Santiago Brunetto. 26/11/2021. Página 12
La rezonificación de Costa Salguero para su privatización, el barrio de lujo del Grupo IRSA en Costanera Sur y las once torres a construir en ocho barrios de Buenos Aires volverán este viernes a la Legislatura en un paquete inmobiliario impulsado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. El oficialismo porteño ya dejó atrás la campaña electoral y, apurado por el recambio legislativo --no perderá la mayoría, pero sí algunos legisladores--, convocó para este viernes a reunión de comisión para tratar los tres proyectos más cuestionados por la ciudadanía en materia de desarrollo urbano: todos recibieron un masivo rechazo en sus respectivas audiencias públicas. Vamos Juntos (VJ) ya aprobó las tres iniciativas en primera lectura, por lo que buscará darles aprobación definitiva antes de fin de año. La oposición denuncia que el GCBA "pretende esconder" el debate y las organizaciones que trabajan en defensa de las tierras públicas advierten que "vuelve a ignorar la decisión ciudadana".
"Navidad inmobiliaria"
Era un secreto a voces desde el inicio del año legislativo: el oficialismo porteño esperaría que transcurrieran las elecciones para insistir con la ley de rezonificación de las 32 hectáreas del conjunto Costa Salguero - Punta Carrasco. Entre noviembre de 2020 y enero de 2021, la iniciativa recibió un rechazo inédito, cuando más de dos mil ciudadanos y ciudadanas porteñas se manifestaron en contra en la audiencia pública más masiva de la historia, con 7.053 inscriptos. Desde entonces, VJ mantuvo el proyecto parado y la Justicia declaró la inconstitucionalidad de la otra ley que atañe a esos terrenos, la que habilitó al GCBA a privatizarlos. Pasó el triunfo de María Eugenia Vidal, pasó la campaña, volvió el proyecto Costa Salguero, pero no lo hizo solo.
Este miércoles los legisladores amanecieron con la citación de la Comisión de Planeamiento Urbano para reunirse el viernes a las 10 de la mañana. Además de la rezonificación de Costa Salguero, el oficialismo porteño incluyó, tras su paso por audiencia pública --más de 800 rechazos contra 15 apoyos--, el "Convenio Urbanístico" que firmó con IRSA para construir un barrio de torres de lujo en las 71 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. También incorporó al temario el paquete de once convenios que habilita excepciones de alturas, de capacidad constructiva o de usos al Código Urbanístico (CUR) para que diversos desarrolladores puedan construir torres en ocho barrios de la ciudad. El oficialismo buscará aprobar los proyectos en las pocas sesiones que quedan antes de fin de año.
"A la manera del viejo Concejo Deliberante, Larreta pretende esconder decenas de excepciones inmobiliarias votándolas en diciembre. Y en la misma sesión aprobar el barrio cerrado de IRSA en Costanera Sur y las torres en las tierras públicas de Costa Salguero. En una sesión se lleva puestas 100 hectáreas de la ciudad y la calidad de vida de los porteños mientras transfiere miles de millones de dólares a los grandes desarrolladores", aseguró a Página 12 Matías Barroetaveña, legislador del Frente de Todos (FdT).
"El oficialismo porteño y sus aliados políticos vuelven a demostrar que sostienen el proyecto que el PRO impulsa hace más de una década: una ciudad elitista, para pocas y pocos, que expulsa a las clases medias, a las y los trabajadores", afirmó el legislador Santiago Roberto (FdT), y agregó que desde el inicio de la pandemia el GCBA "es coherente con su convicción política: avanzó con negocios inmobiliarios, beneficiando a las grandes constructoras, mientras se negó a asistir a los trabajadores, a las pymes y a las cooperativas de nuestra Ciudad."
“La Legislatura prepara una nueva navidad inmobiliaria", sostuvo en este sentido Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC). "La gobernabilidad de la ciudad, basada en la connivencia entre el poder económico y el poder político, vuelve a ignorar la decisión ciudadana. ¿Cómo podemos explicar que luego de haber sido miles quienes, en las bicicleteadas, los festivales y las audiencias públicas le dijimos que no a los mega emprendimientos inmobiliarios en la Costanera, el GCBA despachará para su aprobación definitiva la construcción de mega torres?", agregó María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la UBA.
El resultado electoral no es un detalle menor en el apuro oficialista. Aunque no perderá la mayoría de 30+1, sí es cierto que varios legisladores quedarán en el camino tras el triunfo que no alcanzó el famoso y ansiado 50 por ciento. De un bloque de 38 bancas, lo que en estas elecciones se presentó como Juntos por el Cambio pasará a tener 32 en 2022. A pesar del apuro, el recambio tampoco parece poner demasiado en riesgo la aprobación de proyectos en favor del mercado inmobiliario: de los seis legisladores que perderá el oficialismo, cinco van para el espacio de Javier Milei.
Costa Salguero
El caso de Costa Salguero es particular porque para su privatización hay dos leyes diferentes. En abril de este año, la Justicia porteña declaró la inconstitucionalidad de la ley "de origen", la que a fines de 2019 estipuló que el GCBA quedaba habilitado a vender esa tierra pública. La concesión del predio, a manos de la empresa Telemetrix desde hace 30 años, debía vencer en abril, pero en agosto, tras el fallo judicial, el GCBA la prorrogó hasta fines de 2022.
