19/05/2023. Ámbito
En entrevista con C5N.com, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción advirtió que la alta inflación, la imposibilidad de redeterminar los costos a precio actual y las demoras en las aprobaciones amenazan con llevar al sector a un callejón sin salida.
La obra pública en el país atraviesa desde hace varios meses un momento crucial: la alta inflación, la imposibilidad de redeterminar los costos a precio actual y las demoras en las aprobaciones de las obras amenazan con llevar a empresas grandes, medianas y chicas del sector a un callejón sin salida.
En una entrevista con el periodista Carlos Pagura, de C5N.com, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, explicó los principales problemas que atraviesa el sector, en un combo que combina aumento acelerado de los precios de los insumos, esperas de hasta 10 meses para cobrar los contratos y el endeudamiento de las empresas a altas tasas para seguir funcionando.
"Todo parte de la escasez de dinero del Estado nacional y los provinciales, los problemas en las redeterminaciones de precios y las dilaciones de meses en las aprobaciones. Incluso haciendo actualizaciones mensuales no alcanza, porque la fórmula no representa la realidad. Los contratos así son inviables", describió.
Un escenario preocupante y un futuro que, frente a la falta de "caja" del Estado, aparece con pocas soluciones a la vista y podría llevar a la paralización total de obras y despidos masivos, en un sector que emplea a un universo de un millón y medio de personas.
Periodista: ¿Cuál es el principal impacto de la inflación?
Gustavo Weiss: La industria de la obra pública es la única que pone un precio en los contratos hoy y entrega el producto en 1, 2 o 5 años. En una economía inflacionaria, la única forma para tratar de mantener el valor del contrato es con una fórmula de redeterminación de precios. Porque al cotizar una obra se toma en cuenta el precio del cemento de hoy, del ladrillo de hoy, y cuando se compran o se paga la mano de obra dentro de un año los precios son distintos. Es una fórmula que con un 20 o 30 por ciento de inflación anual funciona razonablemente bien, pero funciona mal en épocas de alta inflación. Pero además la fórmula tiene un problema adicional y es que tarda un tiempo, dependiendo de las circunstancias y del tipo de obra, y el trámite puede durar cuatro, cinco o diez meses. Entonces si para que me reconozcan el valor del ladrillo que compré hoy pasan 10 meses para que lo facture y lo cobre, se torna totalmente inviable. El trámite y las demoras en las aprobaciones hacen que la economía del contrato se destruya.
P: ¿Qué obras son las más afectadas?
GW: El gobierno nacional tiene obras directas y otras por convenio con municipios y provincias, en ese caso ellas llevan adelante las licitaciones, se firma el contrato con ellos y el dinero lo envía la Nación. En esos casos hay más problemas burocráticos en la aprobación de las redeterminaciones porque intervienen más de una jurisdicción. Por el contrario, las obras de los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, están mucho mejor. Fundamentalmente porque una parte del dinero la pone el Gobierno pero la mayor parte esos organismos, que tienen otra “alcancía”.
P: ¿Cuándo comenzó a agravarse el problema?
GW: Empezó a empeorar en forma paulatina desde mediados del año pasado. Hasta entonces el flujo de dinero era ininterrumpido, nos pagaban bien y la inflación era menor. Existían problemas pero eran menores, incluso a veces nos pagaban antes del vencimiento de las facturas. Pero desde mediados del año pasado, y sobre todo principios de este, la inflación se disparó aún más y el problema de caja aumentó. Entonces los problemas de redeterminaciones de precios se agudizó y el flujo de pagos empezó a tener demoras. Hay que tener cuenta que con una demora de un mes, con esta inflación significa una pérdida de 8 o 9 puntos.
P: ¿Existe algún tipo de resarcimiento por las demoras?
GW: No, porque desde hace décadas que los gobiernos institucionalizaron como algo normal no pagar intereses, pese a que la Ley de Obras Públicas establece que cuando hay demoras se deben pagar intereses compensatorios. Si a una empresa le pagan 30 días atrasados le están sacando 8 o 9 por ciento de la factura y a 60 días el 18 por ciento. Así las obras se transforman en inviables.
P: ¿Qué tipo de empresas son las más afectadas?
GW: Todas, esto golpea a empresas grandes y chicas. La inmensa mayoría de las empresas del interior son pymes y las afecta el problema adicional del trámite de las redeterminaciones en las jurisdicciones, porque la mayor parte de sus obras son por convenio en el interior del país. Las pymes están muy comprometidas.
P: ¿Hablan con el Gobierno?
GW: Sí, tenemos un diálogo perfecto con el ministro de Economía, con el ministro de Obras Públicas, de Transporte. Ellos entienden la situación. Quiero aclarar también que hay un plan muy importante, el Gobierno le puso una impronta fuerte y se firmaron muchos contratos de obras públicas. Pero es cierto que los problemas son los que hay y la situación es compleja más allá de la buena voluntad del Gobierno para solucionarla.
P: ¿Existe alguna solución a corto plazo?
GW: Si el Gobierno quisiera, lo más viable sería que se pague el 90% cuando se presenta el cálculo con la fórmula y dejar un 10% para cobrar el momento de su aprobación, eso agilizaría mucho el problema del pago de las redeterminaciones. Aunque está claro que sería solo un paliativo, la problemática general es la alta inflación, la escasez y aumentos de los insumos y los problemas de caja. Es difícil pensar en que eso se solucionen a corto plazo, lo ideal sería que se estabilice la macroeconomía y se agilice todo el sistema, pero no va a ser fácil de conseguir.
P: ¿Cómo se estiman los probables aumentos en los costos?
GW: Cuando se cotiza una obra se analiza la proyección futura de los aumentos, pero esta suba tan fuerte de la inflación nadie la preveía. De hecho había una idea a mediados del año pasado de que podía bajar, incluso se arriesgaba que podía ser de un 3% mensual, y ahora estamos camino al triple de eso. Es muy difícil proyectar el futuro.
P: ¿El panorama podría agravarse?
GW: Hay muchas empresas muy comprometidas porque en su afán de continuar las obras se endeudan con el sistema financiero a tasas altas, se endeudan con los proveedores, y empiezan a tener mora en sus pagos o en los impuestos o cargas sociales. Si no se soluciona esto rápido muchas empresas estarán en problemas serios, como ya pasó en otras oportunidades. Es un sector con casi 450 mil empleados de la UOCRA, si sumamos los administrativas, técnicos y profesionales son unos 540 mil, y si tenemos en cuenta los proveedores que producen material para la industria es un universo de un millón y medio de personas.
P: ¿Este momento es un desafío extra en su rol como presidente de la Cámara?
GW: Es un momento serio. Las principales empresas de la industria me trasladan día a día su preocupación, y aunque desde la institución estamos realmente muy comprometidos con las cuestiones, en este contexto a veces tenemos pocas herramientas para brindar las soluciones.