El desmantelamiento del Fondo de Integración Sociourbana y el cierre de la Secretaría dejan más de 700 obras frenadas y afectan a cerca de cinco millones de personas en barrios populares. Miembros de la Iglesia y del ámbito académico advierten que no se trata sólo de viviendas inconclusas, sino de un retroceso estructural en la política urbana y en la cohesión social. El Auditor
viernes 13 de marzo de 2026
El desmantelamiento de la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU) -con el consecuente congelamiento del fideicomiso- reabre un debate que trasciende la coyuntura fiscal y que alcanza otra dimensión.
Según datos difundidos por elDiarioAR, más de 700 obras quedaron paralizadas, con impacto directo sobre alrededor de cinco millones de personas que habitan en más de 6.400 barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
Gustavo Carrara es arzobispo de La Plata desde diciembre de 2024, cuando lo nombró el Papa Francisco, y presidente de Cáritas Argentina. Se lo conoce como el primer obispo villero del país por su trabajo pastoral en asentamientos precarios, sobre todo en la Villa 11-14 del Bajo Flores. Según su mirada, el punto de partida es histórico e institucional: la política de integración no surgió como un programa sectorial, sino como resultado de un amplio consenso legislativo.
“Hubo acuerdo del PRO, los radicales, el peronismo y las fuerzas de izquierda para decir ‘es verdad, hay que darle estabilidad a estos barrios’”, recordó el origen del programa de integración sociourbana.
La Ley 27.453, prorrogada en 2022 por diez años, consolidó la integración sociourbana como política pública de Estado. El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) fue su herramienta financiera. Carrara subraya que el término y la idea superaron la lógica de la mera urbanización: “El concepto de integración sociourbana busca reconocer un protagonismo. Los grandes relevadores han sido los vecinos de esos barrios”.
Agua, cloacas y trabajo: lo elemental
El impacto inmediato del cierre no se reduce a obras inconclusas. Carrara insiste en que se trata de infraestructura básica: “Estamos hablando de agua potable y de electricidad segura. Son cosas muy elementales para que cualquiera viva con dignidad” .
En ese marco, destaca programas como “Mi Pieza”, orientado especialmente a mujeres jefas de hogar, que permitía ampliar viviendas y reducir el hacinamiento. La paralización implica, además, pérdida de empleo local: las empresas debían incorporar al menos un 25% de trabajadores de los propios barrios para esas obras.
Desde la perspectiva urbana, Jaime Sorín, arquitecto y ex decano de la Facultad de Arquitectura (FADU) de la UBA, coincide en que el FISU no era una política marginal. “Fue el emergente de todo un movimiento que permitió volver a poner en agenda qué estaba pasando con cinco millones de personas que vivían en barrios populares”, describe.
Para Sorín, “no es solo abrir calles y generar agua; es también generar puestos de trabajo”. Según él, el rasgo novedoso fue la incorporación activa de los propios habitantes a través de cooperativas.
¿Gasto o inversión?
Desde una lógica urbana, la paralización genera costos acumulativos. “Una ciudad con tanta desigualdad es una mala ciudad”, advierte Sorín. La falta de infraestructura formal -agua, cloacas, electricidad segura- no solo impacta en quienes viven en barrios populares, sino en el conjunto del sistema urbano. Esto puede redundar en mayor presión hospitalaria, menor escolaridad efectiva y expansión de economías ilegales.
El Gobierno sostiene que la decisión de cerrar la SISU responde a la necesidad de ajuste y a sospechas de irregularidades. Sin embargo, tanto Carrara como Sorín señalan que no se acreditaron casos de corrupción estructural. “El señor que estaba a cargo dijo públicamente que no había encontrado corrupción”, recuerda el arzobispo.
Sorín plantea la discusión en términos de política pública: “Toda la obra pública para este tipo de gobiernos es un gasto, pero en realidad es una inversión”. Y amplía: “La mejora de las condiciones de vida no puede considerarse gasto. Es inversión, como la educación o la salud” .
El riesgo de la fragmentación
Carrara introduce una dimensión institucional clave: la tensión entre un Estado reducido y uno eficiente. “La pregunta es qué Estado queremos. Necesitamos un Estado inteligente y eficiente, que dialogue con la comunidad” .
En la misma línea, Sorín advierte que la integración es una política de “ida y vuelta”: “No puede funcionar bien la ciudad si hay un sector que está por fuera de su funcionamiento normal”. La consecuencia, sostiene, es un retroceso que afecta a todos: “No solo empeora el que vive mal, también al que está enfrente” .
El futuro de las ciudades
Más allá de la discusión sobre el financiamiento del FISU, el interrogante de fondo es qué impacto tendrá su paralización en el desarrollo de las ciudades argentinas. Las obras de integración sociourbana no estaban pensadas únicamente como políticas sociales, sino como instrumentos para ordenar el crecimiento urbano y reducir desigualdades territoriales acumuladas durante décadas.
Para Sorín, “las ciudades necesitan que estos sectores estén integrados, porque no puede funcionar bien un núcleo urbano si hay una parte que queda por fuera de su funcionamiento normal”.
Desde la mirada pastoral y territorial, Carrara subraya que, frente al freno de las políticas públicas, distintas organizaciones de la Iglesia continúan intentando sostener el trabajo territorial. “Desde Cáritas y las Cáritas diocesanas o regionales hay cosas que se siguen haciendo. Por ejemplo, se trata de continuar con el mejoramiento habitacional de algunas viviendas. Uno mantiene la esperanza haciendo lo que tiene que hacer”, afirmó.
En ese marco, el debate sobre el futuro del FISU trasciende el destino de un fideicomiso específico y abre una discusión más amplia sobre el modelo de ciudad que el Estado está dispuesto a construir y el rol que tendrá en ese proceso junto a las comunidades y las instituciones sociales.
El trabajo de la academia
Para Sorín, la discusión excede lo técnico: “La academia puede hacer propuestas, pero si no hay acompañamiento político es imposible”. La integración sociourbana, señala, requiere una política nacional sostenida. Sin ella, la universidad “da papeles”, pero no transforma la realidad.
Carrara, por su parte, sitúa el debate en términos éticos. “Hay cosas que pueden esperar: que alguien cambie de auto puede esperar, que alguien tome agua, no”.