el Diario AR
Jonatan Baldiviezo
Antes de la pandemia se había planteado la necesidad de una planificación territorial y ambiental de ciudades y metrópolis. Ni Argentina ni el Área Metropolitana de Buenos Aires cuentan con un plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental.
En la Ciudad de Buenos Aires se inició la actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA). Por una parte, varios consejos consultivos comunales y cientos de colectivos aglutinados en la Coordinadora “La Ciudad Somos Quienes La Habitamos” consideran que las instancias de participación realizadas en el marco de esta actualización del PUA son superficiales o meramente formales.
Mientras el GCBA invita a la ciudadanía a la discusión del PUA, la Legislatura, a raíz de diversos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo e impulsados por los bloques parlamentarios oficialistas, aprobó una amnistía inmobiliaria para obras ilegales, una muralla de edificios en la Costanera, convenios urbanísticos, nueva regulación para Distritos Económicos (Paraísos fiscales), la venta de inmuebles públicos, actualizaciones al Código Urbanístico y de Edificación, etcétera.
Durante la pandemia, el GCBA continúo con las concesiones del Distrito Joven en Costanera Norte, la venta de predios del Parque de la Innovación, el gasto de más de $ 1500 millones para la nueva sede del Tiro Federal además de otorgarle 12 hectáreas de tierras públicas gratis por 75 años también en la Costanera.
Todas estas políticas, aplicadas al margen de la discusión del PUA, no sólo condicionan las distintas propuestas que se propongan desde la ciudadanía, sino que además dejan traslucir que la propia discusión es un simulacro mientras el GCBA avanza con una planificación no formalizada, basada esencialmente en la mercantilización de la ciudad y en la privatización de lo público.
Parte de esta estrategia incorpora en el discurso de los/as funcionarios/as del gobierno conceptos como sustentabilidad, inclusión, integración que no tienen correlato alguno con las políticas realmente adoptadas. Un ejemplo llamativo ha sido la nota publicada en este diario por el presidente del Instituto de la Vivienda (IVC), Juan Maquieyra, titulada “Debemos Construir la Ciudad del Poliedro”. El IVC es el principal organismo público en materia habitacional de la ciudad y, en esta pandemia, de los más cuestionados por su accionar.
Recordemos algunas situaciones durante la pandemia: las diversas protestas de familias realizadas por falta de agua durante semanas en Barrios Populares (por ejemplo, Barrio Carlos Mugica, Barrio Padre Riciardelli, Villa 21-24, Scapino) o por las deficiencias en la atención alimentaria. Las denuncias realizadas por colectivos como la Coordinadora por la Vivienda Digna por la ausencia de control del DNU 320/2020 que prohíbe los desalojos de las familias inquilinas. El desfinanciamiento del programa de créditos colectivos para viviendas puesto de resalto por la Federación de Cooperativas. Fue necesaria una orden judicial para que se elaborara un Protocolo de Actuación Frente a la Propagación del Covid 19 en Barrios Populares. La Encuesta de Seroprevalencia realizada por el propio GCBA determinó que el 42% de la población de los Barrios Populares se había contagiado frente al 7,4% del resto de la población porteña.
Según dicha nota se han implementado supuestamente tres políticas del Gobierno de la ciudad:
1. La supuesta “integración”
La población de las villas, actualmente, debe rondar las 400 mil personas. Es decir, 1 de cada 7 porteñas/os viven en villas de la Ciudad. Recién en 2016 el Pro decidió implementar una política de integración de los Barrios Populares.
El presidente del IVC afirma que se busca el consenso y democratizar las decisiones dando voz y voto a las familias de los barrios. En ninguno de los barrios en proceso de reurbanización (Playón de Chacarita, Villa 20, Rodrigo Bueno, Carlos Mugica, Ramón Carrillo, Villa 1-11-14) ha aplicado el consenso para la toma de decisiones. O acaso entienda por consenso la obligación de estar siempre de acuerdo con el gobierno. Y, si algo se logró, fue después de semanas, meses de protestas o reclamos. El eje de estos procesos consiste en incorporar estos territorios al mercado inmobiliario para que éste sea el encargado de reurbanizarlos.
