PERFIL
Al menos 63 personas que vivían en la calle murieron en distintas partes del país entre enero y junio de 2025. La cifra, presentada esta semana por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), surgió de un relevamiento conjunto con la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y el grupo de estudio Sociabilidad en los Márgenes de la Facultad de Psicología de la UBA.
El informe denuncia un agravamiento de la situación habitacional y expone una serie de políticas públicas que, en lugar de contener el problema, lo profundizan. De las 63 muertes registradas, 13 ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Desjerarquización y abandono del rol estatal en Nación
El informe advierte que el Gobierno nacional, mediante un decreto publicado hace un mes, decidió “debilitar” su responsabilidad directa en la aplicación de la ley nacional que protege a las personas en situación de calle, transfiriendo esa competencia a las provincias. En lugar de garantizar derechos, ahora el Estado evalúa si subsidia o no en función de los pedidos de cada distrito.
Desde el CELS califican esta actitud como una desjerarquización de las políticas públicas. Luna Miguens, directora del área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS fue contundente: "Este aumento de personas viviendo en la calle hay que leerlo en un contexto de retraimiento del rol del Estado, algo que se hace explícito desde el Gobierno nacional".
Durante la presentación del censo, las organizaciones remarcaron que el objetivo del relevamiento fue contar con “números ciertos” para poder discutir mejor el presupuesto que debería destinarse a este sector. “La calle no es un lugar para vivir ni para morir, y por eso necesitamos que las autoridades tomen medidas de emergencia”, apuntaron.
“Orden y limpieza”: las críticas contra el Gobierno porteño
Miguens cuestionó con dureza las políticas implementadas por el Ejecutivo porteño. "En los últimos dos años, hemos visto un abordaje punitivo, estigmatizante y discriminativo. Incluso hubo publicaciones en Instagram del propio jefe de Gobierno mostrando cómo sacan a la gente que vive en la calle, en un marco de ‘orden y limpieza’, como si esas personas fueran cosas", denunció.
Además, según datos oficiales del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, las denuncias por violencia institucional contra personas en situación de calle crecieron un 128% entre 2023 y 2025. El informe del CELS refuerza esta tendencia a partir de entrevistas realizadas con quienes atraviesan esa situación: maltratos, expulsiones, persecuciones y hostigamiento son las situaciones más comunes.
Casi 12.000 personas sin techo en la Ciudad
En paralelo, un censo presentado por un grupo de ONG y organizaciones sociales a fines de junio reveló que en la Ciudad de Buenos Aires viven actualmente 11.892 personas en situación de calle. Se trata del Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, elaborado con una metodología rigurosa que incluyó tres días de relevamiento y entrevistas presenciales.
La cifra representa un crecimiento sostenido en los últimos años: en 2017 se habían contabilizado 3.560 personas; en 2019, 7.251. Ahora, tras la pandemia y en medio de un contexto económico adverso, el número casi se duplica. Además, se detectó un aumento de adultos mayores y personas con problemas de salud mental en esta situación.
Recortes presupuestarios y paradores saturados
Aunque el Gobierno de la Ciudad destinó recientemente un aumento de presupuesto a los paradores —centros que ofrecen cama, ducha y comida— desde el CELS advierten que se trata de una respuesta insuficiente. "Las situaciones de malos tratos se reiteran y muchas personas terminan expulsadas de estos dispositivos", afirmó Miguens.
Además, cuestionó el cierre de organismos clave a nivel nacional. "El Estado nacional ha eliminado secretarías y organismos públicos que atendían estos temas, mientras intenta cerrar el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), que financia obras en barrios populares", denunció.
DCQ/ML
---------------------La vida en riesgo: personas en situación de calle
Sólo en la ciudad de Buenos Aires viven 11.892 personas, según el tercer censo popular. La vida a la intemperie, la mala alimentación y la falta de atención agrava sus condiciones de salud. Necesitan mayor respuesta estatal pero el gobierno nacional se desentendió de las políticas de protección de estas personas. Esta semana hubo personas muertas en distintas partes del país y suman 63 en todo el año.
Cuando llegan las bajas temperaturas, las personas que viven en la calle sufren situaciones mucho más críticas de las que ya padecen habitualmente. Muchas de ellas, además, tienen condiciones de salud delicadas que las vuelven más frágiles. Según el 3er censo popular realizado en la ciudad de Buenos Aires, viven dentro de la avenida General Paz 11.892 personas. En esta ciudad y en distintas provincias del país se incrementó la cantidad de muertes por la ola de frío y ya suman 63 desde comienzo de este año. En este momento en que necesitan una mayor ayuda estatal, el gobierno nacional decidió desentenderse de las políticas públicas que sirven para asistirlas, y derivó esas tareas a lo que puedan hacer las autoridades locales.
Miguel Antonio Villagra (67) murió el lunes 30 de junio en la Plaza 1º de Mayo, en el centro de Paraná. La organización que le llevaba comida denunció que el día anterior le pidió a las autoridades del municipio la intervención de una ambulancia para que fuera a buscarlo. Pero nunca tuvo respuesta. En Mendoza, Juan Leiva (51) murió en el hospital luego de estar internado por problemas respiratorios, agravados por el frío extremo. El 12 de junio, un hombre de unos 55 años fue encontrado muerto por la mañana temprano, probablemente falleció durante la noche, mientras dormía a la intemperie en la puerta del Hospital Fernández.
A través del decreto 373/25, el gobierno de Javier Milei modificó la ley que protege los derechos de las personas en situación de calle (27.654) y deslindó la responsabilidad del Estado nacional: pasó la responsabilidad total de la gestión a cada provincia. El Ejecutivo solo supervisará y, eventualmente, podrá financiar las jurisdicciones locales que lo necesiten. Esto limita los alcances del abordaje y el tratamiento coordinado para los diferentes distritos.
Estar a la intemperie, sufrir violencias físicas, no poder acceder a los servicios de médicos ni a un lugar donde dormir por falta de vacantes, más la mala alimentación, generan más dificultades para resistir el frío y agravan las condiciones de salud previas. La falta de políticas para abordar estos problemas de forma integral pone a las personas que no eligen vivir en la calle, pero que están allí por un entramado de abandonos y precariedad, en situaciones cada vez más críticas y con muy pocas expectativas de que eso cambie. El año pasado murieron 134 personas en todo el país, 28 de ellas en CABA. En lo que va de 2025, en esa Ciudad ya hubo 13 muertes.
En la ciudad de Buenos Aires aumentaron las situaciones de maltrato hacia personas en situación de calle por parte de agentes porteños: les quitan sus cosas, las echan de los lugares, las someten a requisas irregulares, a violencia física y verbal, a detenciones arbitrarias. Es un cambio preocupante desde 2024 en adelante, de abordar problemas sociales en términos de “orden y limpieza”.
Las personas que están viviendo a la intemperie están expuestas a todo tipo de vulneraciones. Es imprescindible que las políticas públicas sean pensadas con respuestas interdisciplinarias, que actúen ante la emergencia y que contemplen que la estigmatización y la criminalización solo aumenta el problema.