Observatorio Metropolitano

La última edición del evento alentó a las ciudades a urbanizar asentamientos y aumentar la inversión en infraestructura. Qué dijeron sobre los espacios verdes en Buenos Aires y Rosario. Cenital

El 8 de noviembre terminó en El Cairo el Foro Urbano Mundial de Naciones Unidas, que en esta última edición hizo foco en una doble crisis. Las ciudades enfrentan eventos climáticos extremos y a sus habitantes les cuesta cada vez más resolver sus necesidades de vivienda, según resumió la nueva directora ejecutiva de ONU-Hábitat, la brasileña Anacláudia Rossbach.

“Los efectos del cambio climático se distribuyen de forma desigual en las zonas urbanas. Los más expuestos son también los que ya se enfrentan a desigualdades estructurales persistentes y crónicas”, dijo Rossbach. “Frente a las catástrofes, los asentamientos informales y barrios marginales, típicamente situados en áreas vulnerables desde el punto de vista ambiental y carentes de infraestructuras de protección, suelen llevarse la peor parte”.

Balakrishnan Rajagopal, relator especial sobre vivienda adecuada de la ONU, sumó la crisis habitacional al cuadro de situación: “Debemos empezar a reconocer, por fin, que la vivienda es un derecho humano”.

“No es una mercancía, ni una simple propiedad del Estado: es algo que da sentido y dignidad a la vida de las personas y les proporciona seguridad. Y esto también significa que tenemos que ser más honestos sobre los retos a los que nos enfrentamos a la hora de garantizar el acceso a la vivienda para todos”.

Recomendaciones concretas

Pero las cinco jornadas del World Urban Forum (WUF 12) dejaron más que diagnósticos. Además de las conferencias celebradas en el Egypt International Exhibition Center, a 20 kilómetros del centro histórico de la capital egipcia, ONU-Hábitat dio a conocer un nuevo informe sobre ciudades y acción climática con recomendaciones de política pública.

A lo largo de sus 373 páginas, sus autores proponen:

• Desarrollar planes de infraestructura más ambiciosos. “La acción climática, tal y como se viene aplicando en las áreas urbanas, no refleja la urgencia de la amenaza que supone el cambio climático”, dice el informe. “Para prevenir pérdidas y daños catastróficos se necesitan decisiones de inversión audaces, una fuerte reducción de las emisiones y ambiciosos planes de adaptación”. Para muestra, las postales del paso devastador de la DANA por Valencia. En Argentina, la situación es más que delicada: el gobierno de Javier Milei recortó la obra pública en un 74% y en su reemplazo prometió un modelo chileno que nunca vio la luz. Mientras tanto, gobiernos como el de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires hacen lo que pueden con lo que tienen.
• Evitar “parches” o planes parciales. En un mundo crecientemente urbanizado, las olas de calor, la subida del nivel del mar y las inundaciones están afectando mucho más a los habitantes de las áreas urbanas que a quienes viven en zonas rurales. Esta “urbanización de la exposición al cambio climático”, como lo denomina la ONU, implica que las ciudades deben situarse en el centro de la acción climática y que deben adoptar enfoques “integrales, proactivos que aborden las necesidades colectivas de sus poblaciones, más que acciones aisladas que tal vez sin advertirlo puedan incrementar el riesgo en otras partes”. Como en El Eternauta, nadie se salva solo.
• Salir a buscar financiación. La ONU calcula que los gobiernos locales están recibiendo menos del 20% de la financiación necesaria para abordar la crisis climática. Frente a esto, el informe propone aliarse con otras ciudades para tomar deuda o profundizar estrategias como la emisión de bonos verdes (que Chile o la Ciudad de México utilizaron para expandir sus redes de metro).
• No reforzar patrones de desigualdad existentes. En muchos casos, las medidas de adaptación y mitigación encaradas por los gobiernos locales no atienden las necesidades de las poblaciones vulnerables, y hasta pueden empeorar su situación. “Por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza, como la apertura de nuevos parques, pueden terminar desplazando a los grupos de bajos ingresos o desatar un proceso de gentrificación verde si no se toman acciones para garantizar resultados inclusivos tras la intervención”, dice el reporte, y agrega: “El desarrollo de infraestructuras resistentes al clima puede agravar la exposición en otras zonas si se da prioridad a los barrios acomodados en detrimento de otras comunidades”.
• Arrancar por los barrios populares. “Las ciudades deben priorizar la inversión en infraestructura en comunidades desatendidas”, dice la ONU. Esto implica avanzar con programas de integración socio-urbana que mejoren los servicios críticos y desarrollen redes de transporte sostenible. Es también una forma de remediar una injusticia social: en términos ambientales, los barrios informales suelen emitir menos gases contaminantes que las áreas más desarrolladas, pero sus habitantes son quienes más sufren los efectos del cambio climático.

Sobre esto último, un dato de interés es que la ONU muestra como caso modelo la urbanización de la Villa 20 en Lugano, aprobada en 2017 e iniciada en 2020, a la que define como “un ambicioso programa multipartito de mejora participativa de los barrios”. Pero el futuro de este plan de éxito de Buenos Aires es, cuanto mucho, incierto. “Los referentes en las villas vieron frenado el plan de acción de la época de (Horacio Rodríguez) Larreta, al que en su momento criticaban y ahora extrañan”, escribió Werner Pertot en Anfibia. “Imaginan que los tiempos en las villas serán peores con Jorge Macri: observan que en lugar de urbanización, se retrocedió ocho años a la agenda de contención y asistencia que había en tiempos de Mauricio (Macri).”

