura Cero’”, a través de
la resolución D. A. 195/18, en la cual observa “que se debe aplicar el principio precautorio, ya que
no hay estudios contundentes que demuestren la inocuidad de esta tecnología”. Asimismo, el
texto apunta que “los agentes contaminantes que pueden encontrarse en los gases de
combustión son los compuestos de cloro, los de flúor, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno,
monóxido de carbono, sustancias orgánicas, partículas, metales pesados y dioxinas y furanos”.