La Justicia declaró inconstitucional a esa norma porque el mecanismo de aprobación no cumplió con la doble lectura que establece la Constitución de la Ciudad para los proyectos que involucran enajenación de terrenos de "dominio público". En octubre de este año, la Cámara de Apelaciones ratificó la inconstitucionalidad -- al GCBA todavía le queda la instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)--, pero el trámite parlamentario de la rezonificación, paso necesario para la privatización, va en paralelo a esa ley.
La rezonificación estipula que en Costa Salguero se podrán construir diez bloques de edificios de hasta 29 metros de altura y de hasta 12 en Punta Carrasco. Fue por ese proyecto que se produjo la audiencia más masiva de la historia. "A pesar del 98 por ciento de rechazo de la audiencia pública, el GCBA ha decidido impulsar el mega emprendimiento inmobiliario", sentenció Baldiviezo, cuya organización presentó, junto con la actual portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, el amparo que derivó en la inconstitucionalidad de la ley de venta.
"Es increíble que ignoren audiencias públicas donde el 98 por ciento de miles de vecinos se opusieron a estos emprendimientos. Y además a los 50 mil porteños que firmaron la Iniciativa popular para que Costa Salguero sea un gran parque público", dijo Barroetaveña. A principios de este mes, el FdT y organizaciones sociales, políticas y ambientalistas entregaron más de 50 mil firmas en apoyo a la Iniciativa Popular que propone crear un parque público en esos terrenos. Al superar las 40 mil adhesiones, la Legislatura quedó obligada a debatir el proyecto cuando el TSJ termine de verificar una parte de las firmas. No parece casualidad que el oficialismo avance con la segunda lectura del proyecto de rezonificación antes de tener que tratar la Iniciativa Popular.
Costanera Sur
Vamos Juntos y sus bloques aliados aprobaron la primera lectura del convenio entre IRSA y el GCBA en agosto de este año. Fue después de una disputa judicial. El juez Guillermo Scheibler había frenado el trámite legislativo porque el proyecto no tenía estudio de impacto ambiental ni había pasado por audiencia antes de llegar al recinto. El fallo de otro juez, Luis Ammirato, habilitó a VJ a avanzar con la aprobación. El proyecto aprobado en primera instancia prevé cambiar los usos deportivos que aún conserva la ex Ciudad Deportiva a la categoría "alta mixtura de usos 4" del CUR.
En su página web, IRSA ya promociona los futuros "usos mixtos" del mega proyecto que denominó "Costa Urbana": "tiendas, oficinas, hoteles, clubes deportivos y de yates". Solo con el dictamen de comisiones, el grupo empresarial de Eduardo Elsztain celebró un aumento del 28 por ciento en sus acciones. El nuevo barrio incluye torres de lujo de hasta 145 metros de altura a construir en el acceso al río de Costanera Sur, frente a la Reserva Ecológica, humedal protegido internacionalmente, y el Barrio Rodrigo Bueno.
"También en la audiencia pública por Costa Urbana, el Nuevo Puerto Madero de IRSA, el 98 por ciento de las personas que participaron de la audiencia pública rechazaron perder de forma definitiva la Costanera Sur", recordó Baldiviezo. La audiencia se desarrolló durante 14 jornadas y finalizó el 8 de noviembre con más de 800 rechazos y solo 15 apoyos.
Once torres
Caballito, San Cristóbal, Colegiales, Palermo, Belgrano, Almagro, Villa Crespo y Núñez, son los ocho barrios donde el GCBA pretende habilitar once convenios para elevar las alturas de construcción permitidas por el CUR. "Estos convenios son un claro reflejo de que al gobierno de Larreta solo le importan los negociados y favorecer la especulación inmobiliaria", señaló Marina Caivano, coordinadora de La Defensoría de Laburantes. "El martes finalizó la audiencia por los convenios. La totalidad de las personas rechazaron esta política de someter la planificación a mero interés inmobiliario", indicó Baldiviezo.
"Si bien la participación es importante, al no ser vinculante la audiencia queda en un simple trámite formal y el resultado se verá este viernes cuando el oficialismo vote a favor de los convenios. Otra clara demostración de que no se escucha a les ciudadanes", agregó Caivano. El ODC, CLIC y la Defensoría lanzaron este miércoles el "Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos". "La democracia representativa está totalmente desvirtuada y distorsionada en la Ciudad, hacen falta más espacios que se organicen bajo el paradigma de la Democracia Participativa Ambiental", dijo Baldiviezo sobre ese lanzamiento.
También en el temario del viernes se incluyó un proyecto de "regularización de construcciones y obras llevadas a cabo en contravención", que la oposición catalogó como "blanqueo de obras". "Se va despachar un proyecto que beneficia a las grandes constructoras que incumplieron con el Código de Edificación, ya que realizaron obras o mejoras edilicias que superaron los cien metros cuadrados. Se le otorga facilidades de pago y hasta pueden financiar el 80 por ciento de las multas", advirtió Roberto sobre el proyecto.