Infobae Por Milton Del Moral
La propuesta prevé la “refuncionalización” de un predio de ocho hectáreas, en una ubicación estratégica del barrio de Palermo. Urbanistas e investigadores expresaron una posición crítica hacia el plan. La postura de la Policía Federal, que ocupa el predio hace 79 años
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para un cambio de zonificación de los polígonos delimitados por las calles Cavia, Chonino, Av. Casares y Av. Presidente Figueroa Alcorta, en un área de alta valoración inmobiliaria en el barrio porteño de Palermo. El texto del escrito lo define como “una zona de buena accesibilidad, que forma parte del eje norte de estructuración de la Ciudad, y que admite el desarrollo de equipamiento de escala urbana-metropolitana”. El predio de ocho hectáreas se articula en un corredor que atraviesa el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, la Plaza República del Perú y el Parque 3 de Febrero.
Actualmente se encuentra allí una de las propiedades más significativas de la Policía Federal. El predio del Cuerpo Policía Montada tiene en sus edificios la oficina de Interpol, la división antiterrorista, divisiones investigativas, la división Perros con ingreso por la calle Chonino –el nombre del ovejero alemán con estatus de héroe de la fuerza, en cuyo honor se celebra el Día Nacional del Perro–. Los actos y las ceremonias protocolares se celebran allí. Limita con el shopping Paseo Alcorta y con el Club de Amigos, se enfrenta al Jardín Japonés y les da la espalda a las vías del tren Mitre. Su ubicación es estratégica, codiciada y valorada por los emprendedores inmobiliarios. El Gobierno porteño postuló su venta o “refuncionalización”.
La propuesta se tratará el miércoles a las cinco de la tarde en una reunión conjunta de diputados con la Comisión de Planeamiento Urbano y Presupuesto en el Salón Perón del Palacio Legislativo. Ordena desafectar del uso y de la utilidad pública a los inmuebles comprendidos en este predio, dar por transferidas las superficies resultantes al dominio del Gobierno de la Ciudad, declarar innecesarios los dos polígonos principales y autorizar su disposición: las mismas terminologías que se usaron para postular la venta de los terrenos del ex Tiro Federal en el barrio de Núñez.
El proyecto de ley denomina el predio como Área U - “Complejo Cavia” y lo califica como un área destinada a la localización de equipamientos urbanos “para el desarrollo de usos mixtos, residenciales, culturales, diversión, recreativos, educativos, alojamiento, sanidad, urbanización parque, servicios y comercial, y la puesta en valor de los pabellones del ex Cuartel de la Policía Montada”. Precisa que el 60% de la superficie total será destinada a la cesión de espacio de uso público en cuatro de los seis polígonos discriminados y a la apertura de vías públicas. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte será el actor encargado de realizar la integración urbana y paisajística del conjunto con su entorno.
El polígono 1 y 2, los puestos a “disposición”, admiten edificios de perímetro libre. Mientras que en los 3, 4 y 5 solicitan el otorgamiento en concesión de uso y explotación de obra pública hasta cincuenta años a título oneroso. Dentro de estos polígonos se encuentran inmuebles con protección patrimonial designados bajo los nombres pabellón Picadero, pabellón de servicios médicos, pabellón de oficiales, guardia de prevención, pabellón de cocina y anexos y el edificio “La Boyera”, en la intersección de Av. Casares y Chonino, una torre de ladrillo construida en 1880 con establos y dependencias donde se guardaban los bueyes utilizados para los trabajos de mantenimiento de los parques linderos.
Las estructuras tienen valor arquitectónico e histórico calificadas bajo “Preservación Patrimonial”, por lo que admiten obras y acciones con grado de intervención bajo, aunque flexible. En los edificios se permitirá el uso comercial, educativo, de culto y recreación, alojamiento, sanidad, servicios y residencial. De acuerdo a la norma, los polígonos 4, 5 y 6 se convertirán en “espacios verdes y parquizados, destinados a uso y utilidad pública”. Y los polígonos 1 y 2 estarán disponibles a la tentación del mercado inmobiliario que, por ejemplo, invirtió 151 millones de dólares en la subasta de una parte del terreno del ahora ex Tiro Federal.
