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Por Federico Fahsbender - 24 de Agosto de 2020
Un colectivo de abogados que defendió a los anarquistas detenidos por la bomba en el cementerio de Recoleta representa a los acusados y enfrenta al fiscal del caso. Mientras tanto, la situación recrudece en la provincia con un barra de River muerto a tiros en otra toma en Moreno
A fines de julio pasado, más de 500 personas se instalaron con carpas y chozas de nylon en 15 hectáreas de terreno en la zona de los barrios Villa Numancia Sur y San Martín, localidad de Guernica, partido de Presidente Perón. Los ocupantes venían de Guernica, de Florencio Varela, Lomas de Zamora. En la toma, también formaba parte una organización llamada Libres del Pueblo Resistir y Luchar. “Hay muchas parejitas jóvenes. Muchos pibes. Hay argentinos, de la comunidad boliviana, la paraguaya, peruanos. No tienen dónde vivir. Están de prestado en casas de familiares, viven todos amontonados, tienen chicos. Pero cuando vieron la oportunidad de poder ganarse un pedacito de tierra, se la jugaron, se aguantaron el frío, la represión. Sólo quieren un pedacito de tierra”, afirmó Omar, un referente de la organización, al sitio Resúmen Latinoamericano.
Sin embargo, algunos fueron a pelear a la toma para reclamar los terrenos como propios, afirmaron su tenencia con escenas dantescas de violencia a caballo, batallas campales, los presuntos dueños llegaban en sus monturas para atropellar a los ocupantes que respondían con piedras y palos.
La Policía Bonaerense cerró el predio, con una causa a cargo de la UFI N°1 de Juan Condomí Alcorta y el juzgado de Garantías de Miguel Rizzo. Hoy, según fuentes cercanas al expediente, la toma sigue: 533 personas fueron imputadas por el delito de usurpación y más de treinta vehículos con materiales de construcción fueron secuestrados. Una mujer y una empresa se constituyeron como particulares damnificados. Hay chicos en el lugar. El Servicio Zonal de Protección Integral de los Derechos del Niño de la Provincia de Buenos Aires del Ministerio de Desarrollo Social interviene en el caso, junto con la Asesoría de Menores e Incapaces.
Sin embargo, todavía no hay desalojo. No hay detenidos. Los 533 siguen ahí. Hay más de mil personas censadas en el predio, casi la mitad menores, en medio de la pandemia del coronavirus.
La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, un colectivo que interviene con frecuencia en causas populares y que defendió, por ejemplo, a Anahí Salcedo, la militante anarquista que se voló una mano y se desfiguró parcialmente la cara al detonar un explosivo en la tumba de Ramón Falcón en el cementerio de la Recoleta en noviembre de 2018, es parte del expediente también con cuatro abogados, dos de ellos dedicados a representar a menores de edad involucrados en el expediente.
Tres días atrás la Gremial anunció en un comunicado desde su sitio web: “Nos acaban de informar que el juez RESOLVIÓ SUSPENDER EL DESALOJO. También nos piden sanciones pero eso importa poco. Como era de esperar el Fiscal nos pide sanciones a los abogados de la Gremial por las expresiones en nuestro trabajo de Defensa. Dicen que nuestros dichos ‘afectan su buen nombre y honor'”. Citan una presentación de Condomí Alcorta realizada al Juzgado N°8 de Cañuelas a cargo de Rizzo, donde “los letrados mencionados... expusieron numerosas frases impropias de su profesión e indecorosas”.
El 21 de agosto, Rizzo ordenó evitar el desalojo pedido por Condomí. Sin embargo, mantuvo la medida cautelar sobre el predio, ordenó que no entren más personas y ratificó “la prohibición de ingreso de mobiliario, electrodomésticos y/o materiales para la construcción por parte de los imputados en los predios presuntamente usurpados, todo ello por el plazo de 30 días, a contar desde el día del vencimiento de las anteriores medidas”. Es decir, un impasse. Los derechos de los menores en el lugar fueron el punto principal en su decisión. El juez, por otra parte, ratificó el pedido de un desalojo pacífico y voluntario, el hecho de irse por las buenas.
“Ustedes señores, Fiscal y Juez, intentaron una maniobra entre gallos y medianoche, a favor de las empresas inmobiliarias de la zona para llevar adelante un desalojo sin razón, sin fundamentos, sin documentación y sobre todo valiéndose de mentiras. En definitiva, armaron una causa al mejor estilo de las cientos de causas armadas que suelen producir policías con funcionarios policiales como una forma de control social”, aseguró la Gremial en una presentación.
