Observatorio Metropolitano

En territorio porteño, la crisis habitacional se expande y afecta, de distintas formas, a todos los sectores de la población. Casi sin acceso a los créditos hipotecarios, con una escasa oferta de vivienda en alquiler, precios en dólares y el avance de los inmuebles temporarios en el mercado, la situación no da tregua a las familias y personas de clase media y media baja. Con otro alcance e implicancias, el impacto se siente también de manera brutal en los vecinos y vecinas de bajos recursos que ven imposibilitado el acceso a un derecho humano esencial.

En los últimos 10 años se redujo a la mitad la cantidad de hoteles y pensiones en la Ciudad de Buenos Aires. Casi el 45% tiene condiciones de hacinamiento y un 20%, hacinamiento crítico; un 40% opera sin habilitación y con graves deficiencias edilicias.

Se estima que alrededor de 38.000 personas residen de manera permanente en este tipo de establecimientos. Y un total de 80.000 si se sumaran aquellas que habitan conventillos e inquilinatos.

El relevamiento (sobre 91 establecimientos) fue realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, para el informe "Déficit habitacional en CABA". El estudio se llevó a cabo de manera presencial, lo que permitió acceder a datos de primera mano; no sólo relevar los hoteles, sino también hablar con residentes, propietarios y encargados de los establecimientos.

Entre otros datos, la Defensoría destacó en su informe una cantidad importante de hoteles cerrados, tapiados y a la venta. Como ocurre con las playas de estacionamiento o en los barrios de casas bajas, el ojo de los desarrolladores se posó en este tipo de edificios, de varias plantas, de principios y mediados del siglo pasado, sin protección patrimonial y casi siempre destinados a la demolición.

Según la EAH 2022 (Encuesta Anual de Hogares) de la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña, se estima que el 2,6% del total de viviendas en la Ciudad son hoteles, pensiones, inquilinatos y conventillos; en 2011 representaban el 5,3% del total de viviendas. Por su parte, el 1,6% responden a la modalidad hoteles/pensiones, concentradas sobre todo en el Area Central.

Déficit habitacional y lógica circular

"El déficit habitacional no podemos pensarlo aisladamente. Todo incide e impacta en las familias, muchas de las cuales terminan en la calle. Hay por un lado un desplazamiento y una expulsión que tiene que ver con lo que reveló el estudio sobre cómo se redujo la cantidad de hoteles/pensiones en la última década", dijo a Clarín el sociólogo Alejandro Lorences. Especialista en políticas públicas relacionadas con el hábitat urbano, elaboró este informe junto a un equipo de la Defensoría.

"Pero hay por otro lado, un rol del Estado que es determinante. Se trata de una lógica circular que no resuelve la problemática: la Ciudad otorga subsidios habitacionales a la gente en situación de calle y con este dinero las familias pagan un hotel. Es decir, que indirectamente el Gobierno porteño financia establecimientos que no están habilitados o se encuentran en condiciones de habitabilidad muy precarias. Y cuando las familias tienen dificultades para sostener el pago de las habitaciones, vuelven a la calle", explica Lorences.

La Defensoría recibe permanentemente denuncias sobre las deficiencias de funcionamiento, seguridad e higiene en los hoteles. Entre las irregularidades que se observan con mayor frecuencia, destacan: además de la falta de habilitación, instalaciones eléctricas precarias, conexiones de gas antirreglamentarias, falta de agua caliente, presencia de insectos y roedores, filtraciones y peligro de derrumbes.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Humano, en la actualidad hay 10.936 titulares de subsidios ("el 690" en referencia al número de decreto que creó el programa Atención para Familias en Situación de Calle). Reciben un monto promedio de $ 37.413. Puede llegar hasta $ 50.000 en casos de familias con cuatro o más integrantes.

Sin embargo, pese a la crisis y al aumento de gente en situación de calle (se incrementó un 34% entre 2022 y 2023, según los datos oficiales), los subsidios decrecen: se entregaban 23.000 en agosto de 2021. "Tienen un plazo de 6 meses, prorrogable por un año. Sin embargo, no se dan de baja por un tema de plazos, sino que se busca acompañar a las personas y a las familias hasta que logren alcanzar una autonomía", explican.

Volviendo al relevamiento, si bien los dueños o encargados de los establecimientos aseguran que aceptan niños, niñas y adolescentes (70%), desde la Defensoría entienden que podría ser un dato contradictorio: "Una de las quejas más habituales que recibimos es la dificultad que tienen las familias para alquilar habitaciones, debido a que prohíben el ingreso de menores", explicaron.

Esta dificultad enfrentan también en los paradores del Gobierno porteño. De los 27 Centros de Inclusión Social (tal el nombre verdadero) ubicados en la Ciudad, sólo uno acepta grupos familiares, el que está ubicado en Costanera Sur.

La Agencia de Control Gubernamental (AGC) es el organismo que interviene justamente en los controles de estas propiedades. "Son hoteles y la ley exige la inscripción de estos prestadores en el registro que maneja el Ente de Turismo, el área que es la Autoridad de aplicación de esta Ley", dijeron. Y ampliaron que la AGC no hace controles en propiedades ilegales.

En un país con altos índices de pobreza y una inflación desatada, cuesta imaginar una solución posible para esta crisis habitacional. Sin embargo existe un programa de "alquiler social" contemplado en la ley de alquileres que jamás se implementó; y está enfocado justamente a personas en estado de vulnerabilidad. Paula Celestino Ayala, directora de Hábitat para la Humanidad Argentina, destacó la importancia del relevamiento de la Defensoría, como "una herramienta de visibilización". Y reclamó la decisión política de avanzar hacia una solución, que entiende que es posible.

Hábitat para la Humanidad tiene en calle Hernandarias al 600, en el barrio de La Boca, un edificio de 9 departamentos en el que viven familias de bajos recursos, que lograron salir de la dinámica de precarización que imponen los hoteles. Firman contratos por tres años, con un subsidio escalonado que les permite a las familias el tiempo necesario para recuperar empleos e ingresos.

"Es necesario cambiar la mirada. Más que demostrar ingresos tenemos que entender que estas familias tienen capacidad de pago. Con changas, con trabajos muy precarios, aún con todas las dificultades, estas familias pagan. En los hoteles no tienen tolerancia, los echan a la calle si no pagan. En muchos casos, les cierran la puerta de la habitación y se quedan con sus cosas hasta que paguen. Es necesario darle una oportunidad a estas personas", reclamó Celestino Ayala. El proyecto de calle Hernandarias recibió múltiples premios internacionales.

El contexto país

La Ciudad no queda aislada de una problemática que atraviesa a todo el país. Recientemente Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), la organización Techo y ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) elaboraron un informe -Desafíos de la planificación territorial, el acceso al hábitat y la vivienda- que reveló la crisis habitacional en Argentina: entre otras cosas, que 1 de cada 3 hogares no cuenta con una vivienda adecuada, que 1.170.000 familias viven en barrios populares y más de la mitad de esa población no accede de forma regular a más de dos servicios básicos.

El informe refleja también el problema de la inquilinización: más de 2 millones de hogares alquilan. El porcentaje se incrementó un 4% entre 2010 y 2022, pasó del 16% al 20%. En AMBA el 32% de ellos destina más de la mitad de su salario al alquiler y el 60% asumen aumentos por fuera de la ley de alquileres.