Los ingresos provenientes de la explotación de los edificios conservados, del bajo rasante del polígono 3 pensado para una playa de estacionamiento subterráneo y lo resultante de las ventas de las parcelas de tierra para inversores privados será destinado, según el artículo 18° del proyecto de ley, “al financiamiento de obras de infraestructura de salud y educación, transporte y servicios, equipamiento social, espacios públicos, vivienda social, promoción del alquiler social, reurbanización de barrios vulnerables, así como a las obras de infraestructura y servicios en el Área U - ‘Complejo Cavia’ y al financiamiento que pudiera ser necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17° de la presente (la relocalización de las dependencias de la Policía Federal)”.
En el fundamento de la ley, sin embargo, no se repite esta enumeración de potenciales destinos de lo percibido. En eso reparó la geógrafa urbana Paloma Garay Santaló. Los ingresos reducen su funcionalidad en el mensaje de justificación dirigido al presidente de la legislatura porteña, y se circunscriben al “financiamiento que pudiera ser necesario para la efectiva relocalización de las dependencias de la Policía Federal Argentina y el financiamiento de las obras de infraestructura y servicios en el Área U - ‘Complejo Cavia’”.
“Lo producido de la venta está justificado en los fundamentos de la ley, donde no se percibe un fin claro de cómo esta decisión va a beneficiar a todos los porteños. En los artículos enumera todas las buenas opciones, pero en los fundamentos queda claro que la venta va a pagar la misma urbanización del espacio. Y que en la ley no detalle dónde va a ser la relocalización de las dependencias también habla de la poca seriedad del proyecto”, manifestó la especialista. La disposición no les es indiferente a quienes hoy ocupan el predio. Una voz de peso en la Policía Federal le confió a Infobae: “Hay sorpresa y enojo a la vez por la situación. Estamos desde 1938 ahí, donde funcionan 30 dependencias de PFA, además de montada, y donde trabajan 2.400 policías”.
La visión de Garay Santaló es crítica. Sentó su posición desde la indignación y la incredulidad. La cataloga como una ley paradigmática que encrudece lo que interpreta como una política urbana de venta de tierras públicas brutal y descarada. “Por la escala del terreno que se pone en debate. Es casi tan grande como el Parque de la Innovación –puntualizó–. La tierra pública es un banco de tierras de donde conseguir recursos para escuelas, hospitales, centros de transbordo y equipamientos que el crecimiento de la población debería estipular y que acá no están contemplados.”
Cuestionó, a su vez, el principio de prioridades que establece el gobierno porteño: “No aparece clara la urgencia por urbanizar esas tierras ni un uso público prioritario. La generación de espacios verdes no sería en ese espacio una prioridad de la Ciudad. No hay proyectos de salud, educación u otros usos públicos de interés general. Los recursos generados no tienen un fin claro y en los fundamentos plantea los dos puntos más discutibles: que solamente pague la relocalización de la policía y la infraestructura de este desarrollo, por lo que a los porteños nos queda muy poco. El potencial es el entretenimiento, las viviendas de lujo, el desarrollo de un sector no prioritario. Bien podrían anclar esos recursos para la extensión de nuevas líneas subterráneas, pero deciden que se puede concesionar por cincuenta años el suelo del predio poniendo estacionamientos”.
“Todos los lineamientos urbanísticos para el resto de la Ciudad en esta ley se exceptúan, lo que concede un nivel de rentabilidad de la tierra extraordinario en condiciones de venta que son distintas a las del mercado. Hay una transferencia del sector público al sector privado para incentivar el desarrollo inmobiliario en condiciones muy favorables para el privado. Es una transferencia a los privados en condiciones excepcionales para un derrame que no se ve. Sino que no es más que una transferencia excepcional que plantea estímulos o beneficios poco materializables”, concluyó la urbanista.