La falta de transparencia e información son la norma en estos procesos. En relación con las obras de infraestructura, hasta el momento ningún hogar de estos barrios se encuentra formalmente conectado a los servicios públicos sanitarios. Varias veces se rehicieron obras de infraestructuras provisionales. Estos procesos de "reurbanización e integración socio-urbana" carecen de perspectiva de género, no garantizan mecanismos democráticos de participación ni la perdurabilidad de la integración social y urbana.
2. El conflicto Norte – Sur nunca resuelto
El presidente del IVC afirma que el desarrollo del Sur de la Ciudad fue otra de las prioridades estratégicas.
Esta política de Desarrollo está orientada a mitigar la desigualdad urbana entre el norte y el sur, entendida como la igualación del valor del m2 del sur con el del norte. Se avanza sin tener en cuenta los impactos sociales negativos del incremento del valor del m2 y sin adoptar políticas que los mitiguen e impidan procesos de gentrificación.
El barrio de La Boca es un ejemplo paradigmático. Es el barrio que actualmente tiene más desalojos en curso, pero también es el barrio que tiene más viviendas tapiadas.
Este desarrollo de la zona sur va acompañado de la política de distritos económicos (Audiovisual, del Deporte, De las Artes, del Diseño) que consisten esencialmente en paraísos fiscales. Las empresas beneficiarias no sólo gozan de una exención del 100% del impuesto a los Ingresos Brutos hasta el 2035 sino que también la sociedad porteña financia el 50% de sus inversiones.
Este Desarrollo también implica venta y privatización de tierras públicas. En los últimos 13 años se perdieron más de 150 hectáreas de espacios verdes en la Comuna 8 con la venta y concesiones de partes de los Parques Roca, de las Victorias, de la Ciudad, Indoamericano y del Autódromo. El segundo Pulmón verde público metropolitano de la Ciudad destruido.
3. Alquileres y emergencia habitacional
El art. 31 de la Constitución de la Ciudad establece que deben incorporarse los inmuebles ociosos a un uso efectivo en la ciudad. Varios proyectos de ley duermen el sueño de los justos en la Legislatura.
La Ciudad carece de política de viviendas sociales de alquiler. Las únicas viviendas públicas en alquiler social se pueden contar con los dedos de la mano y pertenecieron a proyectos concretos de gestiones anteriores como, por ejemplo, el proyecto de rehabilitación de la Manzana de San Francisco. En este caso, el GCBA decidió no continuar regularmente el proyecto y no renovó el contrato a las familias, que se encuentran en una situación de incertidumbre.
La solución habitacional actualmente propuesta consiste en paradores o subsidios habitacionales para familias que terminan alquilando piezas en hoteles precarios o viviendas hacinadas en las villas por el monto insuficiente con relación al mercado formal. Así, el gobierno perdió más de 5.000 demandas judiciales porque la justicia consideró que esta política violaba el derecho a la vivienda digna.
Año tras año el gobierno de la ciudad se opone a tratar la emergencia habitacional. Desde la década de los noventa, cada 10 años se incrementa un 10% la cantidad de familias inquilinas. Más familias necesitan mensualmente ingresos económicos elevados para garantizarse una vivienda mientras menos propietarios concentran más tierra urbana. No tiene interés de regular el mercado para frenar este proceso de inquilinización. Al contrario, vende grandes superficies de tierras públicas a unos pocos desarrolladores inmobiliarios, incrementando la concentración del suelo urbano.
En definitiva, la ciudad debe terminar con el marketing urbanístico que pretende ocultar las verdaderas dinámicas de exclusión, concentración y privatización. El camino es la democracia participativa real que impregne cada decisión gubernamental y no el mero discurso vaciado de verdad que ocultan prácticas patriarcales, autoritarias y expulsivas que violentan el Derecho a la Ciudad.