Observatorio Metropolitano

Las lluvias de la semana pasada dejaron en evidencia que la lógica libertaria no contempla la resistencia del sector privado a hacer la infraestructura “socialmente deseable”, como pregona Milei. Cenital

La lógica libertaria sostiene que los mercados son eficientes asignando recursos. Tal como sostuvo Friedrich Hayek en su famoso artículo de 1945 “El uso del conocimiento en la sociedad”, los precios actúan como señales que condensan toda la información disponible acerca de esos productos (costos, preferencias, escasez, entre otras), permitiendo que cada persona tome decisiones individuales pero que, al final del día, terminan siendo consistentes entre sí. Por eso, defiende al mercado como un mecanismo superior a cualquier planificación gubernamental para asignar recursos en sociedades complejas.

A simple vista, suena razonable. Si algo no es rentable, entonces no sería producido ni deseable para la sociedad. El tema es que, precisamente, rentabilidad privada y beneficio social no siempre van de la mano. Ahí es donde aparecen las famosas “fallas del mercado”. Esto engloba a diferentes casos en los que la provisión privada de bienes falla por algún motivo.

Fallas de mercado

Uno de los más conocidos son las “externalidades”, que ocurren cuando una actividad tiene un impacto (positivo o negativo) en un tercero, el cual no está internalizado en el precio. Un ejemplo típico es la contaminación. La producción de muchos bienes genera un impacto ambiental (que afecta negativamente a toda la sociedad), pero que claramente no está internalizado en el costo de producción de la empresa. Eso lleva a que esos costos no los pague la fábrica ni el consumidor final, sino que los absorbe la sociedad. Así, la actividad aparece como rentable para la empresa, pero es ineficiente desde el punto de vista social porque no se están contabilizando todos los daños que genera.

Otro caso típico que calza perfecto como contra-argumento para rebatir la idea de que si un bien no es provisto por el mercado no es socialmente deseable es la provisión pública de vacunas (algo que, dicho sea de paso, también estuvo muy presente durante la pandemia frente a la posición “antivacunas”).

Cuando una persona se vacuna, no solo se protege a sí misma: también reduce la circulación del virus y protege indirectamente a los demás. A ese efecto se lo llama «inmunidad de rebaño». El problema es que ni la empresa ni el consumidor pueden cobrar por ese beneficio extra que reciben los terceros. Entonces, el precio de mercado no refleja todo el valor que genera la vacunación, y por eso se produce y se consume menos de lo que sería óptimo desde el punto de vista social. Veamos por qué.

Estos dos tipos de comportamientos son racionales desde el punto de vista individual, pero si los llevamos al extremo nadie se vacunaría. Esto genera una falla de coordinación que solo una política pública (obligatoriedad y/o gratuidad) puede resolverla.

La ejecución de la obra

El caso de las inundaciones también es un buen ejemplo. Según un trabajo del Banco Mundial realizado en 2016, las inundaciones son una de las amenazas climáticas más frecuentes de la Argentina y representan un importante desafío de desarrollo, que tiene impactos ambientales y socioeconómicos considerables. Además, alrededor del 28 % de los argentinos todavía viven en zonas propensas a sufrir inundaciones. En dicho trabajo, se enfocan en el impacto que tenían las inundaciones provocadas por el desborde del Arroyo Maldonado, estimando una pérdida de USD 30 millones por año por los daños ocasionados.

Ahora bien, si la obra evidentemente es deseable, ¿por qué no la llevó a cabo una empresa privada? La primera cuestión que es importante aclarar, porque ya me imagino lo que alguno puede estar pensando, es que estamos hablando de quién toma la iniciativa de llevar a cabo la obra, no de quién la ejecuta.

La decisión de realizar una obra pública como el aliviador del Arroyo Maldonado depende de evaluaciones que el mercado no puede hacer. El beneficio principal –la prevención de inundaciones– es extremadamente difícil de monetizar directamente. ¿Cómo podría una empresa privada cobrar por «no inundarse»? ¿Le enviaría una factura mensual a cada vecino por la ausencia de daños?

Esto refleja un gran problema para una empresa privada, conocido como la dificultad de “no exclusión”, es decir, la empresa no cuenta con mecanismos prácticos para impedir que una persona se beneficie de la obra, aunque no haya pagado por ella.

Imposibilidad de exclusión

Esa imposibilidad de excluir hace que una empresa privada no pueda cobrar de forma efectiva por el servicio, porque nadie aceptaría voluntariamente pagar si puede disfrutarlo gratis. Este tipo de comportamiento, donde algunos se aprovechan del resto, se conoce como “free-rider” (que no tiene una traducción buena, pero sería algo así como un polizón que viaja gratis a expensas del resto).

Unas semanas atrás, en la entrevista que le hizo Alejandro Fantino, surgió un ejemplo similar y la respuesta de Javier Milei fue que “el puente lo podría hacer la gente sola”. Aun si fuera posible lograr coordinar a tantas personas para decidir las condiciones del proyecto, contratar a la empresa y supervisarlo, seguiría existiendo el problema anterior: habría un incentivo muy grande a no querer pagar, dado que uno se beneficiaría igual si no paga y la obra se lleva a cabo.

Lo paradójico es que, en muchos de estos casos, la intervención del Estado no aparece por capricho ideológico, sino porque simplemente no hay nadie más que pueda o quiera hacerse cargo. La vacunación masiva, las obras hidráulicas o la pavimentación de rutas que no son rentables para una concesión privada no se hacen solas. Tampoco se resuelven con teorías abstractas sobre señales de precios o con apelaciones voluntaristas a la organización vecinal. La idea de que solo lo que es rentable es socialmente deseable entra en problemas cuando llueve y la ruta, el puente o el drenaje que nadie quiso hacer porque no era “deseable” empieza a faltar. Entonces, ya no hay mercado que alcance. Ni Hayek que lo explique.