Más espacios verdes

Un apartado especial del WUF 12 estuvo dedicado a los parques y plazas. “A lo largo de los últimos 30 años se observa un declive de los espacios verdes en las áreas urbanas alrededor del mundo, una tendencia que debe ser revertida dada sus implicancias para el clima”, dijo la ONU. En promedio, el porcentaje de espacios verdes en los centros urbanos cayó del 19,5% en 1990 a 13,9% en 2020, con la consecuente pérdida de biodiversidad y sus impactos sobre el calentamiento global.

“Esta tendencia no era en absoluto universal: aunque la mayoría de las ciudades han experimentado una reducción debido a la expansión urbana o a una planificación deficiente, algunas han conseguido aumentar su proporción de espacios verdes mediante políticas específicas como la restauración de manglares y la revegetación.”

¿Quiénes hicieron bien las cosas? Zúrich, con su Bachkonzept o política de iluminación natural de arroyos. O Seúl, con la restauración del arroyo Cheonggyecheon que transformó una autopista en un oasis urbano, algo que pude comprobar in situ cuando viajé a la capital surcoreana.

No es un privilegio del primer mundo: con el objetivo de controlar las inundaciones, la ciudad de Curitiba desarrolló 48 parques y reservas naturales y hoy ostenta uno de los mayores índices de áreas verdes de Brasil. Hasta Kigali, la capital de Ruanda, desarrolló hace algunos años una política bastante seria de ampliación de parques y espacios abiertos.

Las ciudades argentinas, en cambio, se fueron a marzo. Según cifras de ONU-Hábitat, en Buenos Aires, el espacio verde per cápita cayó de 64,8 m2 en 1990 a 25 m2 en 2020, mientras que la proporción de áreas verdes totales en la ciudad (públicas y privadas) pasó del 31% al 16%. A lo largo de estas tres décadas también disminuyó la proporción de áreas verdes en Rosario (22,6% a 14,5%) y San Juan (23,2% a 7,5%).

Si bien la cifra de espacios verdes por habitante no es la mejor manera de estimar la falta de verde en nuestras ciudades, es un acercamiento al problema. Incluso tomando los mejores indicadores –es decir, los que muestran el nivel de accesibilidad– la situación sigue siendo preocupante. Según datos de la Fundación Bunge y Born, el 25% de la población de menores recursos de la Ciudad de Buenos Aires carece de acceso a espacios verdes. En áreas del Gran Buenos Aires la situación es incluso peor.

¿Cómo remediar esta situación? Las opciones de intervención varían según la escala: desde plazas barriales hasta parques urbanos accesibles en transporte público y reservas naturales en las afueras. Necesitamos mucho más de todo eso.

Cómo financiar todo esto

El informe es claro. “No existe una única fuente que pueda proporcionar la escala y la velocidad necesarias para la financiación climática urbana. Las ciudades tienen que comprometerse estratégicamente con múltiples actores y aprovechar diversos instrumentos de financiación”, explican sus autores.

A nivel internacional existen fondos verdes (instrumentos financieros que se usan para apoyar la adopción de medidas en materia de cambio climático), pero además la posibilidad de pedir préstamos a bancos multilaterales de crédito o de conseguir fondos a partir de acuerdos bilaterales. También pueden sumarse iniciativas del sector privado, de ONG o de fundaciones.

Los proyectos que se ejecutan en el terreno pueden tener apoyo de gobiernos nacionales preocupados por los riesgos que supone la catástrofe climática (justo este parece que no). Pero incluso aquellas administraciones locales libradas a su suerte pueden (y deben) encontrar fuentes propias de financiamiento para encarar estas transformaciones. Además de impuestos a la propiedad y a la tierra, una gestión fiscal adecuada incluye mecanismos de captura de plusvalías, conocidos como land value capture.

El menú de opciones incluye tasas por infraestructuras, el desarrollo de bancos de tierras y un impuesto a las parcelas de tierra ociosa, que según el Banco Mundial es una de las herramientas que utilizan ciudades de todo el mundo, de Corea del Sur a Estados Unidos, “para gestionar el stock de suelo, desalentar la especulación y fomentar el desarrollo”.

En Quito, el gobierno vende derechos de constructividad adicionales (más alturas o mayor densidad) para incentivar la construcción energéticamente eficiente en áreas accesibles por transporte público. En poco tiempo se construyeron 35 nuevos edificios en zonas cercanas a centros de transbordo, mientras que la ciudad recaudó 10 millones de dólares para mejoras urbanas.

Hay, además, incentivos adicionales a nuevos proyectos que incluyan vivienda asequible, lo que permite abordar en simultáneo la doble crisis (habitacional y climática) de la que hablábamos al principio. No es cuestión de inventar la rueda sino de ponerla en marcha.

Federico Poore

Es magíster en Economía Urbana por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) con especialización en Ciencia de Datos. Cree que es posible hacer un periodismo de temas urbanos que vaya más allá de las gacetillas o las miradas vecinalistas. Sus dos pasiones son el cine y las ciudades.