4 de julio de 2019 Parlamentario.com
Lo hará para ofrecerle soluciones habitacionales a los vecinos del Barrio Carlos Mugica, para financiar programas de infraestructura en salud, educación y amortizar el pago de deudas. La medida fue sancionada con 41 votos a favor y 17 en contra.
Pese al rechazo de los vecinos, la Legislatura porteña aprobó -durante la sesión ordinaria de este jueves- con 41 votos positivos y 17 negativos la venta de 12 predios de la Ciudad, de los cuales la mitad forma parte del polígono denominado Barrio “Padre Carlos Mugica”, más conocido como la Villa 31 de Retiro. El resto corresponden al Mercado de Hacienda de Liniers, que prontamente será trasladado a Cañuelas.
La medida contó con el acompañamiento de los bloques VJ, Ev, PS y MC y el rechazo de PO, PTS, BP, FIT, UC y AyL.
Lo obtenido por medio de las ventas que se realicen se destinará al financiamiento de programas de infraestructura en salud, educación y vivienda, como así también la cancelación de amortización de deuda que el país contrajo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por más de 168 mil dólares.
Además, los mismos serán enajenados con el objetivo de brindar soluciones habitacionales definitivas a los vecinos de la Villa 31, facilitar el funcionamiento de las sedes de organizaciones de la sociedad civil, establecimientos comerciales y para el desarrollo de equipamiento socio-urbano.
De acuerdo con el texto en cuestión, el Gobierno porteño mantendrá “el dominio del 65% de los terrenos del Mercado; en tanto que el 35% restante será cedido”.
Cabe señalar que durante el transcurso de la sesión, las organizaciones Barrios Unidos y Movimiento Territorial Liberación (MTL) marcharon a la Legislatura porteña para repudiar la venta de dichos terrenos. Además, algunos de los vecinos del barrio presenciaron la sesión y mostraron pancartas con escraches a los legisladores de Vamos Juntos, Evolución y el Partido Socialista.
El debate en el recinto
Al respecto de la medida el jefe de la bancada Vamos Juntos, Agustín Forchieri, manifestó que “la Ciudad está viviendo una de sus transformaciones más grandes, esta es una de las más importantes” e insistió en que “las megaobras tienen costos elevados que, sin lugar a dudas, no tienen porque recaer sobre una única generación sino que tiene que ver con obras que disfrutaran múltiples generaciones”.
“De los 12 inmuebles, tres de ellos están siendo utilizados con el destino de construcción de viviendas, se va a garantizar la radicación definitiva de los habitantes y no habrá desalojos forzosos”, afirmó y remarcó que “en ningún caso la imposibilidad de pago será un impedimento para cumplir con este derecho”.
Por su parte el vicepresidente segundo de la Legislatura y diputado de Unidad Ciudadana, Carlos Tomada, expresó que este es un “proyecto con aristas problemáticas y que sienta un precedente peligroso, que forma parte de un círculo vicioso que vincula la toma de deuda con la venta de tierras, estamos seguros que está no es la única forma de hacer las cosas” y advirtió que “los intereses de la deuda crecen año a año y ya representan más del 8% del presupuesto, en esta Ciudad se gasta lo mismo de inversión social que en el pago de la misma”.
Mientras que la legisladora de AyL Marta Martinez aseguró que “esta es la forma en la que el Gobierno ha llevado la venta de tierras y expulsa a la población, es un maquillaje que utilizan para correr a los vecinos del barrio Carlos Mugica” y añadió que “quieren subastar tierras para pagar el meganegocio del Paseo del Bajo, que casualmente estuvo a cargo de empresarios amigos del Gobierno; estos negocios se pagan con las tierras de aquellos a quienes les habían prometido sus casas”.
Además Myriam Bregman (PTS) precisó que la discusión se da “en un contexto de ola polar con cinco muertes y miles de excusas, el problema son los Gobiernos, nos traen acá para discutir cómo se le arrebata la vivienda a uno de los sectores más vulnerables” y remarcó que “para osotros la prioridad no está en el pago de la deuda sino en garantizarle la vivienda a los vecinos y que no haya más gente viviendo en la calle; es una vergüenza estar discutiendo esto cuando en la Ciudad hay 340 mil viviendas ociosas”.
A la vez que Laura Marrone (FIT) añadió que “este proyecto es una enajenación lenta de uno de los barrios más cotizados de la Ciudad. Se les quiere cobrar a estas familias, que habitan esas tierras desde hace más de 70 años, un valor que no van a poder pagar porque tienen salarios por debajo de la línea de pobreza, mientras que se le cede el uso de tierras a empresas por 45 o 70 años” y advirtió que “los vecinos han construido sus casas con el sudor de su frente, nadie se las regalo y ustedes quieren pasarles por encima como una topadora”.
Por su lado la presidenta del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, denunció que “esto afecta a la vida de los que menos tienen, es hora de que este Gobierno empiece a replantear sus prioridades porque cada vez la situación está peor”.
