LA NACION | SOCIEDAD | Mauricio Giambartolomei | 9 de mayo
Así como lo hicieron agrupaciones ambientalistas que rechazaban la incineración como alternativa al tratamiento de la basura generada en la ciudad y el área metropolitana, el Gobierno porteño había alertado sobre los riesgos de utilizar esta técnica antes de pedir a la Legislatura que la habilitara, mediante la modificación de la ley de Basura Cero aprobada el jueves pasado. La diferencia, según fuentes oficiales, es que la nueva norma admite la combustión de residuos sólidos urbanos mediante la termovalorización, es decir, con recuperación de energía con los estándares más altos de calidad.
Hasta ayer a la mañana estaba disponible en la web del Ministerio de Ambiente y Espacio Público un compendio con 14 preguntas y sus respectivas respuestas sobre el manejo de los residuos porteños, unas 6700 toneladas diarias. "¿Por qué no a la Incineración?", era uno de los interrogantes, y en la explicación oficial se detallaban los riesgos de la quema de basura.
" Las plantas de incineración emiten miles de sustancias químicas tóxicas que dañan la salud: metales pesados como mercurio, cromo, cadmio, arsénico, plomo y berilio; hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs); bencenos clorados; naftalenos policlorados; compuestos orgánicos volátiles (COVs); gases ácidos como óxidos de azufre; dióxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico; gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, entre muchas otras", resaltaba el documento que, luego de que tomó estado público, fue dado de baja de la web oficial.
"Argentina firmó, junto a otros 90 países, un acuerdo internacional (Convención de Estocolmo, 2001) para eliminar del planeta los compuestos muy tóxicos que son especialmente emitidos por los incineradores de residuos", agregaba.
La termovalorización, o incineración con recuperación de energía, es la opción que se analiza para el tratamiento de los residuos Fuente: Archivo - Crédito: Aníbal Greco
Consultadas por LA NACION, fuentes oficiales diferenciaron: "La incineración es una quema a granel sin selección ni recuperación previa, sin tratamiento de los gases, sin filtros, sin control de emisiones y sin recuperación de energía". Y agregaron: "Lo que se habilitó ahora fue la termovalorización, una técnica utilizada en todo el mundo. La termovalorización considera al residuo como un 'recurso', es un sistema integral de tratamiento de residuos, con máxima valorización y mínimo descarte. Es la recuperación de energía, ya sea producción de energía renovable o recuperación de calor y electricidad, a partir de los residuos domésticos residuales y no reciclables", aclararon desde el Gobierno.
En efecto, al defender la modificación de la ley de Basura Cero, el ministro Eduardo Macchiavelli sostuvo que las plantas por instalarse garantizarán mediante un triple proceso de filtrado la reducción a cero de las emisiones.
Sin embargo, el documento online también hacía referencia a la incineración con recuperación de energía: "Es una opción riesgosa de gestión de residuos, ya que genera emisiones de sustancias tóxicas que afectan al ambiente y a la salud de la población, es un derroche de recursos y una modalidad ineficiente de recuperar energía y reducir emisiones de gases de efecto invernadero". Las fuentes no respondieron al ser consultadas sobre esta supuesta contradicción.
Las preguntas del documento que se referían a incineración y termovalorización con recuperación de energía Las preguntas del documento que se referían a incineración y termovalorización con recuperación de energía.
Información retirada
Ayer, agrupaciones de cartoneros hicieron circular el contenido de la web oficial que horas más tarde fue retirado "por razones de actualización", de acuerdo a la explicación oficial. Junto a los ambientalistas, los recicladores fueron los que mayor rechazo plantearon ante la posibilidad de una nueva ley que podría poner en riesgo una fuente de trabajo que depende de la reutilización de la basura.
En la ciudad de Buenos Aires hay doce cooperativas de recicladores urbanos que funcionan con la logística aportada por el gobierno porteño, que pone a disposición las plantas y los camiones para trasladar la basura. Son, en total, 6000 los cartoneros que trabajan en las cooperativas y cobran un subsidio mensual de entre $5000 y $9000. Hay, además, otros 2000 que no forman parte del circuito formal. En promedio, cada uno recicla hasta 100 kilos diarios de basura.
El peligro de perder empleos fue subsanado con los cambios introducidos en el texto, hasta minutos antes de la votación de la ley, entre los que aparece la prohibición de incinerar los materiales reciclables, modificación agregada para resguardar los empleos de los trabajadores.
En todo el mundo hay activas más de 2000 plantas de termovalorización, 500 de ellas en Europa, y el modelo que predomina es la explotación privada con un contrato de operación de entre 20 y 30 años; en algunos casos el manejo está a cargo del Estado. Las empresas de energía eléctrica y las de gestión de residuos, formando una Unión Transitoria de Empresas (UTE), son las encargadas de la operación privada que deben garantizar la tecnología y la gestión de las plantas. Algo similar ocurriría en la ciudad.
A diferencia de la generación de energía eólica o solar, la termovalorización permitirá operar las 24 horas de los 365 días del año porque no dependerá de factores climáticos. La cantidad de energía producida estará ligada a las toneladas de procesamiento y al poder calorífico. Para el área metropolitana se proyectan tres plantas con una capacidad de 2000 toneladas diarias, capaz de generar, juntas, hasta 185 megavatios/hora, similar al consumo constante durante un mes de una población estimada de 1.200.000 habitantes.
Además de habilitar la termovalorización, la modificación de la ley de Basura Cero estableció nuevas metas de reducción de disposición final de residuos en un escenario que se agrava con el paso del tiempo y con predios que colapsarán en cinco años. La norma votada en 2005 estableció que la disminución de residuos enviados a rellenos sanitarios debía ser de un 30% en 2010, de 50% en 2012 y de 75% en 2017, tomando como base los niveles enviados a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) durante 2004 (1,5 millones de toneladas). La reforma aprobada prevé el 50% para 2021, el 65% para 2025 y el 80% para 2030, sobre la base de los niveles de 2012 (2,2 millones de toneladas).