“En la Legislatura están aprobando leyes donde ni siquiera los propios aliados del Pro acompañan. Eso no es ni consenso, ni transparencia, ni diálogo, ni bien común”, remarcó Paloma Garay Santaló. En ese mismo sentido, se expresó el presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Mariano Recalde. “En diciembre pierden los dos tercios de la Legislatura necesarios para vender las tierras de los porteños y porteñas, por eso están apurando los proyectos. Miren este caso: este terreno, ubicado en Brandsen 1481, todavía no se vendió y ya se están ofreciendo departamentos. A partir de diciembre y por decisión de la gente, no van a vender un metro cuadrado más”, remarcó.
No fue la única voz opositora que se pronunció contra el proyecto. La periodista, referente del Frente de Todos en la ciudad y ex candidata a vicejefa de gobierno del bloque kirchnerista, Gisela Marziotta expuso: “Rodríguez Larreta gestiona la ciudad como una inmobiliaria, pero no atiende los problemas estructurales de las porteñas y los porteños como la falta de vacantes. Sería adecuado que el uso de esos espacios fuera para la construcción de jardines maternales que tanta falta hacen, pero el proyecto habla de fines múltiples sin mayores especificidades de quiénes podrán licitar la compra o concesionar los espacios".
Según la justificación del proyecto, la propuesta es “abrir al uso público equipamientos obsoletos, mejorar las condiciones del espacio público, generar animación urbana y favorecer la accesibilidad peatonal”, como parte de lineamientos para la renovación de espacios urbanos estratégicos amparados en el Plan Urbano Ambiental. “Se considera que permitirá la refuncionalización de este predio, y será la herramienta que promoverá la materialización de un ámbito de atracción a escala urbana y metropolitana, para dinamizar y revitalizar el sector y su entorno”, argumenta el texto.
Para Luis Baer, investigador del Conicet y del Instituto de Geografía, “se trata de una política urbana de suelo en general, la parte de una saga de subastas compulsivas de inmuebles de la Ciudad”. Ensayó una posición detractora de la postulación de la ley y la contrastó con medidas urbanísticas de otras metrópolis del globo: “Cuando hay temas acuciantes en términos de políticas habitacionales o ambientales, las administraciones de ciudades capitalistas suelen hacer todo lo contrario de lo que hace el gobierno porteño. No se desprenden del patrimonio fiscal sino que proponen una gestión estratégica de los recursos del suelo: adquieren y tienen modalidades inteligentes para luego articular una política habitacional, ambiental o de desarrollo productivo. Eso es el contrapunto más fuerte que yo veo. Son políticas comunes de los últimos doce años, pero redoblado en los últimos cuatro. Es un sello propio de la marca Larreta".
El abogado urbanista Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), hizo énfasis en la lógica de privatizaciones en los últimos doce años de gestión: aseguró que, entre ventas y concesiones, se transfirieron desde el sector público al privado 473 hectáreas, el equivalente a 263 Plazas de Mayo. “En los años de gobierno del PRO, tanto Rodríguez Larreta como Mauricio Macri rompieron los récords de privatizaciones de tierras públicas en la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta privatizó incluso más hectáreas en cuatro años de lo que hizo Mauricio Macri en ocho. En este contexto es que se deben evaluar las privatizaciones de estos predios, que repiten la lógica de las privatizaciones anteriores, relacionadas con el sacrificio de espacios verdes. Este proyecto viene a rezonificar zonas que estaban destinadas a espacios verdes para otros usos. Nuevamente se cae en la idea infundada de la necesidad de privatizar predios, una lógica que está más orientada a negocios inmobiliarios y comerciales que a garantizar soluciones de problemáticas prioritarias como la emergencia habitacional y ambiental”.
A modo de reflexión, Baldiviezo incurrió en dos preguntas retóricas para cuestionar el proyecto de ley: “¿Quién tiene mayores facultades para hacer el financiamiento: un privado o el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone del Banco de la Ciudad como instrumento de financiación? ¿Por qué la tierra pública y la capacidad de modificación del planeamiento de la Ciudad y la normativa urbanística la tiene que capitalizar y usufructuar un privado y no la puede hacer el Estado?”.