La medida contó con el acompañamiento de los bloques VJ, Ev, PS y MC y el rechazo de PO, PTS, BP, FIT, UC y AyL.
Lo obtenido por medio de las ventas que se realicen se destinará al financiamiento de programas de infraestructura en salud, educación y vivienda, como así también la cancelación de amortización de deuda que el país contrajo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por más de 168 mil dólares.
Además, los mismos serán enajenados con el objetivo de brindar soluciones habitacionales definitivas a los vecinos de la Villa 31, facilitar el funcionamiento de las sedes de organizaciones de la sociedad civil, establecimientos comerciales y para el desarrollo de equipamiento socio-urbano.
De acuerdo con el texto en cuestión, el Gobierno porteño mantendrá “el dominio del 65% de los terrenos del Mercado; en tanto que el 35% restante será cedido”.
Cabe señalar que durante el transcurso de la sesión, las organizaciones Barrios Unidos y Movimiento Territorial Liberación (MTL) marcharon a la Legislatura porteña para repudiar la venta de dichos terrenos. Además, algunos de los vecinos del barrio presenciaron la sesión y mostraron pancartas con escraches a los legisladores de Vamos Juntos, Evolución y el Partido Socialista.
El debate en el recinto
Al respecto de la medida el jefe de la bancada Vamos Juntos, Agustín Forchieri, manifestó que “la Ciudad está viviendo una de sus transformaciones más grandes, esta es una de las más importantes” e insistió en que “las megaobras tienen costos elevados que, sin lugar a dudas, no tienen porque recaer sobre una única generación sino que tiene que ver con obras que disfrutaran múltiples generaciones”.
“De los 12 inmuebles, tres de ellos están siendo utilizados con el destino de construcción de viviendas, se va a garantizar la radicación definitiva de los habitantes y no habrá desalojos forzosos”, afirmó y remarcó que “en ningún caso la imposibilidad de pago será un impedimento para cumplir con este derecho”.
Por su parte el vicepresidente segundo de la Legislatura y diputado de Unidad Ciudadana, Carlos Tomada, expresó que este es un “proyecto con aristas problemáticas y que sienta un precedente peligroso, que forma parte de un círculo vicioso que vincula la toma de deuda con la venta de tierras, estamos seguros que está no es la única forma de hacer las cosas” y advirtió que “los intereses de la deuda crecen año a año y ya representan más del 8% del presupuesto, en esta Ciudad se gasta lo mismo de inversión social que en el pago de la misma”.
Mientras que la legisladora de AyL Marta Martinez aseguró que “esta es la forma en la que el Gobierno ha llevado la venta de tierras y expulsa a la población, es un maquillaje que utilizan para correr a los vecinos del barrio Carlos Mugica” y añadió que “quieren subastar tierras para pagar el meganegocio del Paseo del Bajo, que casualmente estuvo a cargo de empresarios amigos del Gobierno; estos negocios se pagan con las tierras de aquellos a quienes les habían prometido sus casas”.
Además Myriam Bregman (PTS) precisó que la discusión se da “en un contexto de ola polar con cinco muertes y miles de excusas, el problema son los Gobiernos, nos traen acá para discutir cómo se le arrebata la vivienda a uno de los sectores más vulnerables” y remarcó que “para osotros la prioridad no está en el pago de la deuda sino en garantizarle la vivienda a los vecinos y que no haya más gente viviendo en la calle; es una vergüenza estar discutiendo esto cuando en la Ciudad hay 340 mil viviendas ociosas”.
A la vez que Laura Marrone (FIT) añadió que “este proyecto es una enajenación lenta de uno de los barrios más cotizados de la Ciudad. Se les quiere cobrar a estas familias, que habitan esas tierras desde hace más de 70 años, un valor que no van a poder pagar porque tienen salarios por debajo de la línea de pobreza, mientras que se le cede el uso de tierras a empresas por 45 o 70 años” y advirtió que “los vecinos han construido sus casas con el sudor de su frente, nadie se las regalo y ustedes quieren pasarles por encima como una topadora”.
Por su lado la presidenta del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, denunció que “esto afecta a la vida de los que menos tienen, es hora de que este Gobierno empiece a replantear sus prioridades porque cada vez la situación está peor”.
En contraposición, la diputada de Evolución María Inés Gorbea aseveró que “es un proyecto de vital importancia para concretar la reurbanización del barrio Padre Carlos Mugica, también reconocemos el mérito de las obras que viene desarrollando el Gobierno y cuestionamos la toma de deuda para el financiamiento del Paseo del Bajo” e insistió en que “estamos tratando la condición legal necesaria para que los vecinos del barrio puedan escriturar su vivienda, es un paso indispensable y en la dirección correcta para avanzar en esa reurbanización”.
Finalmente, el oficialista Omar Abboud (VJ) sentenció que “nadie va a ser expulsado por falta de pago; los vecinos siempre vinieron a pedir regularizar su situación, no quieren que nada se les regale. Este es un proceso transparente”.
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