20 de noviembre de 2020 | La Nación
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Luego de que el Gobierno lograra en la Cámara de Diputados darle media sanción al impuesto a la riqueza y a un proyecto que impide cualquier cambio de uso en el suelo que sufrió un incendio, sin distinguir si fue provocado o no, ahora el oficialismo tiene en la mira otro objetivo: avanzar con una ley sobre conservación y uso de humedales.
Según informó la Fundación Barbechando, que sigue los temas legislativos del agro en el Congreso, los diputados fueron citados hoy para abordar el tema en la Comisión de Recursos Naturales.
La iniciativa "establece un régimen penal y prohíbe las aplicaciones en esos sistemas. Además establece la restauración ecológica y los principios in dubio pro natura e in dubio pro aqua", según señaló la entidad.
De acuerdo a lo que informó Barbechando, si es aprobado en esta Comisión luego pasa a las comisiones de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda.
"Se prohíbe la aplicación de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y origen, incluyéndose las fumigaciones aéreas y terrestres en los humedales", indicó la entidad.
"Además crea un Inventario Nacional de Humedales, que estará liderado por la Autoridad Nacional de Aplicación con participación de equipos técnicos de organismos científicos y de gestión y de las Autoridades locales de las jurisdicciones", agregó.
Según precisó, ese "Inventario debe contemplar, al menos cuatro escalas o categorías espaciales: Regiones de humedales (nivel 1); Sistemas de paisajes de humedales (nivel 2); Unidades de paisajes de humedales (nivel 3) y Unidades de humedal (nivel 4)".
Para la moratoria, el ante proyecto establece que, entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales en el Ordenamiento Territorio, no se permitirá la realización de nuevas actividades ni la ampliación de las actividades existentes en los humedales. Asimismo, queda prohibida toda intervención en los humedales sin previa aprobación de la autoridad competente, de la evaluación de impacto ambiental", indicó.
También establece, entre otos puntos, la restauración ecológica y "recuperación de un ecosistema que ha sido dañado, degradado o destruido por acción de perturbaciones antropogénicas, con el propósito de restablecer las condiciones anteriores, su estructura y funciones naturales".
En este contexto, el proyecto fija penas de 2 a 6 años al que "envenenare, adulterare, incendiare, emitiere radiaciones o ruidos, arrojare contaminantes en el suelo, atmósfera o el agua, destruyendo o de cualquier modo dañando significativamente, en todo o en parte, humedales, cuando se encontraren legalmente protegidos". Si hay muerte de alguna persona el castigo será de 10 a 25 años.
Fuente: Fundación Barbechando