Nueva Ciudad - OPINIÓN
por Werner Pertot
El jefe de Gobierno impulsó en una de las últimas sesiones de 2019 en la Legislatura la venta masiva de tierras. Si bien debió dar marcha atrás con algunas de ellas, lo real es que le está sacando a Macri el récord de vender tierras públicas.
La última sesión de la Legislatura de este año fueron 12 horas a puro remate. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, envió sobre el final del año una serie de proyectos que tienen como fin vender tierras públicas y beneficiar a los grandes especuladores inmobiliarios. Nada que no haya hecho su antecesor Mauricio Macri. Pero, ya sea por necesidad ante la sequía de fondos nacionales o por convicción, Larreta está superando a Macri. Un estudio del Observatorio de Derecho a la Ciudad (ODS) y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FADU indica que en su primer mandato Larreta va a haber vendido 267 hectáreas en toda la Ciudad. Para darse una idea es el equivalente a 126 Plazas de Mayo.
Ese estudio –publicado por el periódico Perfil- indica que en su primer mandato Larreta privatizó la misma cantidad de tierras que Macri en ocho años. Según el trabajo, Macri enajenó 205,8 hectáreas (72 hectáreas en ventas y 133,6 en concesiones y permisos) durante sus dos mandatos. Rodríguez Larreta ejecutó 267 hectáreas (82,34 hectáreas en venta y 143,31 en concesiones y permisos) en un solo período. Entre los dos ya vendieron o concesionaron 473 hectáreas, que son ya 236 Plazas de Mayo o 630 canchas de River o cuatro veces la zona completa de Puerto Madero. En esta columna, dimos cuenta de la aceleración de las ventas en los últimos años caso por caso.
"Venimos relevando la gestión del PRO desde el 2008. Advertimos un plan sistemático de privatización de tierras públicas. Veíamos que las comisiones de las Legislatura solo funcionaban para el remate o la aprobación de este tipo de leyes que buscan privatizar tierras. Muchas otras comisiones, como la de vivienda, estaban completamente paralizadas. Desde allí advertimos una orientación estatal destinada a favorecer y preparar la venta en la Ciudad”, advirtió Jonatan Baldiviezo, del ODH. Es decir, un plan sistemático de ventas de activos del Estado porteño que luego no se pueden reponer. Cada hectárea vendida ya no se podrá usar para construir escuelas, plazas, ni ninguna otra cosa. O, si lo quieren hacer, el Estado tendrá que pagar mucho más que lo que pusieron los privados para recuperarlas en un futuro.
En la última sesión del año, además de dar marcha atrás con la ley de residentes y concurrentes, Larreta lanzó una cantidad de leyes para avanzar con la venta de terrenos. Con algunas dio marcha atrás, pero otras avanzaron sin pausa. Lo hizo antes de que cambiara la composición de la Legislatura y se le hiciera más difícil reunir las 40 voluntades para aprobar ese tipo de leyes.
Volaron en esta última sesión los proyectos para desafectar dominios públicos de unas 50 propiedades, además de concesiones a 30 años de Bajo Autopistas y otras medidas de enajenación de lo público. Se frenaron el de la rezonificación de la Policía Montada (otras ocho hectáreas) y el de la playa ferroviaria de Caballito (450 millones de dólares es la cotización de esos apetecibles terrenos). Eso es cierto, pero la gran mayoría pasó con la excusa de que eran “innecesarios para la Ciudad” y se podían utilizar para financiar los viaductos de los ferrocarriles Mitre y San Martín. Y siempre se puede volver a la carga en otro momento con las dos que no pasaron. ¿O el Complejo Costa Salguero, que tanta polémica generó en su momento por su concesión casi regalada a los dueños vinculados al PRO, no está ahora a punto de venderse definitivamente?
Así es: se vende el Costa Salguero, el sancta sanctorum del PRO, junto con el predio de Punta Carrasco. La ley para la venta entró a último momento y se aprobó en cinco minutos sin que nadie llegara leer los Excell complicados que presentaba. En otro momento hubiera sido un escándalo, pero en medio del festival de venta de tierras, pasa desapercibido. Lo cierto es que eran terrenos del Estado, que estuvieron con esa concesión leonina por 30 años y que debían volver al Estado el 30 de abril de 2020. El jefe de Gobierno no permitirá que tal felonía suceda, por supuesto. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado, Dromi dixit. Y en la Ciudad, hace rato que lo están aplicando.