La pelea entre fiscal y defensa, no mucho más que una escaramuza de escritos subida de tono, esconde cosas más complejas, una discusión jurídica y política en una realidad provincial pandémica donde la ocupación de terrenos es una noticia repetida que termina en sangre.
Condomí Alcorta reconstruyó en una de sus presentaciones al Juzgado N°8:
“En el caso concreto, los imputados pretenden ampararse en esta Ley 15.172, cuando en realidad, fueron quienes desde el inicio incumplieron, los decretos que fundan la ley y por ende el aislamiento social preventivo y obligatorio, saliendo de sus hogares en forma voluntaria, dirigiéndose hacia predios, que se encontraban cercados, y sobre los cuales los denunciantes ejercían actos posesorios o detentaban la propiedad. Así procedieron en grupos populosos a ingresar a los mismos rompiendo el cerco perimetral y amenazando a los denunciantes”, afirmó.
La Ley 15.172, sancionada por el Senado provincial el 21 de mayo de este año, es el problema según lo expresado por Condomí Alcorta.
La nueva norma suspende hasta el 30 de septiembre de este año “toda ejecución o lanzamiento colectivos, sea en sede civil o penal, que afecten a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular incluido en los registros oficiales”, así como los desalojos de alquileres, las ejecuciones hipotecarias y los inmuebles comprados con créditos UVA.
El fiscal cree que con “una interpretación literal de la norma” se “estaría legitimando a que cualquier persona viole el aislamiento social, se introduzca en un inmueble por medio de violencia, amenazas, clandestinidad y/o abuso de confianza, y se ampare en esta ley para no ser desalojado en principio, hasta el final de la pandemia”, aseguró Condomí en un escrito reciente que es parte de la causa de la toma de Guernica.
Eduardo Soares, abogado de la Gremial, parte de la causa, asegura: “Cuando aceptamos a representar a algunos de los ocupantes había una resolución del juez ordenando el allanamiento y el lanzamiento. Nosotros nos opusimos, básicamente que hablamos de terrenos libres hace muchísimos años, inmuebles que carecían de poseedores con título hábil. Esa ocupación no constituye el delito, no se le despojó a nadie del bien. Esa es la defensa principal. Nuestras compañeras plantearon que ahí hay niños, y que no se puede dar el desalojo hasta que se garanticen a esos niños una vivienda digna”.
“Sobre eso, hay que ver la Ley 15.172. Pero nuestro planteo es que aquí no se puede desalojar porque este es un delito de instancia privada. No hay poseedor o tenedor. No se despojó a nadie”, continúa. Los particulares damnificados, asegura Soares, no presentaron documentación suficientes. Fuentes en la causa aseguran lo contrario, que existen individuos presentados con carácter de tenencia, con derechos posesorios, otra vez, una cuestión de perspectiva.
Guernica, así, se convierte en un frente de tormenta donde una toma de terrenos se debate desde la ley misma. Mientras tanto, hay balas. Martín “Saviolita” Núñez Giogosa, pesado de la barra disidente de River Plate, fue asesinado el fin de semana pasado en un enfrentamiento a tiros por una supuesta usurpación en Moreno.
Según información policial, el presunto dueño del terreno identificado como Alfredo A., que es instructor de tiro y presentó una identificación como presunto custodio de una agencia de seguridad, aseguró que había comprado ese lote dos semanas atrás en una cooperativa de venta de General Rodríguez y había concurrido esta tarde al lugar a cambiar el candado y constatar que no se lo hubiera usurpado. Así, vio llegar a seis personas que supuestamente intentaron ingresar para hacer una toma, que le dispararon desde la vereda y después forzaron la puerta y ante esa situación repelió el ataque con un arma Bersa Thunder.
Mientras tanto, otros puntos de la provincia enfrentan situaciones similares en las últimas semanas en zonas como Los Hornos, Olmos, Malvinas Argentinas. El dirigente social Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), afirmó que “hay una oleada de toma de tierras que se va a profundizar” porque “la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas”. El Gobierno nacional lo cruzó rápidamente. La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, aseguró que “lo que está sucediendo respecto de las tomas, en muchos casos, tiene que ver con situaciones más delictivas”.
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